Desembolso de liquidaciones pone en riesgo la nómina en alcaldía ponceña

La transacción fue calificada como “irresponsable” por el nuevo alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón.

Foto archivo

A horas de concluir su mandato, la exalcaldesa María Meléndez Altieri dedicó uno de sus últimos trámites oficiales del pasado sábado a salvaguardar los intereses económicos de sus colaboradores más cercanos.

Fuera de horas laborables y sin notificarlo a la administración entrante, la funcionaria autorizó el desembolso de $539,593 en fondos públicos para las liquidaciones de vacaciones y días por enfermedad de sus empleados de confianza.

Como adelantara La Perla del Sur hace dos semanas, la administración saliente gestionó el pago a toda prisa, de forma preferencial, y a pesar de las advertencias sobre la potencial insuficiencia de fondos que causaría en las arcas municipales, a días de una transición.

La transacción fue calificada como “irresponsable” por el nuevo alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón, tras reconocer que el jugoso desembolso atenta contra la capacidad para cumplir a tiempo con la nómina del 15 de enero.

Tras 12 años al mando del Gobierno Municipal, Meléndez Altieri entregó el ayuntamiento con un déficit operacional de $78 millones, deudas a largo plazo por $287 millones, $86 millones en compromisos de pago no cumplidos con suplidores y un presupuesto sobreestimado en más de $20 millones, según el informe oficial de transición.

“No se nos dio ningún aviso o informe de parte de la administración saliente. Nos damos cuenta hoy (lunes) cuando se están haciendo las medidas básicas para la nómina del 15 de enero”, afirmó Irizarry Pabón.

“El banco nos notifica que hubo un proceso el sábado, donde se trabajó una nómina de liquidaciones para los directivos salientes. En ningún momento nos informaron que iban a tomar esta acción”, continuó.

“El comité de transición entrante hizo una petición a la alcaldesa y al comité saliente sobre esta situación, pero nunca recibimos respuesta”, recalcó. “Ahora nos vemos en la necesidad de reaccionar de manera urgente para que no se afecten nuestros empleados regulares”.

Entre los funcionarios de estrecha confianza a quienes la exalcaldesa pagó liquidaciones, resalta la exdirectora de Planificación y Desarrollo, Cándida León Ribas, quien presuntamente acumuló beneficios por $60,962.

También la mano derecha de la exalcaldesa, Jessica Nieves Soto, quien reclamó $45,721, dieciocho meses después de recibir otros $23,343 por el mismo concepto.

En la lista aparecen además la directora de la Oficina de Ayuda al Ciudadano, Omayra Colón Pérez, con $41,149, y la gerente administrativa en Educación Municipal, Carmen Bravo Ramírez, a quien desembolsaron $31,460.

“Esto no me sorprende en lo absoluto, porque ese fue el modus operandi de esa administración durante 12 años”, destacó por su parte el exalcalde de Ponce, Francisco Zayas Seijo. “Esta gente esperó hasta el último día para hacer esto”.

“Todo el mundo sabe que Ponce tiene un déficit monstruoso y acabas de pagar un bono de navidad, que subieron a $600, que le costó al municipio como $700 mil más (de su presupuesto). Ahora le sumas más de medio millón en liquidaciones, que se llevan justo cuando se van”, continuó.

“Lo que dejan es un verdadero desastre”, agregó el exalcalde.

También los $100 mil a la Fiscalía Federal

Por otra parte, Irizarry Pabón confirmó que el pasado viernes, 8 de enero, la administración saliente también desembolsó otros $100 mil en fondos públicos para la Fiscalía Federal, como parte de un acuerdo extrajudicial con la exalcaldesa, que han calificado como “confidencial”.

El arreglo fue ratificado por la mayoría novoprogresista en la Legislatura Municipal el pasado 28 de diciembre, sin ofrecer explicación, ni rendir cuentas a la ciudadanía, sobre las violaciones imputadas a la administración de Meléndez Altieri.

Sin embargo, a preguntas de La Perla del Sur, el nuevo alcalde de Ponce tampoco ofreció explicaciones sobre el polémico desembolso de fondos públicos.

“A mí se me había informado preliminarmente, de una manera somera, que era un acuerdo confidencial donde me tuve que someter a la confidencialidad de no dar información”, sostuvo.

“Detalles no los puedo dar, porque estoy bajo los efectos de esa confidencialidad y solamente se me informó algo superficial de lo que estaba pasando. En estos momentos, no te puedo dar más información”, insistió.

Expresiones similares ofreció al director del Departamento de Noticias de WPAB 550 Radio, José Elías Torres, en entrevista divulgada el pasado sábado.

Entretanto, Zayas Seijo cuestionó por qué se insiste en mantener secreto un acuerdo con la Fiscalía Federal, que fue transado con fondos públicos.

“Cuando tú te vas a Fiscalía Federal transar, es que hubo violación de ley. Obviamente, hay una ilegalidad aquí de la cual no se quiere hablar”, puntualizó el exalcalde.

“Me sorprende que el alcalde (Irizarry Pabón) lo esté aceptando. Yo no creo que deba aceptarlo”, añadió en referencia al acuerdo de confidencialidad. “La gente de Ponce tiene derecho a saber en qué se gasta su dinero”.

Quedarán fuera empleados transitorios

Por último, Irizarry Pabón reconoció que -ante el cuadro fiscal actual- no podrán renovarse contratos de servicio a un número notable de empleados transitorios, cuyas funciones expiran el martes, 12 de enero.

Bajo esta categoría, el ayuntamiento cuenta con cerca de 400 trabajadores. Aunque no pudo ofrecer cifras precisas, estimó que cerca de la mitad de ellos podría verse afectado.

“Hay que recordar que a raíz de la investigación que hice del 2012 al 2016, se encontró que se contrataron a más de 300 empleados, ilegalmente. Muchos de esos, el 90 por ciento, tenían jornada completa, contrario a la reducción de jornada que le impuso la exalcaldesa a los empleados regulares”, sostuvo.

“A aquellos empleados que sean de alta necesidad se les va a contratar y, aquellos que no se puedan contratar inmediatamente, se van a evaluar para luego ver si se pueden contratar”, concluyó.

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