En el nuevo Plan Fiscal: JSF reclama la “flexibilización” de permisos ambientales en la isla

“Que no quede duda. El Gobierno de Puerto Rico se está prestando para esto”, dijo por su parte el abogado especializado en Derecho Ambiental, Omar Saadé Yordán.

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A la medida.

El denominado Plan Fiscal 2021 de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aspira a que en Puerto Rico se eliminen requisitos ambientales a proyectos de construcción, se suavicen reglamentos y se ajuste el proceso de permisos a las preferencias de desarrolladores, en menosprecio del ambiente y los intereses de las comunidades.

A esta conclusión llegaron tres expertos en planificación y derecho ambiental consultados por La Perla del Sur, a la luz de de los pormenores del documento de 308 páginas y la reingeniería al proceso de permisos que propone la entidad creada por el Congreso de los Estados Unidos.

Aunque la JSF plantea que sus exigencias responden a la necesidad de agilizar el proceso de permisos, para el pasado vicepresidente de la Junta de Planificación, Pedro Cardona Roig, los cambios constituyen un “peligroso disparate” que expondría al país a más desarrollos irresponsables.

Entre los cambios exigidos por la JCF resalta que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) amplíe el tipo de negocios y proyectos que puedan ser eximidos del requerimiento básico de una evaluación de impacto ambiental.

“Esto no es otra cosa que un conjunto de peticiones de unos individuos interesados en maximizar el rendimiento de sus propiedades y de unas entidades gubernamentales y no gubernamentales, como la Junta de Supervisión Fiscal”, sentenció Cardona Roig.

“Hay toda una serie de personas que le han estado pidiendo que hagan esto, para ellos salirse con una tajada mayor del pastel y esa avaricia, que está claramente ilustrada aquí, le viene mal al país entero”, añadió.

La JSF también propone que la Junta de Planificación (JP) revise y adapte sus mapas de zonificación de terrenos, de manera que se puedan reducir las consultas de ubicación.

Asimismo, propone que le permitan a agencias gubernamentales locales proponer enmiendas a regulaciones existentes, como medida para responder a “cambios económicos y tecnológicos”.

“Con esta nueva versión del Plan Fiscal, es claro y evidente que la Junta de Supervisión Fiscal ha estado detrás de los esfuerzos de revisión del Reglamento Conjunto de 2019 y 2020, y el Mapa de Calificación”, declaró el arquitecto.

“Vamos a ver cómo, a través de este Plan Fiscal, el colectivo puertorriqueño va a perder activos sociales de importancia, como son los recursos naturales, los recursos arqueológicos, accesos a playas y costas”, puntualizó. “Todo eso se va a perder, si esto se ejecuta como está”.

De la mano: Junta y Gobierno

Por su parte, el abogado Rolando Emmanuelli Jiménez advirtió que los cambios a los procesos de permisología plasmados en el nuevo Plan Fiscal no representan una imposición de la Junta, sino los intereses compartidos entre la JSF y el Gobierno de Puerto de Rico.

Según explicó, muchos de los cambios propuestos en el Plan Fiscal están alineados con esfuerzos ya encaminados en agencias locales para favorecer a algunos desarrolladores y proyectos incompatibles con los mejores intereses del país y su ambiente.

Además explicó que la JSF –por sí sola- no tiene el poder para cambiar o derogar leyes de protección ambiental aprobadas antes del 2016. Sin embargo, anticipó que varias de sus “peticiones” podrían ser adoptadas por la legislatura.

“Esto llega hasta donde el gobierno lo permita, porque para eso hay que legislar. Ahí es donde la legislatura tendría que oponerse, pero que lo hagan es otra cosa”, destacó Emmanuelli Jiménez.

“Que no quede duda. El Gobierno de Puerto Rico se está prestando para esto”, afirmó por su parte el abogado especializado en Derecho Ambiental, Omar Saadé Yordán.

“Esto se traduce en mayor incertidumbre para la sociedad y menos protecciones. A quien único beneficia es a los desarrolladores y se tiran por la borda los intereses de las comunidades y el ambiente”, continuó.

Consolidación de esfuerzos

Como recordó Saadé Yordán, la historia del país esta repleta de ejemplos donde proyectos polémicos han cobrado forma de manera atropellada, tras flexibilizarse requerimientos y reglamentos ambientales.

“En este Plan Fiscal lo que se plantea es la sistematización del fenómeno de los procesos acelerados de aprobación de documentos ambientales que ya hemos visto en los casos del Gasoducto (Norte y Sur) y el incinerador (de Arecibo)”, sentenció Saadé Yordán.

“Esto va a resultar en que tengamos más proyectos como el de New Fortress, que estableció un terminal en el Puerto de San Juan sin una consulta de ubicación”, añadió.

El abogado además indicó que si se exime a desarrolladores de informes detallados sobre el impacto ambiental de sus proyectos, le quitarán una herramienta vital a grupos comunitarios y de protección ambiental, a la hora de reclamar acceso a información sobre sus propuestas.

Esto, a su juicio, podría incluso obstaculizar cualquier oposición fundamentada.

“Se pone a las organizaciones ambientalistas en una situación de plena desventaja cuando se soslayan los deberes y obligaciones, conforme a la ley. En Puerto Rico la protección ambiental es de rango constitucional. Estos instrumentos de planificación, como la Declaración de Impacto Ambiental y la Evaluación Ambiental se hacen en virtud de ese principio”, explicó.

“El Plan Fiscal no debe de estar metiéndose, ni debe de estar enmendando los requerimientos legales que exigen un análisis ambiental. Con esto se están excediendo en sus capacidades, de una forma preocupante para el país”, sentenció.

Portada del Plan Fiscal 2021 sometido por la Junta de Supervisión Fiscal. Esto llega hasta donde el gobierno lo permita, porque para eso hay que legislar. Ahí es donde la legislatura tendría que oponerse, pero que lo hagan es otra cosa”. Rolando Emmanuelli Jiménez