En el 2020: Vislumbran más golpes al bolsillo por retiro del arbitrio a las foráneas

La pérdida de $2 mil millones anuales podría propiciar tasas contributivas más altas, incrementos en los arbitrios a las bebidas alcohólicas, los cigarrillos y a la gasolina, al igual que un alza del IVU, vaticinan expertos.

Foto archivo

El nuevo año podría traer consigo un recrudecimiento del panorama fiscal del Gobierno de Puerto Rico, una larga lista de nuevos arbitrios e impuestos para el ya empobrecido bolsillo de la ciudadanía.

Esto si se consuma la eliminación del crédito federal que reciben las empresas foráneas en Puerto Rico y por el que pagan al Departamento de Hacienda cerca de $2,000 millones anuales.

De acuerdo a economistas y expertos consultados por La Perla del Sur, el plan del Departamento del Tesoro federal significará la pérdida del 20 por ciento de los fondos que nutren el presupuesto general.

Este arbitrio de cuatro por ciento sobre las ventas brutas que pagan una treintena de empresas foráneas en la isla -a consecuencia de la Ley 154 del 2010- genera casi una quinta parte del presupuesto gubernamental.

Las operaciones de estas empresas, en su mayoría de manufactura, también representan alrededor de 100 mil empleos.

Según ha trascendido, la eliminación de este crédito podría ocurrir tan pronto como el mes próximo. Sin embargo, al cierre de esta edición la gobernadora Wanda Vázquez Garced ni su equipo económico había presentado un plan para paliar el efecto de semejante pérdida de ingresos para el erario.

El peor escenario

A juicio del economista y catedrático de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, José Alameda Lozada, la dramática merma de ingresos podría propiciar otra ronda de aumentos e impuestos para cubrir el descuadre presupuestario.

Entre ellos, tasas contributivas más altas, incrementos en los arbitrios a las bebidas alcohólicas, los cigarrillos y a la gasolina, al igual que un alza del Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU).

“Al salario tuyo y al mío ya le han dado duro con todos los aumentos. Ya no hay de dónde dar más, pero es el panorama al que nos estamos enfrentando”, expresó Alameda Lozada. “Aumentar el IVU es una posibilidad, pero es una posibilidad horrible”.

La Ley 154 del 2010 impuso el arbitrio del cuatro por ciento a la foráneas. Esta cantidad, empero, es recuperada por las empresas mediante un crédito que hasta el momento, ha concedido el tesoro federal, neutralizando así su efecto para las empresas.

Sin embargo, al eliminarse el crédito federal las empresas no recibirían el “reembolso” por su pago del arbitrio en Puerto Rico, lo que dispararía sus costos y podría afectar su permanencia en la isla.

“Se sabía desde hace ya algún tiempo que había que bregar con esto, pero se hacían de la vista larga y ahora es para enero”, dijo por su parte el abogado Rolando Emmanuelli Jiménez.

“Ellos (empresas foráneas) están acostumbrados a los paraísos fiscales y cualquier aumento en sus contribuciones lo podrían ver como una amenaza a las ganancias que ellos quieren”, continuó.

“Como son tan pocas las que están aportando a ese nivel, que se vayan una o dos podría tener un impacto dramático en los ingresos del gobierno”, añadió.

En jaque los planes fiscales

Por otra parte, Emmanuelli Jiménez advirtió que la eliminación de este crédito federal tiraría al suelo los planes fiscales certificados por la Junta de Control Fiscal (JCF) y volvería inservibles las proyecciones de ingresos del Gobierno de Puerto Rico.

“La Junta está contando con esos ingresos para sustentar el presupuesto y el plan fiscal a cinco años, que es el andamiaje sobre el cual se establece el plan de ajuste de deuda. Si el plan fiscal no cuadra porque no se cumple con las expectativas de ingreso, el plan de ajuste no es viable”, explicó.

Asimismo, adelantó que someter los planes fiscales a un severo proceso de revisión tendría el efecto de retrasar y prolongar aún más la permanencia de la JCF en la Isla.

“Esto disminuye las probabilidades de que la Junta salga de Puerto Rico en un tiempo razonable, porque ellos tienen que estar cuatro años consecutivos donde haya presupuestos balanceados. Para empezar a contar esos cuatro presupuestos hay que ajustar la deuda”, razonó.

“¿Hasta cuándo va a estar aquí la Junta? Todavía estamos en una etapa tan prematura y no se anticipa que se pueda cuadrar el presupuesto y menos con este nuevo golpe”, continuó.

Aunque indicó que lo más prudente sería ajustar los pagos que se harán a los bonistas, Emmanuelli Jimenez reconoció que la tendencia de la Junta se inclina a más recortes en servicios esenciales.

“La situación ya está en el hueso. No sé de dónde más esperan cortar”, dijo.

Renegociación

Ante este panorama, Alameda Lozada opinó que cualquier esfuerzo para mitigar la potencial pérdida de ingresos al erario debe comenzar con una renegociación de los arbitrios de la Ley 154 con las propias empresas foráneas, a modo de preservar la mayor suma posible de capital.

A modo de ejemplo, establecer una nueva tasa de dos por ciento en vez de cuatro por ciento, podría reducir la carga de las empresas y permitir que el gobierno retenga al menos $1,000 millones anuales.

“Para enfrentar este problema, se tiene que recurrir a esas mismas corporaciones. No hay de otra. Tiene que ser algún tipo de impuesto negociado a las foráneas como primer paso, y luego buscar el resto de forma creativa”, opinó.

Apuntan a los incentivos y contratos “viciosos”

Entretanto, Emmanuelli Jiménez argumentó que parte del dinero puede ser recobrado mediante la eliminación de los incentivos “viciosos” a grandes empresas.

Un informe del Departamento de Hacienda publicado el pasado mes de septiembre confirmó que el Gobierno de Puerto Rico deja de devengar $20,614 millones al año, debido a incentivos tributarios, créditos contributivos, exenciones, deducciones y tasas preferenciales a individuos, empresas y entidades sin fines de lucro.

“La única salida responsable, aunque sería tocar unos bolsillos que en una colonia son sagrados, es atender la situación de los incentivos contributivos. Ahí es que está el dinero, pero ahí también es donde están los intocables”, puntualizó el abogado.

“Hay muchos incentivos que no generan la actividad económica que se espera y que a veces son hasta redundantes, porque las reciben empresas que comoquiera se establecerían en Puerto Rico”, abundó.

“Monsanto recibe $500 millones en incentivos contributivos y ellos estarían en Puerto Rico aún sin el incentivo, porque las condiciones climatológicas y agrícolas son ideales para el negocio de ellos”, añadió.

Asimismo, Alameda Lozada destacó el gasto millonario en contratos por servicios profesionales al gobierno como otra partida de la cual se podrían extraer millones de dólares, sin tener que sangrar el bolsillo del ciudadano promedio.

“El truco político y la corrupción están en los contratos de servicios. Siempre se engloban en el presupuesto, no se detallan y por ahí se pierden millones y millones por favores políticos. Pero eso es un tema que los políticos no quieren ni que se mencione”, planteó Alameda Lozada.

“De partidas como estas, que le cuestan millones al pueblo sin generarle ningún beneficio real, se puede sacar una cantidad significativa de dinero, pero la primera, segunda y tercera alternativa siempre es meterle la mano al bolsillo de la gente”, concluyó.

“La única salida responsable es atender la situación de los incentivos contributivos. Ahí es que está el dinero, pero ahí también es donde están los intocables”, puntualizó Rolando Emmanuelli.