Luis Irizarry Pabón: Refiere a exalcaldesa de Ponce a Justicia por pago de liquidaciones

El atropellado desembolso de más de medio millón de dólares en liquidaciones para los empleados de confianza se gestionó en secreto y a toda prisa durante las últimas horas de la administración de María Meléndez Altieri.

Foto: Archivo

La exalcaldesa de Ponce y recién electa delegada congresional a la Cámara de Representantes federal, María Meléndez Altieri, será referida al Departamento de Justicia de Puerto Rico por violaciones incurridas durante el atropellado desembolso de liquidaciones a su personal de confianza.

Como reveló el alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón, la esperada Auditoría Forense realizada por el contador público autorizado Juan Lorenzo Martínez Colón y la Oficina de Auditoría Interna Municipal confirmó que la administración de Meléndez Altieri desembolsó $596,286 en fondos públicos para pagar -a toda prisa- las liquidaciones de vacaciones y días por enfermedad de 18 de sus colaboradores más cercanos.

De esa suma, trasciende ahora que $67,396 fueron pagados de forma indebida, ya que carecen de justificación.

El apresurado desembolso de fondos públicos se gestionó el sábado, 9 de enero, fuera del horario laboral regular, sin notificación ni consentimiento de la administración entrante, y a 48 horas de que juramentara el nuevo alcalde.

El pago “fast track” de las liquidaciones fue divulgada en primicia por La Perla del Sur el pasado mes de enero.

El referido a Justicia, agregó Irizarry Pabón, incluirá también a varios de los funcionarios municipales que participaron del trámite.

“Entendemos que aquí hubo irregularidades y violaciones de ley”, puntualizó Irizarry Pabón, tras adelantar que los referidos podrían entregarse a Justicia tan pronto como esta semana.

“Esto (liquidaciones) se hizo a última hora y se hizo al escape. No se cumplió con los procesos y los cálculos no fueron los correctos”, aseguró.

“Esto se va a entregar al Departamento de Justicia, a la Oficina del Contralor y a la Oficina de Ética Gubernamental, porque entendemos que hay violaciones claras que deben ser atendidas por las tres agencias”, añadió.

Con las maletas llenas

De acuerdo al Informe de Pagos de Liquidaciones emitido por la Oficina de Finanzas y Presupuesto Municipal, entre los que recibieron generosas liquidaciones resaltan: la exdirectora del Departamento de Planificación y Desarrollo, Cándida León Ribas ($59,235); el exdirector del Programa Head Start, Javier Negrón Olivieri ($52,355); y la asistente de la alcaldesa, Jessica Nieves Soto ($43,818).

También la exdirectora de la Oficina de Ayuda al Ciudadano, Omayra Colón Pérez ($44,871); el exdirector del Programa WIA, Arnold Ramos Bocachica ($35,550); la exdirectora de la Oficina de Auditoría Interna, Magdiel Lugo Figueroa ($32,320); y el exdirector de Informática y Tecnología Carlos Colón Martínez ($31,149).

Según el documento, la liquidación de Meléndez Altieri totalizó $51,636.

Desde el pasado 1ro de julio, Meléndez Altieri adquirió el derecho a devengar un salario anual de $90 mil como delegada congresional, para cabildear por la estadidad para Puerto Rico en la capital federal. Estos pagos también son sufragados con fondos públicos.

Atropellada maniobra

El informe de auditoría forense revela además que la administración de Meléndez Altieri tomó medidas extraordinarias e irregulares para procesar y desembolsar las liquidaciones, previo al cambio de gobierno.

En uno de los hallazgos, se detalla cómo esa administración utilizó personal de apoyo de una empresa privada para modificar los accesos al sistema de nóminas y así gestionar el desembolso expedito de las liquidaciones.

“El sábado, 9 de enero de 2021, el Director de Finanzas en funciones solicitó al personal de apoyo de la compañía Rock Solid la modificación de los privilegios otorgados a las cuentas de acceso correspondientes a dos usuarios de la Oficina de Recursos Humanos, con el propósito de emitir el pago de liquidaciones”, precisa el informe.

