Depone la UTIER ante el Congreso

En su ponencia ante el Comité presidida por el congresista Raúl Grijalva, el líder sindical fue enfático en la importancia del nombramiento del inspector general independiente

Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la UTIER, (Foto: EFE)

WASHINGTON D.C. – El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Rafael Figueroa Jaramillo depuso el martes, frente al Comité de Recursos Naturales del Congreso de los Estados Unidos donde insistió en el nombramiento de un inspector general independiente privado (IPSIG, por sus siglas en inglés) para que se enfoque en corregir los problemas de desperdicio, fraude y abuso que impiden a la AEE cumplir con su misión.

En su ponencia ante el Comité presidida por el congresista Raúl Grijalva, el líder sindical fue enfático en la importancia del nombramiento del inspector general independiente.

“El nombramiento de un IPSIG para la AEE permitiría que el gobierno federal y otras partes interesadas tengan confianza en que las decisiones de la AEE sean dirigidas por los principios de la gestión profesional y no por la interferencia político partidista”, puntualizó Figueroa Jaramillo en la ponencia sometida al Comité.

El presidente de la UTIER, le solicitó al Comité que no se asigne dinero federal para la reconstrucción del sistema eléctrico de Puerto Rico hasta que se establezcan los mecanismos y procedimientos que garanticen la transparencia y buen uso de los fondos asignados. Para ello, insistió nuevamente en el nombramiento del inspector general independiente que se encargue del cumplimiento y uso de los fondos asignados a la AEE.

En la ponencia presentada al mediodía, Figueroa Jaramillo también expuso al Comité de Recursos Naturales que el acceso a la electricidad y al menor costo posible es un derecho humano fundamental y que debe estar garantizado bajo el modelo público a todas las clases sociales.

Explicó también que, en efecto “la AEE debe ser reformada para adaptar sus procesos tecnológicos, para mejorar su infraestructura, para abrirse al uso de energía de fuentes renovables y limpias, para procurar abaratar costos de producción y para una administración más eficiente.”

Insistió en que se pretende que el Congreso asigne miles de millones de dólares para una reconstrucción de un sistema eléctrico pero que no existe un plan integrado de recursos, ni un plan de desarrollo económico ni una verdadera visión energética, todo con el único propósito de que los privatizadores utilicen el dinero público federal para así generar sus ganancias y secuestrar a un país.

Por otro lado, añadió que la Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico no es un “Green New Deal” como han querido hacer ver en Estados Unidos y que el uso de los fondos federales que asignen para la reconstrucción del sistema eléctrico serían utilizados para subsidiar la privatización de la AEE.

“La Ley (Ley Núm. 120 de 20 de junio de 2018) se aprobó sin que existiera un estudio que demostrara el beneficio asociado a la privatización. De hecho, la Ley elimina el que se realice un estudio de deseabilidad y conveniencia para las transacciones. Cabe señalar que la política energética recientemente aprobada por la Legislatura en Puerto Rico no es ningún “Green New Deal” como se ha pretendido vender en Estados Unidos. Los únicos objetivos claros establecidos son privatizar la PREPA y desplegar la generación de gas natural. Los fondos federales se utilizarán para subsidiar la privatización y no para atender las necesidades y mejores intereses del pueblo puertorriqueño”, explicó el presidente de la UTIER.

Antes de concluir su turno ante la Comisión, Figueroa Jaramillo fue enfático en que Puerto Rico necesita los recursos federales asociados a la reconstrucción de la AEE, pero que necesitan también que dichos recursos se utilicen de la manera correcta y con transparencia.

“La reconstrucción del sistema eléctrico de Puerto Rico es un imperativo material para la recuperación del país. Pero tenemos que asegurar que dicha reconstrucción nos ubica mejor preparados para enfrentar retos atmosféricos y económicos futuros”, añadió.

La ponencia presentada por la UTIER fue sometida junto a los estudios elaborados por el doctor José Alameda Lozada y el doctor Alfredo González Martínez, titulado Análisis del Impacto Socioeconómico del Proyecto del Senado 860 y de la C de R 1481: Transformación del Sistema Eléctrico de Puerto Rico, y el estudio elaborado por Cathy Kunkel como Analista de Energía y Tom Sanzillo, Director de Finanzas del Institute for Energy Economics and Financial Analysis titulado PREPA Privatization Will Hurt Consumers and Slow Economic Recovery (Plan Will Raise Rates While Missing Opportunity to Transition to Renewables).