El Plan de Ajuste y la legislatura: contrarios a los intereses del pueblo puertorriqueño

Prácticamente todos los economistas que han analizado el plan coinciden en que promete demasiado a los acreedores y que, eventualmente, Puerto Rico terminará en una segunda quiebra.

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La Junta de Control Fiscal (JCF) se apresta a confirmar el Plan de Ajuste de Deudas del gobierno central en un proceso complejo y atropellado, cuyas etapas principales podrían concluir en el mes de diciembre.

El Plan de Ajuste es el documento que dictaría las reglas de pago para todos los acreedores del gobierno central: desde los pensionados hasta los acreedores de bonos. Sin embargo, la JCF ni la jueza Taylor Swain pueden confirmar ese plan sin el aval de la Legislatura de Puerto Rico, organismo que deberá aprobar una ley que autorice a hacer las transacciones establecidas en el plan.

Conforme a PROMESA, el proceso legislativo permite que, además de autorizar esta transacción, la legislatura imponga sus condiciones para que el plan sea enmendado y proteja los intereses del pueblo de Puerto Rico y de nuestros pensionados.

El Plan de Ajuste de Deudas que se pretende imponer a Puerto Rico nos somete a una austeridad dramática e innecesaria para poder pagar a los acreedores. Un ejemplo de esto es que la austeridad va a conducir a la insolvencia y cierre de alrededor de 40 ayuntamientos municipales.

Esto ocasionaría despidos masivos y la eliminación de servicios esenciales a la población más pobre del país.

Además, prácticamente todos los economistas que han analizado el plan coinciden en que promete demasiado a los acreedores y que, eventualmente, Puerto Rico terminará en una segunda quiebra. Esto nos llevará a mayor pobreza, desigualdad y reducción dramática en los servicios del gobierno.

Por eso, la ponderación cuidadosa sobre la ley habilitadora es fundamental, pues le permite a la asamblea legislativa influenciar decisivamente en el resultado final del proceso de ajuste de deudas bajo el Título III.

La JCF está presionando para que la legislatura firme un cheque en blanco y le apruebe el plan, según redactado.

Su estrategia incluye alegar falsamente que la aprobación del plan acelerará la salida de la junta de Puerto Rico. Esto no es cierto.

Aunque la Ley PROMESA dice que la JCF se debe ir cuando se logren los cuatro presupuestos balanceados consecutivos y el acceso a los mercados a costos razonables, en realidad no podrá hacerlo hasta que se termine de administrar el caso de quiebras. Por tanto, esto puede durar muchos años más luego de lograr el acceso a los mercados a costos razonables.

Para un ejemplo de esto, en Detroit todavía el caso sigue abierto a pesar de que el plan de ajuste se confirmó en el año 2014.

El otro argumento que presenta la JCF es que, si no se confirma este plan, la jueza puede desestimar el caso y levantar la paralización automática. Esto tampoco es cierto. El caso se podría desestimar en la situación extrema de que la junta abandone el trámite del caso. Esto se llama “lack of procecution”.

La Junta tiene deberes de ley que no puede abandonar. Por tanto, esto es imposible.

Además, si se desestima, nada impide que se vuelva a radicar y se lograría otra vez la paralización automática. La salida evidente a que no se confirme este Plan de Ajuste es meramente enmendarlo. Ya la Junta lo ha enmendado siete veces. Una, dos o cinco enmiendas más, no van a ocasionar la desestimación del caso.

Sin embargo, la Cámara de Representantes comenzó el proceso legislativo con el pie izquierdo. En un trámite atropellado con una sola vista pública, sin haber hecho un análisis independiente económico sobre la viabilidad de Puerto Rico para cumplir con el Plan de Ajuste de Deudas y evitar una segunda quiebra, se aprobó el P. de la C. 1003.

La única virtud, necesaria pero no suficiente, es que condicionó las emisiones de bonos a que no se menoscaben las pensiones. Eso es parte importante de lo que hay que hacer, pero la Cámara de Representante dejó afuera el aspecto principal: la viabilidad de que Puerto Rico pueda cumplir con el Plan de Ajuste de Deudas que propone la JCF.

Por tanto, lo que hizo la Cámara de Representantes fue meramente posponer el problema financiero del pago de las pensiones. Esto lo hizo desoyendo la ilustrada ponencia del economista de Espacios Abiertos, Daniel Santamaría, quien demostró claramente todos los defectos del plan.

Por otro lado, tuve la oportunidad de comparecer a la vista pública y someter la evidencia de que, hasta el economista principal de la JCF, Andrew Wolf, concluyó en un informe pericial que como está la economía, Puerto Rico volvería a incurrir en déficits estructurales en el año 2036, lo que significa que no habría dinero para cumplir con las obligaciones del plan y volveríamos al punto en donde nos encontramos ahora.

El que no se apruebe esta legislación conforme a las exigencias de la junta no es el fin del mundo ni augura el fracaso del proceso de reestructuración. Tampoco resultaría en una lluvia de demandas o en la desestimación del caso. Esos son los miedos que la JCF está azuzando para que esta legislatura actúe sin ponderación ni mesura.

Si el Plan de Ajuste de Deudas actual, que ya va por la séptima versión, no se puede confirmar, pues entonces la junta tendrá que volver a la mesa de negociaciones para traer un octavo, noveno o el número que sea, hasta que dicho plan sea aceptable y confirmable.

La prisa nunca es elegante y en el caso del P. de la C 1003, se está atropellando el proceso sin que se tenga claro la extensión del poder que ahora se tiene contra la junta, ni los elementos que hay que tener en cuenta para poder defender apropiadamente los intereses del pueblo de Puerto Rico.

A la hora de cierre de esta edición, el Senado de Puerto Rico se aprestaba a votar sobre el Proyecto 1003. Si se aprueba el mismo, cualquier consecuencia económica y social provocada por la implementación del Plan de Ajuste de Deuda será responsabilidad de la asamblea legislativa.

(El autor es abogado litigante en el derecho de quiebras y asuntos relacionados a PROMESA. Representante legal de la UTIER y otros sindicatos en los procedimientos del Título III. Coautor de PROMESA, ensayo premiado por el Colegio de Abogados y Abogadas sobre la Ley PROMESA y sus consecuencias para el futuro de Puerto Rico)