Alcaldesa admite insolvencia en la Casa Alcaldía de Ponce

La “deteriorada situación económica” del ayuntamiento es reconocida cuatro meses de las elecciones generales, sin que en un instante de su campaña la alcaldesa María Meléndez Altieri hiciera alusión a este panorama.

Desde septiembre del 2013, La Perla del Sur advirtía que el patron de gastos y presupuestos inflados provocaría un nivel de deuda insostenible en el ayuntamiento. (Foto archivo)

PONCE- Tras ocho años de derroche en contratos externos, préstamos multimillonarios y el imprudente manejo del presupuesto municipal de Ponce, la alcaldesa María Meléndez Altieri finalmente reconoció lo que era obvio: su administración no puede pagar todas las cuentas. Su alcaldía está a punto de la quiebra.

No obstante, en medio de una surreal conferencia de prensa efectuada el pasado jueves, 2 de marzo, Meléndez Altieri rehusó aceptar responsabilidad por el descalabro fiscal e insistió, nuevamente, en adjudicar culpas a terceros.

Asimismo, anunció que declararía un “Estado de Emergencia Fiscal” mediante ordenanza para, entre otras medidas, viabilizar la venta o traspaso de activos municipales, la eliminación de donativos, la renegociación de deudas, la suspensión de pagos de obligaciones y hasta la presunta “paralización” de acciones judiciales contra el municipio.

Sin una evaluación ponderada, la ordenanza fue aprobada esa misma noche de forma expedita por la mayoría novoprogresista en la Legislatura Municipal, en votación partidista 13 a 3.

“Esta es una medida para las gradas. Son cosas que ya se estaban implantando y que la propia realidad fiscal del municipio estaba obligando a que se hicieran unos recortes dramáticos”, declaró en entrevista radial con WPAB 550 AM el abogado y especialista en quiebras, Rolando Emmanuelli Jiménez.

“Es risible porque el Municipio no tiene el poder de paralizar ningún litigio”, añadió en referencia al reclamo de la alcaldía para frenar casos en los tribunales, al supuesto amparo de la Ley Promesa.

“Se equivoca dramáticamente quien escribió eso”, recalcó Emmanuelli Jiménez.

“La Sección 405 (de la Ley Promesa) es bien clara. Lo que paraliza, por virtud de la acción del Congreso, es la reclamación por bonos. No paraliza la demanda por daños y prejuicios por una caída en la calle Isabel. No paraliza el cobro de dinero de un contratista o un suplidor al que el municipio no le haya pagado”, continuó. “Es falso que puedan paralizar todos los pleitos contra el gobierno”.

Congelaciones, contratos y contradicciones

Como trascendió horas más tarde, la ordenanza aprobada también dispone la congelación de plazas de empleo vacantes “que no sean necesarias para el funcionamiento de las áreas que proveen servicios esenciales a la comunidad”.

Asimismo, prohíbe la contratación de nuevos empleados, aun cuando esto ya fue legislado por la Casa Alcaldía al inicio del año 2013.

Duplicado o no el esfuerzo, su cumplimiento ha sido cuestionado desde entonces, incluso en los tribunales.

Esta última orden, además, contrasta con la costosa batalla legal que desde el 2015 ha librado el ayuntamiento para no divulgar información de su nómina, incluyendo, a quienes ha contratado con fondos públicos en años recientes.

Su resistencia alcanzó el clímax semanas atrás, luego de que el Tribunal Supremo concediera que esa información es pública y que la alcaldesa Meléndez Altieri tiene que divulgar la misma.

¿Contradicción?

Irónicamente, la ordenanza también ordena que se atienda el problema de la otorgación de contratos externos en la Casa Alcaldía, aunque de forma ambigua y discrecional. Para esto, establece que se evalúen “todos los contratos vigentes y determinará cuáles pueden ser rescindidos o modificados para reducir gastos”.

No obstante, como revelara recientemente La Perla del Sur, solo durante el pasado mes de diciembre -y tras revalidar en las elecciones- Meléndez Altieri concedió $782 mil en nuevos contratos de asesoría y servicios legales.

Los mismos se suman a otros $470 mil repartidos entre julio y septiembre del 2016 para contratos similares y a millones de dólares concedidos desde enero de 2009 para -entre otros asuntos- gastos cuestionables en relaciones públicas, propaganda y campañas de imagen.

Aun así, la aprobada ordenanza de emergencia fiscal estipula que el ayuntamiento puede seguir contratando a personas para “inspeccionar y asegurar la integridad, economía, eficiencia y efectividad de las operaciones del Municipio, haciendo investigaciones significativas y precisas, y auditorías forenses, para detectar y prevenir derroches, fraudes y abusos”.

Este lenguaje deja la puerta abierta para que Meléndez Altieri siga reclutando a asesores financieros externos de su confianza, como el exsecretario de Hacienda José Guillermo Dávila Matos y el contador público autorizado (CPA) Jorge Aquino Barreto.

Estos dos contratistas ya han obtenido por sus servicios $1.2 millones y $208 mil, respectivamente, pese al crónico mal desempeño de las finanzas municipales.

Después de las elecciones

También resalta que la admisión sobre la “deteriorada situación económica” de Ponce ocurre a cuatro meses de las elecciones generales, sin que en un instante de su campaña la alcaldesa hiciera alusión a este panorama.

Esta, sin embargo, no es la primera vez que la ejecutiva municipal oculta la realidad fiscal del ayuntamiento.

Tras declarar que había “arreglado las finanzas del municipio” en su Mensaje de Logros de octubre de 2012 y revalidar en los comicios de ese año, Meléndez Altieri ordenó una reducción de jornada y sueldo de 50 por ciento a sobre mil empleados municipales para paliar un descuadre en caja.

Herida autoinfligida

Aun así, la ejecutiva ha insistido en desvincularse, a toda costa, de su responsabilidad por el predominante estado de las finanzas.

Esto, incluso, cuando los estados financieros auditados del propio ayuntamiento, el registro de contratos del Contralor y el estado de las deudas con agencias y suplidores desvelan otra realidad: que la crisis fiscal en la alcaldía ponceña es el resultado de años de negligencia administrativa en el manejo de los fondos municipales.

Como han advertido reiteradamente las auditorías, el colapso responde a la irresponsable práctica de adoptar presupuestos inflados para justificar un incosteable patrón de gastos.

Como evidencian estos exámenes, a partir del año 2009 el déficit operacional se ha elevado de $4 millones a $38.8 millones, el más alto de los 78 municipios en la isla.

Igualmente, la deuda a largo plazo del municipio se ha disparado a más de $300 millones, en gran parte por los préstamos asumidos para cuadrar presupuestos inflados.

No obstante, para acceder a financiamiento adicional y expandir su capacidad prestataria mediante la Contribución Adicional Especial (CAE), Meléndez Altieri ha ordenado aumentar en dos ocasiones la tasa de la contribución mueble e inmueble a los ponceños.

La Perla del Sur volvió a solicitar por escrito entrevista con la alcaldesa de Ponce, por conducto de la directora de Comunicaciones Municipal, Darisabel Texidor Guadalupe. No obstante, a la hora del cierre no hubo respuesta.