Contralor destapa más fallas en Ponce

La luz arrojada sobre un patrón de irregularidades en la Casa Alcaldía de Ponce ha dejado al descubierto más desviaciones de ley y casos de negligencia administrativa.

Como evidencia la más reciente auditoría de operaciones fiscales, la Oficina del Contralor ha identificado 14 violaciones a reglamentos y leyes de sana administración pública, incluyendo pagos de cheques sin fondos, contrataciones contrarias a la ley, sobrestimación de ingresos para justificar gastos excesivos, falta de controles administrativos y prestamos millonarios para pago de gastos recurrentes.

El voluminoso documento cubre el periodo entre julio de 2008 y junio de 2012 e incluye los últimos seis meses del mandato del exalcalde Francisco Zayas Seijo, además de la totalidad del primer cuatrienio de la incumbente María Meléndez Altieri.

“Las pruebas efectuadas y la evidencia en nuestro poder revelaron desviaciones de disposiciones de ley y de reglamentación en las operaciones relacionadas con la administración del presupuesto, la contratación de obras y de servicios profesionales, y el fraccionamiento de una obra”, describe el informe.

“Por esto, en nuestra opinión, dichas operaciones no se realizaron de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables”.

Incumple con Retiro

Entre otros señalamientos, la Contralora confirma la indeseada práctica de emisión de nueva deuda para cubrir el incumplimiento de pago a agencias y suplidores.

Esta práctica, denunciada en varias ocasiones por La Perla del Sur, ha profundizado el grave nivel del endeudamiento municipal.

Por ejemplo, Valdivieso consta que durante el año fiscal 2011-12, el ayuntamiento utilizó $7.1 millones en préstamos para pagar deudas contraídas por la administración de Meléndez Altieri entre los años 2009 y 2012.

Entre ellas figuraba una deuda acumulada de $2.1 millones con la Administración de Sistemas de Retiro (ASR) por incumplimiento en el pago de remesas y aportaciones deducidas al sueldo de miles de empleados municipales, en claro menosprecio a leyes vigentes.

“Esta situación se atribuye a que la Alcaldesa y la Directora de Finanzas y Presupuesto no administraron adecuadamente el presupuesto del Municipio. Además, la Legislatura Municipal no requirió que la administración de la Alcaldesa tomara las medidas adecuadas para incrementar los ingresos, antes de aprobar los empréstitos indicados”, concluye la Contralora.

Tan reciente como el pasado mes de febrero, La Perla del Sur reveló cómo el incumplimiento sistemático con los pagos a Retiro ha continuado, lo que elevó la deuda -hasta esa fecha- a $6 millones.

Confirmada la sobreestimación

La Contralora, además, confirmó un patrón de sobrestimación de ingresos por parte de la administración municipal para así justificar presupuestos desbalanceados.

De hecho, solo entre los años fiscales 2008-2009 y 2010-2011 el ayuntamiento ponceño sobreestimó sus ingresos en $30.81 millones.

Las deficiencias presupuestarias causadas luego fueron cubiertas con préstamos millonarios, en clara violación a la Ley de Municipios Autónomos y al Reglamento para la Administración Pública, concluyó la Contralora.

Pagó con cheques sin fondos

Por otra parte, la Oficina del Contralor confirmó que el desfalco fiscal ha llegado a tal nivel que la administración municipal incurrió en cargos y penalidades que totalizan cientos de miles de dólares, por pagar con cheques sin fondos.

Según describe el informe M-15-22, tres bancos reclamaron cargos por $402,447 debido a sobregiros en nueve cuentas bancarias.

“Los sobregiros en los fondos especiales ponen en peligro las asignaciones futuras para estos, afectan el crédito con los proveedores y pueden causar litigios ante los tribunales”, sentenció la Contralora.

Además, “ocasionan una reducción en los recursos económicos del Municipio, lo que afecta los servicios a la ciudadanía”.

Pagos irregulares a contratista

Asimismo, la auditoría revela que la administración de Meléndez Altieri también pagó $252 mil a una empresa privada para trabajos de inspección en la construcción del Paseo Lineal, sin que estuviera acreditada para realizar servicios profesionales.

Una revisión al Registro de Contratos del Contralor revela que se trata de Joma Design Group, una compañía de Adjuntas presidida por José H. Massol.

En julio de 2012, el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR) certificó que el presidente de la compañía no estaba registrado como ingeniero licenciado. De hecho, en julio de 2013 el Tribunal Disciplinario y de Ética Profesional de la CIAPR amonestó al ingeniero que realizó los trabajos contratados por violar cuatro cánones de ética profesional.

Aun así, el Registro de Contratos revela que Joma Design Group recibió seis contratos y enmiendas del Municipio de Ponce por la suma de $203 mil, entre octubre de 2012 y agosto de 2013.

Acuario y Centro de Convenciones

El informe también levanta dudas sobre el uso de fondos públicos y la titularidad de los terrenos para la cancelada construcción del Centro Oceanográfico de Ponce y el Recinto Ferial Juan H. Cintrón.

En el caso del Acuario, un proyecto impulsado por el exalcalde Zayas Seijo, se señala el gasto total de $1.6 millones para un proyecto que nunca se materializó, ya que su construcción fue cancelada por la actual alcaldesa.

Para el mismo, además, se instaló una sobrecarga, aun cuando el ayuntamiento no contaba con la titularidad de los terrenos.

“Los alcaldes y los directores de Finanzas y Presupuesto en funciones no protegieron los intereses del Municipio y no administraron eficientemente las finanzas municipales con respecto a la construcción del Centro Oceanográfico. Además, esta situación denota una falta de planificación adecuada por parte de los funcionarios municipales”, puntualiza el informe.

En el caso del Recinto Ferial (Centro de Convenciones), se denuncia que la administración del exalcalde Zayas Seijo inició los trabajos de sobrecarga en febrero de 2007 y que no fue hasta diciembre de 2008 que obtuvo la titularidad de los terrenos.

Por su parte, la administración de Meléndez Altieri violó la ley al eximir a uno de los contratistas del pago de $220 mil de arbitrios de construcción y aceptó el proyecto sin que se hubieran terminado los trabajos de conexión eléctrica, agua potable, estacionamiento y acceso.

Se señala además que el Municipio fraccionó el costo del proyecto de remodelación y construcción de los baños en el Complejo Recreativo La Guancha, obviando así el requisito de realizar subasta pública para obras cuyo costo excede los $200 mil.

En julio de 2010, la Alcaldesa formalizó contratos por $164 mil y $56 mil con dos contratistas que presentaron cotizaciones, contrario a disposiciones de la Ley de Municipios Autónomos y el Reglamento de la Junta de Subastas.

Otros señalamientos del Contralor incluyen deficiencias operacionales en el Banco Municipal de Ponce, arrendamientos -sin subasta pública- de locales en el Mercado Juan Ponce de León, falta de controles en las recaudaciones municipales e irregularidades en la contabilización de tiempo compensatorio.

En un escueto comunicado de prensa emitido el pasado 15 de abril, fecha en que se hizo público el informe, la Alcaldesa intentó despachar los hallazgos de la Contralora e insistió que en su administración no hay corrupción.