Sin investigar denuncias de irregularidades en Albergue de Animales de Ponce

En febrero pasado, el entonces Jefe de Gabinete de la Administración Municipal, Luis Báez Rodríguez, afirmó que ARPS había incumplido con el rescate diario de animales en las calles, el recogido prioritario de animales muertos en las vías de rodaje, la prestación de talleres educativos y la celebración de actividades de adopción.

Foto archivo

Por años, el Albergue de Animales de Ponce ha sido eje de denuncias ciudadanas donde le imputan desde actos de maltrato hasta avalanchas de eutanasias, sin mediar antes campañas efectivas de adopción.

A raíz de esto, el alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón, anunció en febrero pasado que reevaluaría, tanto las operaciones como el contrato con la compañía a cargo de la instalación, la empresa Animal Rescue & Protection Services (ARPS).

Sin embargo, en entrevistas por separado, tanto el alcalde como la presidenta de la Legislatura Municipal de Ponce, Hilda Orengo Soler, reconocieron que pese a iniciarse un proceso de vistas públicas el pasado mes de mayo, no se ha llevado a cabo una “investigación formal” de las recurrentes acusaciones contra el albergue y su dirección.

“Investigación formal no la hay”, admitió el alcalde en entrevista con La Perla del Sur. “Pero invitamos a aquellos que tengan alguna evidencia o alguna situación con maltrato de animales (a que participen de las vistas)”.

“En este momento no la hay (investigación), pero no estamos cerrados a hacerlo”, continuó. “Si hay alguna evidencia o señalamiento, nosotros podríamos asignar una investigación al Albergue de Animales. No estamos cerrados a nada, todo lo contrario, queremos que todo sea transparente y abierto al público”.

Aun así, Irizarry Pabón defendió las operaciones de la empresa que ha operado el albergue municipal desde hace casi una década.

“En las visitas que hemos hecho al albergue, que yo he ido en dos ocasiones, hemos visto que todo está funcionando adecuadamente”, insistió.

En su pasada campaña electoral, Irizarry Pabón prometió una nueva política pública de compasión hacia los animales abandonados en las calles.

El negocio de la eutanasia

ARPS administra el Albergue de Animales de Ponce desde febrero de 2012, cuando fue contratada por la administración de la exalcaldesa María Meléndez Altieri.

Desde entonces, ha recibido 13 contratos y enmiendas que totalizan compromisos de pago por $2,114,950. Asimismo, el ayuntamiento paga sus gastos de agua y energía eléctrica.

El contrato más reciente, firmado en noviembre de 2018 por de $670 mil, le permite cobrar $10 mil mensuales por sus servicios hasta el 30 de junio de 2024.

Estos pagos no incluyen la tarifa que ARPS cobra a dueños y custodios de mascotas por servicios de esterilización y eutanasia.

Simultáneamente, ARPS ha suscrito más de 175 contratos con al menos 14 municipios para recibir sus animales realengos, aún cuando no tenga espacio disponible para recibirlos. Muchos de estos contratos le permitieron a la empresa cobrar entre $25 a $40 por cada animal acogido, hasta un máximo de 10 animales diarios.

Estos acuerdos les han permitido recibir miles de animales y facturar $374,145, utilizando como base de operaciones el albergue municipal de Ponce.

Al amparo de una cláusula en su contrato con el ayuntamiento que le permite practicar eutanasia -de no tener espacio disponible en la instalación- ARPS sacrifica la mayoría de estos animales, al poco tiempo de recibirlos.

Según alegó en febrero el presidente de ARPS, William Quiñones Vélez, semanalmente se sacrifican en la instalación entre 45 a 120 animales, por lo que el número de “eutanasias” que el Albergue de Ponce realiza al año podría rondar entre las 2,340 y 6,240.

Sin embargo, a juicio de varios rescatistas consultados, el número real puede ser mucho mayor.

Aunque el Albergue de Animales opera bajo la jurisdicción de la Directoria de Infraestructura, Ambiente y Transportación (DIAT), actualmente la única estadística que se levanta sobre el manejo de los animales que llegan al lugar es confeccionada por la propia empresa.

