Insisten al Congreso y a Trump que designe a Puerto Rico como una jurisdicción doméstica

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EL CAPITOLIO – El representante José Aponte Hernández, insistió al Congreso y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que cambie la designación de Puerto Rico a una jurisdicción doméstica, en vez de foránea, con el propósito de fomentar la inversión, la creación de empleos y reactivar el sector de la manufactura.

“Coincido con la comisionada Residente en Washington, Jenniffer González, de que aquí no se trata de regresar al pasado, a las 936, se trata de mirar al presente y futuro incluyendo a Puerto Rico como una jurisdicción doméstica y brindándole cualquier incentivo para atender la situación actual. Esta pandemia, sin precedentes del COVID-19, nos brinda la oportunidad de reactivar un importante sector de nuestra economía: la manufactura, particularmente el área relacionada al desarrollo de equipo y artículos médicos. La única manera de lograr esto, de forma rápida y, que perdure, es cambiando la designación de la jurisdicción de Puerto Rico para efectos contributivos federales, de foránea a doméstica. Así como único lograremos atraer mayor capital a la Isla y reactivamos este vital sector de nuestra economía”, sentenció Aponte Hernández mediante un comunicado de prensa.

“Esta designación nos daría una enorme capacidad junto con los beneficios de la reforma contributiva del 2017 para los estados, se estaría colocando a Puerto Rico en una posición de competir de igual a igual. También les daría a las empresas la seguridad que brinda la cobertura política, lo que fomentaría que más compañías nacionales e internacionales se relocalizaran en la Isla, creando miles de nuevos y mejores trabajos para nuestra gente. De igual manera, estaríamos solicitando que se le brinde a Puerto Rico cualquier incentivo para atender, mediante la manufactura, la emergencia nacional creada por el coronavirus”, agregó el también Presidente de la Comisión de Relaciones Federales, Internacionales y de Estatus de la Cámara.

De esta manera, el líder estadista rechazó cualquier intento de revivir algún tipo de la Sección 936 del Código de Rentas Internas federal, debido a que lo único que hizo fue producir riqueza para unos pocos empresarios e inversionistas.

“La Sección 936 no logró alcanzar sus objetivos, principalmente debido a que las pocas empresas que utilizaron este refugio fiscal no invirtieron en Puerto Rico como proporcionalmente debería haberse hecho. En el 1991 solamente, las compañias 936 acumularon $2,800 millones en créditos contributivos, sin que los ciudadanos Americanos que residían en Puerto Rico recibieran una proporción similar en beneficios, tal y como se supone que sucediera. Los números no mienten, la verdad es que para en 1991 el ingreso per cápita de los puertorriqueños era de $6,000 al año, casi 30 por ciento menos que en los estados. Al mismo tiempo, la tasa de desempleo rondaba el 16 por ciento, más del doble que en cualquier otro estado de la Unión. Mientras las compañías se beneficiaban de estas exenciones contributivas, nuestra gente sufría”, sentenció el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP).

En 1996 el Congreso votó a favor de eliminar la Sección 936, utilizando el argumento de que su costo excesivo al erario, el pequeño número de empresas que se habían acogido a la misma y, sobre todo, la falta de beneficios para los puertorriqueños, en términos de la creación de empleo y justicia salarial, no justificaba su permanencia.