Controversia a la vista por el uso de “scooters” en calles de Ponce

Ante cuestionamientos sobre las incongruencias entre la Ley 22 y los endosos aprobados por la Alcaldía de Ponce a negocios que alquilan scooters en esta localidad, el alcalde Luis Irizarry Pabón adelantó que evaluará la posibilidad de regular su uso en la ciudad. La primera de estas empresas de alquiler, sin embargo, ya está en operación.

Foto archivo

El Gobierno Municipal de Ponce autorizó el pasado mes de abril que la empresa de alquiler de patinetas eléctricas Scooter on the Go se estableciera en la ciudad, a pesar de que no existen normas para regular su uso y aun cuando su manejo en las vías públicas es prohibido por la Ley 22 de Tránsito.

Asimismo, La Perla del Sur supo que la compañía Skootel, otra empresa con operaciones en San Juan y Mayagüez, gestiona desde hace meses su establecimiento en la Perla del Sur.

Scooter on the Go ofrece variedad de patinetas eléctricas para alquiler y promociona sus equipos en las redes sociales como “una nueva manera de recorrer el casco urbano”. Su local ponceño se ubicó en la calle Luna, esquina Marina -justo detrás de la casa Alcaldía- y opera de miércoles a domingo.

No obstante, luego de que el alcalde de San Juan, Miguel Romero, recibiera cientos de quejas por el mal uso de estos vehículos en las calles y aceras, y prohibiera mediante orden ejecutiva su uso en el Viejo San Juan, el ayuntamiento ponceño reevalúa su determinación.

Sin el aval de la Policía

Al ser abordado sobre el tema, el director auxiliar de la División de Patrullas y Carreteras de la Policía de Puerto Rico en Ponce, el teniente Sergio Arroyo Torres, confirmó que el uso de estas patinetas eléctricas en vías públicas es contrario a la ley, por lo que exhortó a la ciudadanía a evitar manejarlas en las calles.

Según explicó, las scooters caen bajo la definición de “Autociclo o Monociclo” establecida en el Artículo 1.11 de la Ley 22 de Tránsito.

“Se está evaluando cómo regularlas en la Legislatura (de Puerto Rico), pero al día de hoy están prohibidas en la vía pública”, puntualizó Arroyo Torres. “La Ley 22 es clara y hasta que no sea enmendada, eso es lo que está vigente”.

Aunque aseguró que la uniformada aún no ha intervenido con usuarios de scooters en las calles de Ponce, adelantó que de ocurrir, sus portadores podrían estar sujetos a multas de $100.

A revisión en la Legislatura Municipal

Entretanto, ante cuestionamientos sobre las incongruencias entre la Ley 22 y los endosos aprobados por la Alcaldía de Ponce a negocios que alquilan scooters en esta localidad, el alcalde Luis Irizarry Pabón adelantó que evaluará la posibilidad de regular su uso en la ciudad.

“Ante la preocupación de mucha gente y las situaciones que han pasado en otras localidades, particularmente en San Juan, vamos a someter esto a comisión en la Legislatura Municipal para que se haga un estudio y se den las garantías propias para la ciudadanía de que, si se va a establecer este sistema en la ciudad, se pueda regular de una manera correcta”, planteó el alcalde en entrevista con La Perla del Sur.

“Esto se está recomendando para los turistas y alguna que otra persona para recreación, y se va a determinar dónde va a ser el mejor uso”, continuó.

“Queremos que sea algo bien estudiado y que se den todas las garantías, tanto a las personas que usen estos vehículos como las personas que están conduciendo y los peatones”, añadió.

A pesar de estas expresiones, empero, Scooter on the Go ya está en operación.

Aun así, Irizarry Pabón planteó que entre las alternativas a ser consideradas por su administración figuran limitar su uso a ciertas áreas, incluyendo zonas recreativas como parques, La Guancha y la Plaza Las Delicias, entre otras.

Reclama “cese y desista”

Sin embargo, a juicio de la senadora Nitza Morán Trinidad, lo que procede en Ponce y todo el país es ordenar un “cese y desista” a las compañías de alquiler de scooters, hasta tanto se apruebe una regulación para su uso.

Morán Trinidad participó el pasado lunes en la vista pública de la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado, que investiga el establecimiento de negocios de alquiler de scooters en la isla, ya que es la autora de la Resolución del Senado 86 que encaminó dicha pesquisa.

“Por lo que vimos en la vista pública, entiendo que lo que procede es un ‘cese y desista’, porque ahora mismo no hay reglamentación para que se usen en la vía pública, ni en las ciclovías tan siquiera”, argumentó.

“Ni siquiera se sabe cómo expedir las multas por el uso indebido de las ‘scooters’. La persona que transitó con una scooters por la Avenida Baldorioty de Castro se fue impune”, abundó.

“Aquí hay una laguna de seguridad pública grandísima. Por eso nada más, corresponde un ‘cese y desista’”, reiteró.

Morán Trinidad además denunció que actualmente ninguna entidad independiente u oficina gubernamental tiene a su cargo la inspección de scooters para garantizar que cumplen con parámetros mínimos de seguridad.

“Esto se tiene que regular, como cualquier otro negocio. Se tienen que expedir unos permisos, se tienen que hacer unas inspecciones”, expuso.

“Como esto no está regulado, aun no hay ese tipo de control. Si un restaurante va a operar, alguien tiene que inspeccionar ese restaurante para asegurar su confiabilidad. Igual con un vehículo de motor. Esto no lo pueden hacer las mismas compañías de alquiler”, planteó.

“Ahora mismo, no hay nadie que te diga a ti que esas scooters cumplen con los requisitos mínimos de seguridad para operar en las vías públicas. Eso se auto inspecciona y no debería ser así”, añadió.

Aunque aclaró que no pretende su prohibición absoluta en la isla, la senadora insistió que permitir su uso sin una regulación adecuada se traduce en riesgos para usuarios, conductores y peatones.

“Yo creo que es un buen negocio y para los cascos urbanos es excelente, pero ahora mismo está prohibido. Las cosas se tienen que hacer bien y, primero que todo, tiene que estar reglamentado”, dijo.

“Yo creo que esto ha llegado para quedarse, pero primero tiene que estar en ley”, continuó. “Hay que atemperarse a los tiempos, pero hay que reglamentar también”.