PLA: Elefante blanco en medio de recesión

La suma de dinero invertida es suficiente para cuadrar los presupuestos de los 78 municipios de Puerto Rico, darle un respiro al atribulado Sistema de Retiro o financiar el salvamento de más de un centenar de empresas locales en peligro de cierre.

No obstante, los $300 millones de fondos públicos desembolsados en el olvidado Puerto de Las Américas (PLA) siguen sin producir un solo empleo, ni un solo dólar para una economía nacional que lleva casi una década en recesión.

Infortunio o no, esta es la cruda realidad de lo que debió ser el principal proyecto de desarrollo económico, no solo para su ciudad sede, sino para la región de mayor desempleo en Puerto Rico.

¿Puerto o mausoleo?

Las inoperantes grúas y el desolado estacionamiento de contenedores permanecen -aun en tiempos de tribulación económica- como insólito monumento a la burocracia y las actitudes político partidistas que han empujado al proyecto a su actual y patético estado.

Incluso, recuerdan a diario cómo el Puerto de Las Américas Rafael Cordero Santiago se ha convertido en una trágica comedia de errores y malos manejos.

A solo días de iniciar las vistas públicas convocadas para investigar el fracaso del proyecto, La Perla del Sur echa un vistazo a la accidentada historia del otrora “Megapuerto”, durante los pasados cuatro años.

La crónica

“El Puerto de Ponce está compitiendo con el Puerto de San Juan y ahí todos los ponceños tenemos que ‘jalar’ para el mismo lado. Mi preocupación son los intereses creados en el Puerto de San Juan. El enemigo del Puerto de Las Américas está al otro lado de la Cordillera”.

Esta fue la advertencia casi profética del entonces saliente alcalde de Ponce, Francisco Zayas Seijo, quien a solo días de perder las elecciones de 2008, declaró en entrevista con La Perla del Sur que el Gobierno Central intentaría controlar y torpedear el proyecto.

Al inicio del 2009, el PLA fue entregado a los nuevos timoneros de La Fortaleza y la Casa Alcaldía ponceña, con un acuerdo firmado previamente por el gobierno central y el conglomerado coreano-norteamericano UCW América, para negociar la operación de la instalación.

Asimismo, con el dragado de la bahía completado, las obras de construcción en el segundo terminal de contenedores encaminadas y las grúas post panamax encargadas.

No obstante, de inmediato afloraron obstáculos para el PLA.

Tras la salida de Ramón Torres Morales como director ejecutivo de la Autoridad del Puerto de Las Américas (APA) en diciembre del 2008, el gobernador demoró siete meses en nombrar un suplente, funcionario a quien le corres-pondía en propiedad la responsabilidad de negociar con el operador.

En su lugar, prefirió poner el proceso en manos de un comité negociador del gobierno central, timoneado por el entonces secretario de Desarrollo Económico, José Pérez Riera. El colectivo contó con el apoyo de la nueva alcaldesa María Meléndez Altieri.

A partir de mayo de 2009 y por espacio de cinco meses, el comité negociador de Fortaleza negoció sin éxito con UCW América. Luego, en octubre de ese año, el gobierno central inició una prolongada e infructuosa negociación con una reconfiguración de UCW América, conocida como Korea Busan Container Terminal (KBCT).

Ambos procesos se realizaron a espaldas del pueblo y sin información a la prensa y la ciudadanía, citando un supuesto “acuerdo de confidencialidad”.

Optimismo fugaz

En medio de las anémicas negociaciones, la ciudadanía de Ponce presenció en enero de 2010 la espectacular llegada de las dos enormes grúas post-panamax, adquiridas con $22.7 millones en fondos públicos.

Aunque fueron ordenadas por la dirección previa de la APA, la actual administración municipal apuntó a su llegada como validación a sus gestiones y un ejemplo de que el Puerto estaba encaminado.

Hoy, tal esperanza y optimismo han desaparecido por completo.

Entretanto, la falta de mantenimiento resultó en la necesidad de invertir $380 mil adicionales -también en fondos públicos- para reparar estas y otras grúas de menor escala, como reveló este semanario en mayo del 2012.

Fin de la negociación

Pasados diez meses de negociación con la firma KBCT, el Gobierno confirmó en agosto del 2010 el colapso irremediable de un posible acuerdo de operación.

Según denunció el representante del grupo coreano -ahora denominado Puerto Rico Korea Container Terminal (PKCT)- William Colón Martínez, el fracaso se debió -en gran medida- a las onerosas exigencias económicas formuladas por el comité negociador del gobierno central.

Exigencias que llevaron al Banco de Desarrollo de Corea -principal financiador del grupo- a retirarse de la mesa de negociación.

Por su parte, tanto el gobierno central como municipal insistían en la alegada “falta de capacidad financiera” del grupo coreano como justificación para el final del proceso.

Ante esto, la alcaldesa de Ponce decidió en septiembre del 2010 no extender el Memorando de Entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) entre la APA y el Gobierno Municipal, poniendo fin a un acuerdo entre las partes para desarrollar en conjunto el Puerto.

El espejismo de la Solución

Fracasada toda negociación con un operador de calibre mundial, sin ningún otro candidato en el horizonte y ante la creciente crítica pública por estancamiento del PLA, Meléndez Altieri anunció un remedio, su “Solución Ponceña”.

Presentada por Meléndez Altieri en diciembre del 2010 y finalmente firmada por Luis Fortuño Burset casi un año más tarde, la llamada Solución se apartaba de la visión original del fenecido alcalde Rafael Cordero Santiago, quien concibió un puerto de trasbordo.

En su lugar, proponía convertirlo en un puerto de carga doméstica.

La idea, además, alejaba en el tiempo la contratación de un operador de calibre internacional, para dejar la administración del terminal marítimo en manos de una nueva entidad municipal denominada como la Autoridad del Puerto de Ponce (APP). En la misma se consolidarían todos los activos del proyecto.

No obstante, lejos de ser la solución, la enigmática propuesta municipal se ha convertido en el más reciente problema del proyecto.

A solo meses de las elecciones generales y ante un mar de críticas por los constantes retrasos, el gobernador Fortuño Burset autorizó en julio del 2012 que el Banco Gubernamental de Fomento concediera una línea de crédito de hasta $59 millones para financiar los costos de arranque de la nueva APP.

También, para realizar obras de construcción en los muelles dos y tres, lo que permitiría encaminar el proyecto.

Las entonces criticadas advertencias de que se trataba de una mera promesa para ganar votos quedó confirmada. A ocho meses de su aprobación, la APP no ha visto un solo centavo del dinero.

Igualmente, los permisos federales para los proyectos de construcción en los muelles dos y tres caducaron.

Como si fuera poco, al cierre de esta edición no se ha completado la transferencia de activos del PLA -incluyendo las dos grúas post panamax- de la APA a la APP, según contemplaba la Solución Ponceña.

El traspaso debió concretarse el pasado 30 de junio.

Lo que sí ocurrió fue la renuncia de la directora ejecutiva de la APA, Rhonda Castillo Gammil. El pasado mes de diciembre abandonó la silla, dejando la entidad que aún controla los activos principales del Puerto, huérfana de dirección.

Esto, por consecuencia, ha dejado inactiva a la APP, entidad municipal que hoy debía estar operando el PLA.

Al final de esta marejada de complicaciones y malos manejos, el saldo ha sido dos negociaciones fracasadas, una Solución Ponceña que solo existe en papel, un puerto en total desuso y $300 millones de fondos públicos, perfectamente desaprovechados.

20 de marzo de 2013