Las asignaciones federales destinadas a la reconstrucción de Puerto Rico se enfrentan a otro huracán tras la presentación, el pasado viernes, de un plan fiscal de la administración del presidente Donald Trump que propone $1.5 billones (trillions en inglés) para el Departamento de Guerra y $600 mil millones menos para programas sociales.
El potencial recorte estrangularía al programa Community Development Block Grant (CDBG) hasta eliminarlo, lo que obligaría a más de mil alcaldes y gobernadores de los Estados Unidos y sus territorios a desistir de proyectos de mejoras capitales e infraestructura, advirtió la congresista demócrata Rosa DeLauro, miembro del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes federal.
En Puerto Rico, los 78 municipios han empleado sus fondos para revitalizar los centros urbanos, para el pago de gastos administrativos y el pareo de fondos de FEMA, un instrumento esencial que ha permitido a alcaldías casi insolventes cubrir hasta el 25 por ciento del costo de proyectos de infraestructura y recuperación de desastres tras el azote del huracán María.
El respaldo financiero también ha sido crucial para municipios como Guánica, Yauco, Guayanilla y Peñuelas, declarados como los territorios más impactados tras la secuencia sísmica del 2020.
Asimismo, CDBG ha otorgado a Organizaciones No Gubernamentales. pequeños negocios, instituciones financieras y ciudadanos subvenciones para capital de trabajo y equipo e, incluso, programas como “Pronto Pa’ Tu Casa” que facilitan la compra de viviendas.
No obstante, el director de la Oficina de Administración y Presupuesto federal, Russell Vought, sentenció que el programa CDBG y su presupuesto anual de $3,300 millones debe ser eliminado para “erradicar el gasto en proyectos ideológicos” que, a su juicio, no lograron dirigir la ayuda a las comunidades necesitadas.
Aun así, el presupuesto anual que presenta el presidente de los Estados Unidos se considera un reflejo de los valores de su administración y no es vinculante. El Congreso, la entidad a cargo de los asuntos del gasto federal, tiene la libertad de rechazarlo y a menudo lo hace.
Jeff Merkley, el demócrata de mayor rango en el Comité de Presupuesto del Senado, sentenció que el plan fiscal de Trump está “muerto al llegar”, al considerar que se trata de una propuesta “fuera de la realidad” que antepone “armas y bombas” a necesidades básicas como vivienda, salud y educación.
Entretanto, Patty Murray, la líder demócrata en el Comité de Asignaciones del Senado, calificó el presupuesto como “moralmente en quiebra” y sugirió que lo más responsable es “tirarlo a la basura”.
Sin embargo, líderes republicanos en el Congreso ya planean recurrir a la reconciliación presupuestaria, un mecanismo legislativo especial que permite aprobar leyes relacionadas con el presupuesto por mayoría simple en el Senado: 51 votos, en lugar de los 60 que suelen exigirse.
De esta forma, garantizarían la aprobación de $350 mil millones adicionales en gasto militar, sin depender de negociaciones con la oposición.
Según documentos de la Casa Blanca, esos fondos se destinarían específicamente al Golden Dome, el sistema de defensa de misiles propuesto por el presidente Trump, así como a la reposición acelerada de inventarios de armas y a inversiones en la base industrial de defensa.
La redistribución de fondos no ocurriría de inmediato tras la firma presidencial, ni tampoco los recortes. El nuevo esquema de gasto entraría en vigor al comienzo del próximo año fiscal, el 1 de octubre de 2026, e incluiría además $31,400 millones para financiar las operaciones del Departamento de Seguridad Nacional y la patrulla fronteriza.
En Puerto Rico, el 59 por ciento de los fondos CDBG para la reconstrucción no se ha desembolsado (DR-Disaster Recovery), al igual que el 94 por ciento de los fondos para mitigación, lo que aumenta su vulnerabilidad ante la propuesta de recortes federales.
Combinados, totalizan casi $15 mil millones y, de no ser reclamados antes, su vigencia caduca entre los años 2029 y 2033.
