Falta de disciplina fiscal hundió las finanzas de la Alcaldía de Ponce

“La alcaldesa de Ponce ha demostrado que no ha tenido ni tan solo algo de disciplina fiscal para poder minimizar la posición financiera del municipio”, insistió Cruz Sanabria.

Foto Archivo

Durante casi una década, el discurso público de la alcaldesa María Meléndez Altieri ha intentado desvincular sus ejecutorias del colapso de las finanzas municipales de Ponce, asegurando que la culpa de la crisis fiscal es de terceros.

La pasada administración, el huracán, la recesión, la Junta de Supervisión Fiscal, el Gobierno Central y hasta los empleados municipales: a todos ha adjudicado responsabilidad en un momento u otro por el desastroso estado de las arcas municipales.

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Aunque sus planteamientos chocan con los estados financieros auditados del ayuntamiento y los hallazgos de la Oficina del Contralor, ahora otra plataforma que recopila data gubernamental lo confirma: la pésima administración de fondos públicos han llevado a Ponce a la insolvencia.

Como evidencia el más reciente Índice Municipal de Salud Fiscal de Abre Puerto Rico, la administración de Meléndez Altieri recibió por quinto año consecutivo (2013-2017) la calificación de “F” en el manejo de sus finanzas, por lo cual Ponce se convierte en el único municipio del país con tan pobre desempeño fiscal desde que la entidad evaluadora realiza sus análisis de datos.

“Ponce es uno de los municipios que consistentemente figura entre los de peor salud fiscal. Esto se debe a dos factores, principalmente, el tamaño de su deuda a largo plazo y su escasa disciplina fiscal”, sentenció el presidente de Abre Puerto Rico, Arnaldo Cruz Sanabria.

“La alcaldesa de Ponce ha demostrado -y los números están ahí- que no ha tenido ni tan solo algo de disciplina fiscal para poder minimizar la posición financiera del municipio”, dijo el también director de la Junta de Directores del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR).

“Podemos decir que no ha habido buena administración fiscal y financiera en el municipio, (por lo menos) por los últimos siete años”, añadió.

Los indicadores

Desde el año fiscal 2008, la deuda a largo plazo del ayuntamiento se ha elevado de $218.8 millones a $302.5 millones, mientras que el déficit acumulado se ha disparado de $4.4 millones a $44.7 millones, como consta en auditorías externas o “Single Audits”.

En ese mismo periodo, la deuda municipal con agencias de gobierno aumentó más del doble, de $10.6 millones en el 2008 a $26.1 millones en el 2017.

Estos datos, evaluados y certificados por Abre Puerto Rico, coinciden con los hallazgos de las investigaciones realizadas por La Perla del Sur desde el verano de 2013.

Meléndez Altieri asumió las riendas de la Casa Alcaldía en enero de 2009.

Vergonzoso récord

De los municipios analizados para el Índice Municipal de Salud Fiscal 2017, la Alcaldía de Ponce ha fallado reiteradamente en ocho de los 13 indicadores financieros evaluados, incluyendo activos corrientes, deuda a largo plazo per cápita, balance de fondo de fin de año, y exceso o deficiencia de ingresos sobre gastos recurrentes.

El informe además destaca que el ayuntamiento no tiene balance en ninguno de sus fondos gubernamentales y que posee la sexta deuda per cápita más grande de Puerto Rico.

“En el caso de Ponce, además de tener ‘virao’ todos sus indicadores a largo plazo, a corto plazo notamos que el municipio consistentemente gasta más de lo que recibe de ingresos recurrentes. Tú puedes echar culpas a los alcaldes anteriores, pero si tú consistentemente gastas más de lo que recibes, no le puedes echar la culpa a nadie más”, declaró Cruz Sanabria.

“Cuando sumas todo el dinero en los fondos gubernamentales, la mayoría de los municipios -excepto cinco- tienen un balance positivo, pero Ponce es de ese grupo de solo cinco municipios en que la sumatoria de fondos gubernamentales la tiene en negativo. Eso es bien inusual, pero Ponce cae en esa categoría”, continuó.

“En todos los indicadores, vemos un comportamiento en contra del mejoramiento de la salud fiscal del Municipio”, insistió.

Gastos y excusas

Por otra parte, Cruz Sanabria opinó que el insistente patrón de gastos en exceso a los ingresos ha sido el principal acelerador de la precariedad fiscal en la alcaldía ponceña, y no los factores externos citados por Meléndez Altieri.

El mismo patrón se repitió en el año fiscal 2017, que cerró con un exceso de gastos ascendente a $15 millones, según la evaluación de Abre Puerto Rico.

“Los números demuestran que el municipio, desde el 2010, ha sido casi perfectamente consistente en su práctica de gastar más de lo que recibe y añadir un negativo adicional cada año a su balance del fondo general”, explicó.

“Eso viene desde antes de los problemas en el BGF (Banco Gubernamental de Fomento) y antes de PROMESA”, continuó.

“No se puede decir que el Gobierno Central está afectando más a Ponce que a Cabo Rojo o a algún otro municipio, porque el problema en el BGF es una variable que afectó a todos los municipios por igual”.

“Todos los municipios le echan la culpa al Gobierno Central, excepto los que salen bien en el Índice”, abundó. “Hay municipios que salieron bien, que administraron bien sus finanzas, y ellos tuvieron que enfrentar los mismos retos y variables que enfrentaron los que salieron mal, así que es una excusa que no tiene mucha validez”.

En el informe de ABRE Puerto Rico correspondiente al año fiscal 2017, 34 municipios recibieron calificación de A, B o C en el Índice Municipal de Salud Fiscal. Entre ellos, los pueblos sureños de Coamo (B) y Juana Díaz (C).

Más sureños entre los peores

Ponce, sin embargo, no es el único ayuntamiento sureño entre los peor administrados. Once municipios recibieron “F” en salud fiscal y entre ellos figuran cuatro de la región sur: Guayama, Peñuelas, Yauco y Salinas.

De estos, Guayama y Salinas se unen a Ponce en la lista de ayuntamientos que repitieron la calificación de “F” del año anterior.

“La situación del BGF y el huracán no deben ser una excusa. Los ciudadanos deben pedir a sus líderes que manejen bien sus finanzas y eso es lo menos que se debe esperar de los municipios”, planteó Cruz Sanabria.

“El índice de salud fiscal debe ser una herramienta para que el ciudadano pueda evaluar las finanzas de su municipio y el desempeño de su alcalde. Pero para estos municipios con finanzas precarias que, consistentemente manejan sus finanzas de manera extravagante, hay necesidad de cambios, ya sean políticos o gubernamentales”, concluye el informe.

El informe de ABRE Puerto Rico destaca que el ayuntamiento no tiene balance en ninguno de sus fondos gubernamentales.