JSF advierte Gobierno de Puerto Rico no haga promesas que no puede cumplir

Foto: CyberNews

SAN JUAN – La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha recordado en una carta remitida este lunes y difundida hoy, que el Gobierno de Puerto Rico todavía no ha identificado cómo piensa pagar el aumento en los beneficios de retiro incluido en las Leyes 80, 81 y 82 y ha estimado que las tres leyes podrían costar 8,300 millones de dólares, además de advertir que el ejecutivo de la isla “no debe hacer promesas que no pueda cumplir”.

En una carta dirigida a Omar Marrero, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), la JSF le escribe sobre la implementación de las leyes 80-2020, 81-2020 y 82-2020 e indica que el gobierno “no respondió a la (i) dirección de la Junta de Supervisión de cesar la implementación de las Leyes y (ii) solicitud de información específica y un programa para lograr los ahorros necesarios para que las Leyes sean neutrales respecto a ingresos”.

“Cada una de las Leyes ofrece beneficios de jubilación mejorados a los empleados del gobierno y generará costos incrementales para el Plan Fiscal, así como a los planes fiscales aplicables de PRASA, HTA, municipios y otros patronos públicos cuyos empleados serían elegibles para estos beneficios mejorados”, agrega.

“Independientemente de cuántos empleados se jubilen bajo cada Ley, estos beneficios mejorados siguen siendo incrementales a los planes fiscales aplicables. La Junta de Supervisión ha concluido que, en conjunto, estas Leyes podrían costarle al Estado Libre Asociado y a otros patronos públicos hasta 8,300 millones durante los próximos treinta años”, subraya.

Indica que a “pesar de las reiteradas solicitudes, el Gobierno no ha demostrado cómo pagará estos costos. Su nuevo enfoque por fases propuesto no responde a esta pregunta y no responde a la carta de la Junta de Supervisión del 21 de octubre de 2020. Reiteramos que las leyes no deben implementarse hasta que la Junta de Supervisión conozca y apruebe sus verdaderos costos y medios para pagarlas”, recalca.

Con base en su carta y las inquietudes establecidas anteriormente, la Junta de Supervisión requiere específicamente lo siguiente para cada ley:

Entre otros pide para la Ley 80 1, “confirmación del Gobierno de que comprende las reducciones de nómina y personal que se espera lograr bajo el Plan Fiscal, o identificación de información adicional que se requeriría para lograr dicho entendimiento, para poder incluirlos en cualquier cálculo de ahorro futuro” y un acuerdo del Gobierno de que los presupuestos de las agencias en futuros planes/presupuestos fiscales “serán reducidos además de las reducciones ya contempladas por los planes fiscales relevantes por las reducciones de nómina u otras reducciones de presupuesto”.

Además solicita un plan de implementación para compensar los costos de la Ley 81 y, en relación a la Ley 82 1 “un plan detallado para compensar los costos identificados en el análisis actuarial del cual el Gobierno pudiera hacerse responsable”.

A su vez, señala en su carta que la Junta de Supervisión “sigue profundamente preocupada de que el Gobierno esté creando incertidumbre y ansiedad entre los empleados públicos, particularmente a la luz de la Circular de Recursos Humanos 20-48 del 5 de noviembre de 2020 enviada a los empleados públicos”.

“El Gobierno no debe permitir que los jubilados dejen sus trabajos y se inscriban en programas de retiro que violen PROMESA, para luego perder esos beneficios si se invalidan las Leyes, luego de haber dejado sus trabajos”, agrega.

Por ello sugiera que para mitigar ese riesgo, el Gobierno “debe notificar a todos los empleados a través de un comunicado público que los beneficios previstos en las leyes son condicionales y, de hecho, puede que nunca se acumulen y que cualquiera que solicite beneficios “pudiera nunca recibir los beneficios prometidos por las Leyes porque cada Ley corre el riesgo de no implementarse o anularse”.

Las Leyes, “individualmente y juntas, parecen ser un intento de eludir o socavar los congelamientos previos y pendientes de los beneficios de pensión, incluidos los requeridos por el Plan Fiscal y el plan de ajuste propuesto para el Estado Libre Asociado, mejorando los beneficios acumulados bajo planes que han sido o serán congelados de varias formas y suponiendo pagar los beneficios a través de la nómina (en lugar de PayGo)”, finaliza la JSF.