Con “manos atadas” agencias y legislatura para impedir el transbordo de gas en la Bahía de Ponce

La zona identificada para el trasbordo se encuentra a tres millas náuticas del sector Cabullones y de la zona residencial de lujo Villas de Costa Caribe. Asimismo, a cinco millas náuticas de La Playa de Ponce y a siete del barrio Pastillo en Juana Díaz, dos áreas densamente pobladas.

Foto archivo

El Gobierno de Puerto Rico carece de autoridad para impedir que la empresa New Fortress Energy lleve a cabo el transbordo de gas metano licuado entre embarcaciones a tres millas náuticas de la costa de Ponce, a pesar de los riesgos que conlleva dicha operación y la amenaza que cierne sobre miles de residentes en el sur del país.

Así lo concluyó la Comisión para el Desarrollo y la Fiscalización de Fondos Públicos de la Región Suroeste de la Cámara de Representantes, una de las dos entidades legislativas que investiga el plan de la empresa estadounidense y cómo su propuesta se ocultó al país hasta que La Perla del Sur la revelara en primicia, el pasado 20 de enero.

Según declaró el presidente de la comisión cameral, Ángel “Tito” Fourquet Cordero, fueron las propias agencias locales -la Autoridad de Energía Eléctrica, la Oficina de Gerencia de Permisos y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales- quienes confirmaron su incapacidad para intervenir en el trámite, debido a un tecnicismo de jurisdicción federal.

El mismo, argumentaron, impide que agencias locales velen por el cumplimiento de leyes y procesos, en zona marítima de jurisdicción estadounidense.

“Es frustrante, pero te confieso que en este momento, es la realidad que estamos enfrentando”, expresó Fourquet Cordero sobre la falta de opciones locales para intervenir con el proyecto.

“Las agencias no sabían nada (del proyecto) y luego de indagar, reconocen que no tenían ni que enterarse, porque es un asunto federal”, continuó.

Como revelara La Perla del Sur al inicio de este año, New Fortress radicó en mayo de 2020 una solicitud a la Guardia Costanera para que le permitieran establecer en la Bahía de Ponce un perímetro de seguridad para el intercambio de gas entre barcos tanque contratados por la empresa.

Esto como parte de su plan para transportar gas metano licuado hasta el muelle de las centrales eléctricas de San Juan.

La zona identificada para el trasbordo se encuentra a tres millas náuticas del sector Cabullones y de la zona residencial de lujo Villas de Costa Caribe. Asimismo, a cinco millas náuticas de La Playa de Ponce y a siete del barrio Pastillo en Juana Díaz, dos áreas densamente pobladas.

El permiso fue aprobado este año, sin que el trámite fuera consultado con las agencias reguladoras en la isla, supo además este semanario.

¿Indignación?

“Es inaceptable que una situación como esta pueda pasar desapercibida para efectos administrativos en las agencias y sin que la ciudadanía tenga conocimiento”, lamentó Fourquet Cordero.

“Me uno al reclamo de ambos alcaldes aquí en el sur (Ponce y Juana Díaz) en su rechazo a la intervención de esta empresa privada, sin tener que pasar por un solo proceso de revisión de las agencias locales”, continuó el representante.

Ante esto, indicó que su comisión realizará gestiones a nivel federal para expresar su oposición al proyecto, pero admitió que será cuesta arriba revertirlo.

“Vamos a intentar llevar los informes y unas misivas que vamos a estar cursando a las entidades federales. Pero siendo honesto, a veces es bien difícil para nosotros asumir jurisdicción y acceder a las entidades federales, porque por el orden jerárquico, no nos tienen que responder y se tiene que trabajar por otros canales”, reconoció.

Entretanto, Fourquet Cordero esperará a que la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos ambientales y Reciclaje de la Cámara -entidad legislativa que también investiga las operaciones de New Fortress y cuyas vistas públicas continuarán en agosto- concluya su investigación para incluir su informe final sobre el proyecto en el sur.

Sin arrancar, por ahora

A pesar de que la empresa presuntamente obtuvo el aval de la Guardia Costanera, la operación no se materializará hasta que se dilucide una impugnación radicada por grupos ambientales, opinó el representante.

La misma se centra en el terminal marítimo que se construyó para el despacho de gas licuado de New Fortress, sin el permiso y consentimiento de entidades reguladoras críticas, como la Federal Energy Regulatory Commission (FERC).

“En cuanto al intercambio de gas en altamar en el sur, parece que con el permiso del ‘Coast Guard’ es suficiente, pero si se identifican irregularidades en otras áreas de la operación (San Juan), eso podría resultar en que no puedan hacer su negocio”, dijo.

“El proyecto en San Juan, a diferencia del intercambio de gas en altamar acá en el sur, si conlleva una intervención de las agencias estatales, porque hay un infraestructura ahí, que no es lo mismo que algo que estaría mar afuera”, concluyó.