WASHINGTON — Parecía una buena idea: legisladores demócratas de estados muy republicanos con las oportunidades de reelección amenazadas colaborarían con el otro partido para reducir las regulaciones bancarias, demostrando voluntad de colaborar con el entonces presidente Donald Trump y de distanciarse de sus correligionarios.
Esa improbable coalición votó en 2018 para anular partes de la ley de 2010 diseñada para evitar futuras crisis financieras. Pero ahora, muchos dicen que esos cambios contribuyeron a los colapsos del Silicon Valley Bank y del Signature Bank, y los subsiguientes temores de una crisis más generalizada en el sector bancario.
Los cambios se produjeron luego de una intensa campaña de presión política sobre el Congreso que costó decenas de millones de dólares, con cientos de cabilderos y promesas de dinero para campañas políticas.
El episodio ofrece un recordatorio del poder que ejerce el sector bancario en Washington, donde gasta millones de dólares para resistir regulaciones y con frecuencia contrata a excongresistas para que presenten el argumento de que la banca no es una fuente de riesgo para la economía.
“La conclusión es que estos bancos hubieran sido supervisados más intensamente con la ley original, pero el Congreso y la administración Trump la diluyeron”, dijo Carter Dougherty, vocero de Americans for Financial Reform, un grupo experto en asuntos financieros de tendencia izquierdista. “Hay una relación causal directa entre la desregulación durante la presidencia Trump, impulsada por los agentes del sector bancario, y el caos de las últimas semanas”.
El presidente Joe Biden pidió al Congreso autoridad para imponer castigos más severos a los bancos en problemas. El Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, en inglés) han iniciado investigaciones. Y los demócratas en el Congreso están pidiendo más restricciones sobre las instituciones financieras.
Pero hasta el momento no ha surgido ninguna coalición bipartidista que pueda restaurar las regulaciones, lo que deja patente el poder que tiene todavía el sector bancario.
Esa influencia quedó demostrada cuando el lobby bancario trabajó por dos años para diluir aspectos de la Ley Dodd-Frank de 2010, que impuso fuertes regulaciones a los bancos a fin de reducir el riesgo a los consumidores y obligar a las instituciones a emprender prácticas de créditos e inversión menos riesgosas.
Los republicanos desde hace mucho ansiaban quitarle poder a la ley. Pero en vez de impulsar una desregulación total, el senador republicano Mike Crapo, republicano de Idaho que encabezaba la comisión de banca de la cámara alta, propuso una reforma más específica con la esperanza de atraer apoyo de demócratas moderados y conseguir una mayoría de 60 votos, necesarios para vencer un boicoteo en el Senado.
Crapo propuso la idea a los senadores demócratas Jon Tester de Montana; Joe Donnelly, de Indiana, y Heidi Heitkamp, de Dakota del Norte —todos buscaban la reelección en 2018— así como a Mark Warner, de Virginia. Para el otoño de ese año, el grupo bipartidista se reunía regularmente, según una copia del horario de la oficina de Tester colocada en el sitio del legislador.
