Crece el coro de voces contra reglamento para las cenizas de carbón

“Disponer de este material contaminado de la manera que se pretende en este reglamento es un acto criminal en otras jurisdicciones”, detalla el decreto firmado por el doctor Enrique Meléndez, director del Departamento de Química, junto a otros 12 académicos.

Foto: Omar Alfonso

Profesores del Departamento de Química del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) se unieron esta semana a la ola de científicos, médicos, abogados y ecologistas que reclaman se descarte el reglamento propuesto para el manejo de cenizas de carbón en el país.

Mediante manifiesto enviado a La Perla del Sur, 13 catedráticos de la institución advirtieron que el protocolo propuesto por el Gobierno de Puerto Rico vulnera estatutos federales, eleva el riesgo de daños a la salud pública y los recursos naturales de la isla, y exime de responsabilidad económica a la carbonera AES por eventos futuros de contaminación y remediación.

“Disponer de este material contaminado de la manera que se pretende en este reglamento es un acto criminal en otras jurisdicciones”, detalla el decreto firmado por el doctor Enrique Meléndez Martínez, director del Departamento de Química, junto a otros 12 académicos que, entre otras conclusiones, refutan el reglamento “en su totalidad”.

Sus objeciones, precisa la misiva, parten del conocimiento público sobre la composición química de las cenizas de carbón, las cuales concentran sustancias como arsénico y cromo que, “de acuerdo al National Research Council, producen toxicidad crónica”.

Esta información, subrayaron, ha sido constatada por científicos adscritos a agencias reguladoras como la Agencia de Protección Ambiental federal (EPA, en inglés), quienes han acumulado y publicado prueba fehaciente sobre la toxicidad de las cenizas y residuos de la combustión de carbón.

Además, el gremio formuló serios cuestionamientos por la forma en que el DRNA obvia en su propuesta potenciales riesgos a los acuíferos del país.

“Puerto Rico tiene una altísima densidad de acuíferos. Dado que las cenizas poseen componentes tóxicos, es irresponsable disponer de ellas en áreas cercanas a nuestras reservas de agua, pues en un corto plazo causarían la contaminación de esos cuerpos de agua y a través de ellos se estaría afectando directamente la salud de las personas”, continuaron.

Incluso, la especialista en química ambiental Marta Laura López Moreno señaló en entrevista que el reglamento propuesto por el DRNA no toma en cuenta el efecto a largo plazo de la exposición de suelos y cuerpos de agua a las cenizas. Tampoco, el factor acumulativo.

“Con la continua disposición de las cenizas en los cuerpos de agua y en los suelos, se están bioacumulando y biomagnificando (tóxicos). Aunque lo están considerando como un residuo no peligroso, la bioacumulación va a tener repercusiones en un futuro cercano en la salud”, argumentó.

Relevo de costos y responsabilidades

Por otra parte, los catedráticos criticaron el que el reglamento propuesto transfiera la responsabilidad de los potenciales daños causados por las cenizas a entidades del gobierno, como el DRNA y el Departamento de Transportación y Obras Públicas.

“El reglamento aparenta transferir todos los riesgos y costos futuros de acciones de respuesta y mitigación causadas por los eventos de de contaminación pasados y/o futuros hacia los reguladores y hacia los putativos proponentes de usos beneficiosos de desperdicios no encapsulados, externalizando los costos y los riesgos asumidos en el pasado por el generador original”, precisan los químicos del RUM.

“El costo monetario al erario debido a la aprobación de este reglamento, en su versión actual, puede ser astronómico si se han estimado mal los riesgos a la salud y al medio ambiente relacionados a la diseminación (pasada y futura) de desperdicios no encapsulados”, continuó.

“Las consecuencias para la salud de nuestro pueblo serían catastróficas, resultando en graves daños a las personas y posiblemente afectando al propio gobierno por las subsecuentes demandas y litigios que esta acción acarree”, añadió.

El pasado mes de diciembre, La Perla del Sur y el Centro de Periodismo Investigativo desvelaron que la empresa matriz de la carbonera AES Puerto Rico, AES Corporation, utilizó una estrategia similar en el año 2007, cuando transfirió al Gobierno de la República Dominicana la responsabilidad y los costos futuros de cualquier daño o litigio ocasionado por las cenizas que abandonó en los municipios de Arroyo Barril y Manzanillo. Todo esto a cambió de un pago de $6 millones.

La primera demanda civil tras ese acuerdo se consumó en el año 2016, con una indemnización de $37.8 millones para 45 madres e infantes afectados por los tóxicos de las cenizas de AES, y sus representantes legales. La suma fue pagada con fondos del erario dominicano.

Otro desembolso millonario de las arcas de ese país también fue a parar a los abogados de AES, ya que el arreglo al que llegaron en el 2007 así lo estipula.

“Un acto potencialmente criminal como este, cometido con conocimiento de sus efectos potenciales sobre la salud y el medio ambiente, no es cónsono con una sana administración gubernamental que vela por el bienestar de todo un pueblo”, sentencia el manifiesto firmado por los 13 académicos del RUM.

Cónsonos

Su postura se suma a la de otras autoridades en la materia, como Judith Enck, exadministradora de la Región 2 de la EPA.

Quien fuera entre los años 2010 y 2016 la funcionaria de más alto rango en esa agencia federal para las jurisdicciones de Puerto Rico, Islas Vírgenes, Nueva York y Nueva Jersey, cuestionó el pasado mes la ausencia de parámetros de seguridad en el reglamento propuesto por el DRNA, tildó su posible aprobación como un “error gigantesco” y condenó públicamente sus motivaciones.

Vea aquí: Carta Químicos UPR Mayagüez

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