Confirmado en vista pública: Atrofiado el plan para la reconstrucción de escuelas en el suroeste

Un informe oficial del Departamento de Educación revela que el refuerzo de las polémicas columnas cortas en 667 escuelas públicas del país no ha comenzado, aunque requieren solo semanas de obras, de acuerdo a ingenieros contratados

(Foto: Luis R. Vidal / Centro de Periodismo Investigativo)

A 14 meses del terremoto que estremeció la zona suroeste del país y dislocó la rutina escolar de miles de alumnos en la región, la respuesta del Departamento de Educación (DE) se ha limitado a inspecciones, estimados y propuestas de rediseño para los planteles más afectados en Guánica, Yauco, Guayanilla, Peñuelas y Ponce.

Como consecuencia, la agenda para reiniciar clases presenciales en estos municipios es aún incierta.

Según consta en ponencias escritas emitidas por titulares de agencias gubernamentales, incluyendo la designada secretaria del DE, Elba Aponte Santos, aún no existe una respuesta gubernamental concreta a la crisis en los planteles del suroeste.

Las ponencias -obtenidas por WPAB 550 AM y compartidas con La Perla del Sur- fueron presentadas la semana pasada ante la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central del Senado, que preside el senador Ramón Ruiz Nieves, como parte de una investigación legislativa sobre el estado de las escuelas en la llamada “zona cero”.

Disponibles 23 de 78

Al cierre de esta edición, 27 de las 78 escuelas en los municipios de Guánica, Yauco, Guayanilla, Peñuelas y Ponce mantienen el título de “no aptas” para uso debido a los daños causados por los sismos, mientras que otras 28 estructuras solo pueden utilizarse “parcialmente”.

Solo 23 pueden reabrirse de manera segura, según el conteo oficial del DE.

Sin embargo, en ninguna de las escuelas afectadas por los temblores han comenzado las tareas de reparación o reconstrucción y en la inmensa mayoría ni siquiera ha iniciado el proceso de subasta.

“Los estudiantes del sur han sido abandonados. Aquí se ha desperdiciado el tiempo, se han enfocado en otras cosas y se siguen dejando los problemas para después”, sentenció el vicepresidente de la Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación (UNETE), Emilio Nieves Torres.

“No debe quedar duda que el Departamento de Educación no tiene y no ha tenido un plan para bregar con esto. Esos planes no existen. Los alcaldes de la zona que lo han denunciado por meses han tenido toda la razón”, añadió.

Inspecciones, subastas y aseguradoras

Los documentos obtenidos también revelan que entre las causas para la parálisis de la reconstrucción resalta el trámite más elemental del proceso: la inspección de los planteles afectados.

Hasta el pasado mes de diciembre, la Agencia federal para el Manejo de Emergencias (FEMA en inglés) solo había inspeccionado 35 de las 157 escuelas clasificadas en “estado de emergencia”. Las mismas ubican dentro de los 14 municipios declarados como Zonas de Desastre.

Y aunque la designada secretaria de Educación expuso en su ponencia que en los pasados dos meses el ritmo de inspecciones se ha acelerado, al cierre de esta edición aún no se había atendido casi el 30 por ciento de ellas.

“A un año y un mes de transcurrido dicho sismo, es meritorio aclarar que la OMEP no tiene asignado al momento de esta ponencia presupuesto para realizar trabajos de reapertura de los referidos planteles, ni cómo se sustituirá la planta física. De igual forma, tampoco se han realizado subastas para esos fines”, expuso por otra parte el gerente general de la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas (OMEP), Miguel A. Colón Morales.

Entretanto, el subdirector ejecutivo de la Autoridad de Edificios Públicos, Luis D. García Fraga, informó que la agencia aún negocia con la aseguradora MAPFRE las reclamaciones de las escuelas afectadas.

La Autoridad de Edificios Públicos, dueña de 425 planteles escolares en la isla -incluyendo 25 en la “zona cero”- ha sometido 60 reclamaciones por daños que totalizan $39 millones en indemnizaciones.

Inacción con las “columnas cortas”

Por otra parte, Aponte Santos validó que las obras para reparar las polémicas “columnas cortas”, tanto en las escuelas del suroeste como del resto del país, tampoco han iniciado.

De acuerdo al DE, 667 escuelas del sistema público poseen esta característica estructural, empleada para facilitar la ventilación cruzada, pero vulnerable a colapso en caso de un sismo severo.

A pesar de que el problema era de conocimiento general desde mucho antes del terremoto de enero de 2020, la respuesta del DE se ha limitado a contratar una firma de ingeniería que diseñe una corrección al problema.

Las tareas de refuerzo, empero, no han iniciado, aun cuando los ingenieros contratados han afirmado que la tarea solo toma “una o dos semanas” en completarse.

Sobre este asunto, la designada Secretaria del DE reconoció que la agencia aún busca “alternativas estatales y federales para sufragar el costo”, ya que el cambio no es elegible para fondos de Asistencia Pública de FEMA.

Vagones, transporte y alquileres para agosto

Por otra parte, Aponte Santos no identifica en su ponencia qué plan -si alguno- tiene el DE para reubicar a miles de estudiantes de escuelas clausuradas, cuando comience el próximo año escolar en agosto.

Recientemente, el DE canceló contratos de arren-damiento para sedes educativas temporeras con al menos siete locales privados, incluyendo el Hotel Copamarina y el Club de Leones de Sabana Grande.

El transporte de estudiantes a pueblos aledaños fue otra alternativa mencionada por Aponte Santos, pero de la cual no ofreció detalles.

Asimismo, el DE parece estar decidido a desembolsar sobre $10.4 millones para facilitar “vagones” a los estudiantes y maestros de Guánica.

Según estableció Aponte Santos, la propuesta para desarrollar un “parque de vagones” que acoja a estudiantes de siete escuelas públicas en Guánica va rumbo a un segundo proceso de subasta. Proyectos similares son considerados para los municipios de Peñuelas y Guayanilla.

“La primera subasta no pudo adjudicarse, puesto que los costos de los proponentes se excedían en una proporción significativa, incluso de lo proyectado”, indica por escrito Aponte Santos.

Sin embargo, el vicepresidente de UNETE descartó de plano la propuesta, ya que no está acorde con las realidades de la pandemia.

“Estos vagones no tienen ventilación y funcionan con aire acondicionado, lo cual no está acorde con los protocolos de la pandemia. Y operarlos sin aire acondicionado no funciona, particularmente en el calor de agosto en un municipio como Guánica”, subrayó Nieves Torres.

“Ahora mismo todo sigue en el aire. Hablan de ideas y propuestas, pero aún no hay nada seguro y no se han hecho subastas para reparar las escuelas. Esa es la realidad”, continuó.

“Siete meses son más que suficientes para hacer un buen plan. Pero 14 meses sin establecer un plan concreto ya es un crimen. No tener nada certero en la mano es inaceptable”, concluyó.

Al cierre de esta edición, 27 de las 78 escuelas en Guánica, Yauco, Guayanilla, Peñuelas y Ponce mantienen el título de “no aptas” para uso debido a los daños causados por los terremotos, mientras que otras 28 estructuras solo pueden utilizarse “parcialmente”. Junto a estas líneas, imagen de archivo de la Escuela Agripina Seda en Guánica. (Foto: Luis R. Vidal / Centro de Periodismo Investigativo)