Ilegítimos los puntos de cotejo impuestos por alcaldes del país

“Es un ejercicio excesivo de autoridad que viola derechos constitucionales”, recalcó el abogado Alejandro Torres Rivera. “Un alcalde no tiene autoridad para suspender garantías constitucionales y establecer el equivalente a una ley marcial en su municipio”, añadió.

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Crear puntos de cotejo en vías públicas como medida para limitar el contagio de virus COVID-19 en Puerto Rico constituye una imposición ilegal y un abuso de poder por parte de los alcaldes que los ordenan, denunció el expresidente del Colegio de Abogados, Alejandro Torres Rivera.

Incluso, el jurista cuestionó la autoridad de los alcaldes para limitar el tránsito en las carreteras estatales y para coartar el derecho de libre movimiento de los ciudadanos, aún durante la emergencia.

“Las vías de rodaje en este país, sean autopistas o sean carreteras estatales, como regla general son de dominio público y no le pertenecen a un alcalde o a un municipio y, por lo tanto, no se puede establecer una prohibición a circular”, declaró.

“Los 78 municipios en Puerto Rico no son 78 feudos donde cada alcalde tiene la autoridad de un señor feudal, determinando a su discreción lo que se puede o no hacer. Ya esa etapa de la historia se trascendió hace muchos años para querer venir a restablecerlo mediante este mecanismo”, continuó.

Durante las pasadas dos semanas, los alcaldes de Santa Isabel, Guayanilla, Yauco, Juana Díaz, Peñuelas, Salinas, Villalba, San Sebastián, Lajas, Arroyo, Fajardo, Morovis y Arecibo han ordenado a sus policías municipales la colocación de barreras y puntos de cotejo con diversas medidas restrictivas.

En Santa Isabel, el alcalde Enrique Questell Alvarado ha impuesto zonas de revisión de autos y conductores desde el pasado 2 de abril, en tres de las principales vías de entrada y salida a su municipio: en la carretera PR-153 en el barrio Paso Seco y en ambas direcciones de la PR-1.

Además de inspeccionar las tablillas de vehículos para observar que se cumpliera con la Orden Ejecutiva de la gobernadora, La Perla del Sur supo que se abordaba a los conductores para que expusieran una “razón válida para entrar al pueblo”.

“Eso no está dentro de la autoridad de un alcalde y mucho menos preguntarle para dónde va. Esas son determinaciones propias del ciudadano”, dijo Torres Rivera.

“Eso es ajeno a lo que es el ejercicio de los derechos civiles. A ti no se te puede detener si tú no has cometido un delito. Ninguna autoridad estatal tiene la posibilidad de detenerte, porque el ejercicio de la detención -es decir, limitar la movilidad física- es el equivalente a un arresto, aunque sea por un breve tiempo”, abundó.

“Definitivamente es un ejercicio excesivo de autoridad que viola derechos constitucionales de los ciudadanos. Un alcalde no tiene autoridad para suspender garantías constitucionales y establecer el equivalente a una ley marcial en su municipio”.

Asesorarse: responsabilidad de todos

Ante esto, Torres Rivera recomendó a todo ciudadano conocer sus derechos y buscar asesoría legal, de ser necesario.

“En estos casos, el ciudadano debe señalarle -en un marco de respeto- que uno está en el ejercicio de un derecho constitucional de movilidad y en ese sentido, no está cometiendo ningún delito. Sencillamente, va en su camino”, dijo.

“Y si hubiera algún tipo de intervención más allá de eso de parte de la Policía, gestione el asesoramiento de un abogado y que el abogado presente sus argumentos”, continuó.

Torres Rivera destacó además la importancia de que cada puertorriqueño estudie el contenido de la orden ejecutiva y conozca las excepciones dentro de la aplicabilidad de esta.

“El Policía te va a detener, pero tú tienes a tu haber la capacidad de poder fundamentar la excepción. Yo exhorto a todas las personas a que bajen por Internet el contenido de la Orden Ejecutiva y las revisiones que han salido más adelante. Esa es la primera línea de defensa”, sostuvo.

Atentos al precedente

Asimismo, Torres Rivera expresó preocupación por el precedente que el toque de queda puede marcar en Puerto Rico, y en especial los puntos de cotejo que han impuesto varios alcaldes, sin intervención del gobierno central.

“La experiencia es que los gobiernos adoptan una serie de medidas y prácticas bajo decretos de emergencia y cuando termina la emergencia, se quedan las prácticas y los decretos”, advirtió.

“Vamos a encontrar que muchas de las restricciones que se hacen bajo estos decretos de emergencia, eventualmente -porque no se protesta y no se repudia por parte de la ciudadanía- se asume que son parte de la normalidad”, continuó.

“Por eso esto es tan peligroso para el ciudadano y es tan importante su vigilancia, desde el punto de vista de límite y alcance que tengan estos decretos de emergencia”, concluyó.