Incumplimiento de contrato

Aunque reconoció que no realiza una “investigación formal” sobre estas denuncias, la presidenta de la Legislatura Municipal de Ponce indicó que la asamblea evalúa si ARPS ha violado su contrato con el ayuntamiento.

“Hay muchas cláusulas que habría que ver realmente si se han violado o no”, sostuvo Orengo Soler.

En febrero pasado, el entonces Jefe de Gabinete de la Administración Municipal, Luis Báez Rodríguez, afirmó que ARPS había incumplido con múltiples tareas requeridas en su acuerdo con la alcaldía, incluyendo el rescate diario de animales en las calles, el recogido prioritario de animales muertos en las vías de rodaje, la prestación de talleres educativos y la celebración de actividades de adopción.

Durante la vista pública celebrada en mayo, el presidente de ARPS reconoció que desde hace más de dos años su empresa no realizaba una feria de adopción y que no promueven sus servios o los animales disponibles para adopción en su página o redes sociales.

“Hay que impulsar la adopción. Sabemos que hay una campaña en estos días, pero cuando tú te vas a la historia, tú vea que en Ponce no se ha impulsado la adopción de animales a través de Animal Rescue”, sentenció Orengo Soler.

“Fue una de las recomendaciones en la primera vista”, dijo en referencia a las campañas de adopción. “Pero estamos hablando que la primera vista fue hace unos meses atrás y tú (ARPS) me estás haciendo ahora una campaña de adopción, cuando ya tenemos la segunda vista encima”.

Última vista pública

La segunda y última vista pública sobre el problema de animales realengos y la situación en el albergue, anunció Orengo Soler, se celebrará el martes, 21 de septiembre, a partir de las 6:00 de la tarde en la Legislatura Municipal de Ponce. La misma será abierta al público general.

Entre sus deponentes figurarán el veterinario Víctor Oppenheimer, Wanda Santos Bonet y el exlegislador municipal del Partido Independentista Puertorriqueño, Justiniano Díaz Maldonado.

Ciudadanos interesados en participar pueden solicitarlo comunicándose a la Legislatura Municipal, aseguró.

“Lo que estamos recogiendo es el insumo de todas las personas que puedan estar envueltas, las dos caras de la moneda, y en función a eso, llevar a cabo un programa legislativo que se le pueda presentar también a la comunidad y buscarle solución a este problema”, dijo Orengo Soler.

“Tenemos una situación con la compañía Animal Rescue, que tenemos que ver como se reestructura”, continuó.

“Una vez se termine esa segunda vista, vamos a darle prioridad y velocidad a esto, para entonces hacer una ordenanza para trabajar de una manera que recojamos todos los puntos que tienen los diferentes grupos, la compañía que esta administrando el Albergue de Animales y que se estudie toda la situación para darle un mejor servicio a la ciudadanía, que esta necesitando que esto se resuelva”, dijo por su parte el alcalde.

Esterilización y santuario

Por último, Orengo Soler adelantó que promover la esterilización, la adopción y crear un santuario municipal siguen bajo consideración del ayuntamiento.

Por años, grupos de rescatistas de la ciudad han reclamado la designación de fondos recurrentes para un programa municipal de esterilización de mascotas y animales realengos, en colaboración con veterinarios locales.

Asimismo, la creación de un santuario de animales en la ciudad y el fin al uso indiscriminado de la eutanasia como estrategia para reducir la población de animales en las calles y el albergue.

“Nosotros entendemos que parte de lo que es sanear esta situación es la esterilización”, afirmó la presidenta de la legislatura Municipal.

“También se está contemplado la posibilidad de utilizar parte del Parque Monagas, unas cuerdas, para preparar las mismas para llevar ahí lo que sería un santuario, para darles el cuidado que necesiten, con servicios de veterinario”, abundó.

“Esto no tiene nada que ver con Animal Rescue, sino que sería un santuario como lo que tiene Cabo Rojo. Incluso, se pueden traer organizaciones de Estados Unidos que puedan ayudarnos a hacer lo que quisiéramos todos, que esos animalitos puedan salir hacia alguna casa donde les puedan dar amor”, agregó.

Desde que Pesquera Morales salió del servicio público, sus empresas han obtenido contratos en municipios y agencias del gobierno que totalizan $31.9 millones.