Estranguladas por pérdida de ingresos familias en viviendas alquiladas

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Las miles de familias trabajadoras que ya arrastran diez semanas sin ingresos laborales y acumulan meses de atrasos en el alquiler de sus viviendas luchan por sobrevivir al embate de la pandemia, sin el alivio de una moratoria en sus contratos de arrendamiento.

Según estimó Ariadna Godreau Aubert, directora ejecutiva de Ayuda Legal de Puerto Rico, cerca de 180 mil personas y núcleos familiares podrían estar sufriendo este percance. Sin embargo, los insistentes reclamos a la gobernadora Wanda Vázquez Garced para auxiliarlos -en su mayoría, familias de escasos recursos económicos- han caído en oídos sordos.

La Resolución Conjunta del Senado 26 establece una moratoria sobre los pagos a préstamos hipotecarios, personales, de auto y tarjetas de crédito para los meses de marzo, abril, mayo y junio. Asimismo, el pasado 4 de mayo, el Senado aprobó la Resolución Conjunta 525 para extender esta moratoria e incluir los meses de julio y agosto.

Ambas medidas, empero, no contemplan el pago de alquileres privados.

“Estamos pidiendo desde el inicio de la emergencia que, en una orden ejecutiva, incluya una moratoria contra las ejecuciones y desahucios y que lo haga como una expresión de política pública del Estado, no una petición a la legislatura”, reclamó la abogada.

“Nada impide que después del 29 de mayo, ya se puedan estar presentando los casos de desahucios en los tribunales y eso es bien serio”, puntualizó.

Como explicó Godreau Aubert, en Puerto Rico una de cada tres viviendas es alquilada, incluyendo unidades públicas y privadas, mientras que el 58 por ciento de las familias que viven en ellas devengan ingresos por debajo de los $15 mil anuales.

Al cierre de esta edición, las reclamaciones al Departamento del Trabajo por desempleo a raíz de la pandemia ya superaban las 250 mil. Asimismo, sobre 100 mil familias han solicitado ingresar al Programa de Asistencia Nutricional (PAN).

“Ahora mismo hay unas protecciones para el alquiler en viviendas públicas, pero nada para rentas privadas”, insistió la abogada.

La Directora Ejecutiva de Ayuda Legal de Puerto Rico apuntó a

Para costear las ayudas a inquilinos afectados por la pandemia, Godreau Aubert propuso que se consignen fondos federales ya desembolsados por el Gobierno Federal.

“Puerto Rico recibió millones de dólares de fondos CDBG-CV, que se asignaron por el coronavirus. Nuestra petición ha sido que ese dinero se utilice para proveer asistencia de alquiler a personas con renta privada y que se han visto afectadas por el COVID”, destacó.

“Ese dinero está disponible. Son $45 millones, de los cuales $25.6 millones son manejados por el Departamento de la Vivienda. Se está anunciando cómo se van a utilizar fondos federales para muchas cosas, pero nada se ha dicho sobre las personas que están teniendo dificultades para cumplir con sus pagos de renta privada”, puntualizó.