Legislador radica querella contra abogado por presuntamente violar cánones

SAN JUAN – El representante penepé Urayoán Hernández informó este sábado que radicó una querella ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico contra el abogado y candidato popular a la Cámara baja Orlando Aponte por presuntamente violar varios cánones del Código de Ética Profesional de los Abogados.

Según alegó Hernández en un comunicado de prensa, Aponte cometió sendas violaciones a dicho código de ética, particularmente al canon 35 y al canon 38, “por haberse apartado de los estándares mínimos de conducto que un letrado debe seguir en su rol profesional”, detalló el legislador.

Las alegaciones de Hernández provienen después de que Aponte solicitara al FBI a que investigue al legislador, pues asegura que éste lleva a cabo “un patrón de aumentos de sueldos” a sus empleados y/o contratistas, según establece en una carta con fecha del pasado 21 de agosto y dirigida al FBI.

Por esta misma conducta fue que los legisladores penepés Nelson del Valle y María Milagros Charbonier fueron detenidos y acusados hace varias semanas.

Ante las alegaciones, Hernández -portavoz de la mayoría en la Cámara baja- explicó que radicó la querella contra Aponte “en la que se nos imputan una serie de hechos falsos, difamatorios, inflamatorios e improcedentes, a sabiendas de que eran falsos y que a su vez imputan la comisión de delitos graves”.

“Como parte de una campaña de descrédito, el licenciado Aponte Rosario presentó ante el FBI un referido de investigación sin ninguna evidencia que sustente sus alegaciones inflamatorias, difamatorias e improcedentes”, sostuvo Hernández.

De igual manera, aseguró que “en ninguna instancia presentó evidencia alguna que sustentara sus alegaciones” y que la solicitud ante la agencia federal la hizo “a sabiendas que las alegaciones eran falsas e insostenibles”.

“El querellado, a sabiendas de que sus alegaciones no estaban motivadas por fuente legal o pública alguna, decidió realizar un referido utilizando hechos falsos, conclusiones acomodaticias e imputaciones improcedentes. Lo que procede es una sanción severa por parte del honorable Tribunal Supremo”, afirmó Hernández.

“Nuestro norte debe ser elevar la discusión pública al más alto nivel de profesionalismo y honestidad. Apartarnos de esa norma para adelantar causas personales no puede ir por encima de lo que nuestro ordenamiento jurídico y el Tribunal Supremo ha establecido como los estándares de excelencia e integridad que deben regir la profesión legal”, puntualizó el legislador.