“Los accesos y funciones solicitadas a ambas empleadas el sábado, 9 de enero eran incompatibles con sus tareas regulares”, abundó el auditor. “Además, dichas modificaciones no contaron con el consentimiento escrito del Director Interino de la Oficina de Recursos Humanos”.

“El Director de Finanzas en funciones utilizó indebidamente las cuentas de las dos empleadas para la confección de las nóminas de liquidación, así como la impresión de los cheques relacionados a estos pagos, con el pretexto de agilizar el proceso de los pagos”, puntualizó.

El informe incluso destaca que semanas previas a los pagos, la administración de Meléndez Altieri autorizó una cuantiosa transferencia de fondos entre cuentas, a espaldas de la Legislatura Municipal, para presuntamente viabilizar el desembolso.

“El 18 de diciembre de 2020, se autorizó una transferencia de crédito entre partidas presupuestarias por $1,399,450. Los fondos transferidos se utilizaron para aumentar los créditos de partidas de servicios personales y otras obligaciones estatutarias. No obstante, no se remitió a la Legislatura Municipal copia de la resolución para autorizar la misma”, añade el informe.

“La situación comentada impidió que la Legislatura Municipal mantuviera información actualizada de las transacciones fiscales del municipio y que pudiera pasar juicio sobre la necesidad y corrección de dichas transferencias”, agrega.

La movida, según el auditor, es contraria a los artículos 1.018 y 1.019 del Código Municipal.

El auditor también detectó irregularidades en la forma en que se emitieron y se manejaron los cheques de las liquidaciones. Asimismo, destacó que varias de las hojas de pagos especiales no contaban con las firmas del Supervisor de Nóminas y el Supervisor de la Unidad de Procesamiento de Datos.

“Los 18 cheques fueron entregados a una funcionaria sin mediar recibo alguno que evidenciara su entrega”, se advierte en el informe. “Dicha funcionaria no cuenta con una designación de pagadora en su hoja de deberes”.

El auditor también señaló que, para la impresión de los 18 cheques, no se utilizó la impresora asignada para este propósito, que cuenta con los elementos de seguridad requeridos y permite la impresión de caracteres con una tinta magnética especial.

En su lugar, el Director de Finanzas utilizó una impresora de uso común y no autorizada para emitir los cheques.

“Incompetencia fiscal”

Por otra parte, la auditoría forense reitera el grave descuido de las finanzas en la Casa Alcaldía durante los pasados 12 años.

“El Municipio de Ponce ha operado en déficit consistentemente desde el año 2009. En todos estos años, los gastos han sobrepasado los ingresos por cantidades millonarias”, afirmó el auditor.

“La mayoría de los hallazgos señalados fueron causados por la incompetencia, dejadez, falta de entrenamiento y falta de supervisión”, abundó.

Entre el 2009 y el 2020, la administración de Meléndez Altieri sumó $183.6 millones de deuda nueva, elevando la deuda a largo plazo del ayuntamiento a $588.5 millones para el 30 de junio de 2020, destacó el informe.

“Entre estas deudas se encuentran adelantos al Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales que totalizan $97.9 millones. Esta deuda con el CRIM afecta la liquidez futura del municipio, ya que el CRIM estará rebajando los intereses y servicio de esa deuda de las remesas que envía al municipio”, añade el informe.

Asimismo, la auditoria señaló que el total del déficit anual acumulado del ayuntamiento al 30 de junio de 2020 fue de $217 millones, toda vez que durante los pasados 12 años la administración municipal no amortizó adecuadamente las deficiencias operacionales.

“Esta auditoría demuestra que, desde el principio de la administración de Meléndez Altieri hasta su final, no supieron manejar los fondos públicos. La palabra que consistentemente utilizó el auditor fue ‘incompetencia’”, agregó Irizarry Pabón.

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