Con el reclamo “El costo de vida no para de subir, pero nuestras pensiones siguen igual”, la organización Construyamos Otro Acuerdo (COA), junto a portavoces sindicales y de derechos humanos, exigió al Gobierno de Puerto Rico que otorgue un alivio de emergencia de $1,000 para todas las personas pensionadas del país.
El pedido se fundamenta en el aumento sostenido del costo de vida, la congelación de las pensiones por casi dos décadas y la creciente inseguridad alimentaria que enfrentan miles de adultos mayores.
“Después de una vida de trabajo y compromiso, no es justo ni humano que tengamos que regresar al mercado laboral por necesidad. Exhortar a los retirados a volver a trabajar no es apoyo, es abandono institucional”, expresó Myra Rivera, portavoz de COA.
Las organizaciones denunciaron que, en las últimas semanas, el Departamento del Trabajo ha promovido ferias de empleo dirigidas a personas jubiladas para llenar plazas en la industria de comida rápida, seguridad y construcción —puestos que requieren esfuerzo físico y largas jornadas.
El reclamo ocurre en medio del cierre del gobierno federal, que amenaza con afectar la distribución de fondos del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), del cual dependen más de 1.3 millones de personas en Puerto Rico, entre ellas miles de pensionados.
“Llevamos más de 18 años sin aumentos en las pensiones, y el Plan de Ajuste de la Deuda impone una década más sin revisión. En ese mismo periodo, el costo de vida ha subido más de un 35 por ciento. Esta realidad no solo es injusta: es insostenible”, sostuvo Ramón Santiago, portavoz de COA.
Según la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), el costo promedio de la canasta básica mensual en 2025 asciende a $509, sin incluir gastos esenciales como energía eléctrica, medicamentos o vivienda. Actualmente, más de 49 mil personas pensionadas reciben menos de esa cantidad al mes, lo que las coloca bajo el umbral de pobreza.
“No pedimos un bono ni un incentivo. Pedimos justicia. Garantizar un retiro digno no es un privilegio, es un derecho humano”, afirmó Mayra Muñoz, presidenta de la UAW International Union Local 1850 (AEELA).
COA advirtió que la falta de política pública local para proteger a los pensionados, combinada con la inflación y los altos costos de servicios, está provocando una crisis de sobrevivencia entre las personas mayores, muchas de las cuales dependen de familiares o redes comunitarias.
“Nadie debería pasar la vejez contando centavos o dependiendo de otros para poder comer. Un gobierno que no cuida a quienes lo sostuvieron, pone en riesgo su propio futuro”, reiteró Rivera.
Las organizaciones informaron que mañana, jueves 13 de noviembre, sostendrán una reunión con representantes de La Fortaleza para discutir la propuesta de alivio económico y la identificación de fondos para su posible implementación.
COA enfatizó que el retiro “no puede seguir siendo una promesa vacía” y que el alivio de $1,000 representa una medida “mínima, viable y humana” mientras se establecen mecanismos permanentes de justicia económica para los pensionados.
