Contralora advierte contra facturación de servicios por contratistas

En una misiva, también dirigida a senadores, representantes y secretarios de Gobierno con fecha de 19 de junio, les señala que se trata de una "acción contraria al estado de derecho"

La contralora, Yesmín Valdivieso, (Foto: Cybernews)

San Juan – La contralora Yesmín Valdivieso emitió una carta circular, OC 19-14 en la que le solicitó el jueves al gobernador Ricardo Rosselló Nevares, los presidentes legislativos, Carlos “Johnny” Méndez Núñez y Thomas Rivera Schatz, jefes de gabinete y de dependencias del gobierno que contratistas no pueden facturarles por requerimientos de información de la Oficina del Contralor.

“La Oficina del Contralor ha tenido conocimiento de que ciertos contratistas de distintas entidades gubernamentales pretenden facturar y cobrar como servicios profesionales, las contestaciones y la entrega de información en respuesta a nuestros requerimientos y solicitudes. Esto, como parte de nuestros procesos regulares de auditoría”, lee la carta circular.

Explicó que, en De Jesús González v. Autoridad de Carreteras. 148 D.P.R. 255, 267-268 (1999), el Tribunal Supremo de Puerto Rico enfatiza que el manejo prudente de los fondos públicos está saturado de intereses de orden público, así como la necesidad de evitar, entre otros, el favoritismo y la prevaricación en los contratos gubernamentales.

“Esto significa que los funcionarios y los empicados públicos no podemos ser partícipes de acciones u omisiones contrarias a la ley, aun cuando estas sean motivadas o solicitadas por los contratistas”, dijo Valdivieso.

“Los contratistas, no importa su clasificación, condición o clase de labores y servicios que llevan a cabo, al contratar con una entidad gubernamental en Puerto Rico, deben asumir la responsabilidad legal de mantener la información pertinente disponible para nuestro examen”, continuó.

“Por tanto, advertimos que facturar y cobrar por atender nuestras solicitudes es una acción contraria al estado de derecho. Esto, porque la Sección 22 del Artículo III de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece claramente que, en el desempeño de nuestros deberes, estamos autorizados para tomar juramentos y declaraciones y para obligar, bajo apercibimiento de desacato, a la comparecencia de testigos y a la producción de libros, cartas, documentos, papeles, expedientes, y todos los de mis objetos que sean necesarios para un completo conocimiento del asunto bajo investigación. En ninguna parte de la Sección 22 mencionada, se establece que una entidad o persona. sea privada o pública, puede cobrar por contestar o brindar información a nuestros requerimientos, los cuales son. evidentemente. de naturaleza constitucional.

También, la Asamblea Legislativa no ha delegado a ninguna agencia administrativa la autoridad de imponer normas de contratación gubernamental en las que autorice a los contratistas el cobro o el pago por nuestros requerimientos de información. Por tanto. esta acción no debe formar parte de las cláusulas contractuales que las entidades gubernamentales pactan con los contratistas. Al contrario. la entidad gubernamental debe fijar contractualmente la responsabilidad de los contratistas de mantener disponible toda información pertinente al contrato gubernamental, y sin costo alguno para el erario.

Además, el pago de una factura para tales propósitos es una actuación contraria a la Sección 9 del Artículo VI de la Constitución. que establece claramente que “sólo se dispondrá de las propiedades y fondos públicos para fines públicos y para el sostenimiento y funcionamiento de las instituciones del Estado. y en todo caso por autoridad de ley”, reza la carta circular.

“Advertimos que no puede pactarse ninguna prestación o contraprestación ni emitirse pago alguno, relacionado con que los contratistas cumplan con nuestros requerimientos de información y cobren por dicho concepto”, culminó.