Liga de Ciudades dice Ley 29 no fue un rescate para municipios sino para el Gobierno Central

Alcaldes miembros de la organización aseguran que cumplieron ya con el pago a las pensiones de sus empleados.

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PONCE – La Liga de Ciudades, una organización sin fines de lucro creada para unir a los gobiernos locales en un esfuerzo no partidista con el fin de mejorar la calidad de vida del pueblo puertorriqueño, explicó, mediante comunicación oficial enviada a la Directora Ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, que ya cumplieron con el pago a los planes de pensión de sus empleados y que los pagos al sistema de salud son responsabilidad del estado, por lo que la responsabilidad de atender el impacto de la derogación de la Ley 29 le compete al Gobierno Central.

La carta se envió en respuesta a la comunicación enviada por la Junta de Control Fiscal con la ‘solución’ para atender el impacto de la nulificación de la Ley 29 a la Gobernadora de Puerto Rico, los Presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes y al Presidente de la Junta de Gobierno del CRIM.

La Liga de Ciudades declaró que no están de acuerdo con la solución dada por la Junta de Control Fiscal.  “Al análisis que completó la Junta de Control Fiscal para atender esta situación le falta contexto, razón por la cual llegaron a conclusiones incorrectas.  De otra parte “la nulidad de la Ley 29 aplica a todas las secciones, no solamente a las que están relacionadas a los pagos de pensiones y a las obligaciones de los pagos al sistema de salud”, sostuvieron.

Estipularon también que la Ley 29 no fue un rescate para los municipios, sino un rescate para el Gobierno Central y que por esta razón debe ser éste el que absorba la mayoría del impacto de su nulificación.  

Esto, ya que se debe “recordar que en la página 48 del Plan Fiscal 2017 del Gobierno de Puerto Rico, la eliminación del Fondo de equiparación provisto por el Gobierno (el mal llamado ‘subsidio’) se presentó con una ‘contrapartida’ de una nueva medida financiera que permitiría recaudar hasta $426 millones para cubrir la pérdida de $350 millones sufrida por los municipios. Los recortes de fondos comenzaron de inmediato, pero la nueva medida financiera prometida por el Gobierno (y aprobada por la Junta de Control) nunca llegó. Por esta razón, el Estado creó la Ley 29, para cubrir su incapacidad de proporcionar la nueva herramienta financiera que se incluyó en el Plan Fiscal aprobado por la Junta de Control.”

Asimismo, establecieron que “existe una clara tendencia en el tratamiento a los municipios, porque de la misma manera que el Estado y la Junta de Control solo quieren atender algunas de las implicaciones de la nulificación de la Ley 29, solo pretenden cumplir parcialmente con el contenido del Plan Fiscal.  Desafortunadamente, la parte con la que el Gobierno y la Junta de Control siempre olvidan cumplir es la que brinda alivio a los municipios.”

Añadieron que “fue el Gobierno, con su ineficiencia, el que mal manejó los fondos de las pensiones de los empleados municipales y es ese Gobierno el que ahora quiere poner el peso de sus errores sobre los hombros de los ya afectados municipios”. La Liga se reafirma en que los municipios ya cumplieron con la contribución a los planes de pensiones de empleados municipales y que los costos de los servicios de salud son una obligación del Gobierno Central, por lo que los municipios deben ser liberados de este pago y reembolso.

De otra parte, para La Liga es medular que la Junta de Control Fiscal entienda que los municipios no pueden ser vistos, o evaluados, como una entidad única a través del CRIM, y que en adición no son uniformes al tener diferentes características y situaciones. Brindar una solución generalizada no reconoce el contexto y la realidad de cada municipio. De otra parte, no se debe olvidar que los municipios son la primera respuesta de sus comunidades y la mayoría de las veces son los que asumen las responsabilidades del Gobierno Central sin los recursos fiscales que existen para eso.

“Estamos convencidos de que la conversación principal debe ser sobre la descentralización de servicios, con la transferencia de los recursos y responsabilidades correspondientes del Gobierno Central a los municipios”, comentaron.