Con auditoría certificada: Contralora confirma caos financiero en la Alcaldía de Ponce

La auditoría revela que hasta el 2016 la Alcaldía debía $9.5 millones a la AAA, $1.4 millones a la AEE y otros $1.4 millones al Departamento del Trabajo. El panorama fiscal fue señalado por La Perla del Sur en el 2013.

Foto archivo

El reiterado incumplimiento de pagos por parte de la administración de la alcaldesa María Meléndez Altieri ha elevado la deuda del Gobierno Municipal de Ponce a cifras nunca antes vistas.

Así lo confirma la más reciente auditoría certificada por la Oficina del Contralor de Puerto Rico, entidad que el pasado lunes además concluyó que entre el 1ro de julio de 2014 y el 30 de junio de 2017 Meléndez Altieri violó leyes y reglamentos al incumplir con su responsabilidad de pagos a varias agencias, creando una deuda combinada de $32.6 millones.

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Por consiguiente, para el cierre de dicho periodo el ayuntamiento había disparado su déficit acumulado a $44.7 millones, el más alto en Puerto Rico.

Asimismo, la auditoría confirma que esta administración municipal ha seguido incumpliendo con el pago de retenciones hechas a sus empleados. En especial, a la Administración de Sistemas de Retiro, por lo que la deuda con esta agencia alcanzaba los $15.3 millones, al 31 de diciembre de 2016.

Esta practica fue señalada por La Perla del Sur en octubre de 2013. Para esa fecha, la deuda con Retiro sumaba $3.9 millones y en agosto de 2016 ya rebasaba los $14.1 millones.

Más, mucho más

La auditoría publicada el pasado lunes revela incluso que al 31 de diciembre de 2016 la Alcaldía de Ponce adeudaba $9.5 millones a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados ($9,501,807), $1.4 millones a la Autoridad de Energía Eléctrica ($1,423,372), y otros $1.4 millones al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos ($1,415,115).

De igual modo, debía a esa fecha medio millón de dólares al Departamento de Hacienda, $284 mil a AEELA y $258 mil al Servicio de Rentas Internas Federal.

No obstante, el incumplimiento con estas agencias ocasionó que el ayuntamiento tuviera que asumir otro millón de dólares -$1,094,569- en penalidades por recargos e intereses.

La lista de acreedores, según la contralora Yesmín Valdivieso Galib, incluye otros $3.7 millones adeudados a una “entidad privada” por “aseguradoras, planes médicos y cuotas”.

“Atribuimos la situación comentada a que la alcaldesa y los directores de Finanzas en funciones no administraron eficientemente las finanzas del Municipio, al no realizar los pagos de las obligaciones contraídas y al no remitir a tiempo las aportaciones y retenciones realizadas a los empleados”, precisa el auditoría.

Entre las leyes y reglamentos violados en esta ocasión figuran los artículos 7.003 (b), (e), (f) y (g) y 8.004 (e) de la Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico (Ley 81 de 1991), el Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico (la Ley 1 de 2011) y el Reglamento General del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico.

También el Reglamento del Servicio de Rentas Internas Federal, la Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico y al Artículo VI del Reglamento para Ingreso Voluntario a la Asociación de Empleados del ELA.

A pesar de esto, la Contralora no refirió hallazgo alguno al Departamento de Justicia, ni a la Oficina de Ética Gubernamental.

Prioridades

El reiterado incumplimiento con deudas, la acumulación de estas y el congelamiento de ingresos futuros para planes de pago han sido señalados por La Perla del Sur y la Oficina del Contralor desde que Meléndez Altieri asumió el cargo en enero de 2009, sin consecuencia alguna.

Esta práctica, sin embargo, contrasta con la incesante otorgación de contratos externos en la Casa Alcaldía de Ponce.

En la más reciente ronda -entre septiembre y diciembre de 2018- Meléndez Altieri autorizó que se separaran $479,545 para un selecto grupo de asesores, abogados y aliados políticos, incluyendo la exvicealcaldesa de Guaynabo, Aurialis Lozada Centeno.

Solo los contratos concedidos a Lozada Centeno durante los pasados 14 meses ($623,280) rebasan la deuda del ayuntamiento con el Departamento de Hacienda y el Servicio de Rentas Internas Federal (IRS).

De igual forma, el patrón de impagos ocurre a pesar de que esta administración municipal redujo cinco años atrás la jornada y sueldo a cientos de empleados municipales, lo que se ha traducido en economías que rondan las decenas de millones de dólares.

Préstamos sobre deudas

Por último, la auditoría de la Contralora destaca que los incumplimientos de pago de la alcaldía ponceña continuaron, a pesar de que el ayuntamiento contrajo en octubre de 2013 un préstamo de $10 millones con el Banco Gubernamental de Fomento, para pagar deudas.

Esta cuestionable práctica fue denunciada un mes antes de que se concediera -en septiembre de 2013- por WPAB 550AM y La Perla del Sur.

“Consideramos que solicitar préstamos para el pago de deudas y obligaciones presupuestarias corrientes no es una buena práctica administrativa, ya que se cubre el pago de unas deudas de corto plazo con unas a largo plazo”, detalla el informe.

Al 30 de junio de 2016, la deuda del Municipio con el BGF era $314.3 millones, según estados financieros auditados.

La auditoría destaca además que los incumplimientos de pago de la alcaldía ponceña continuaron, a pesar de que el ayuntamiento contrajo en octubre de 2013 un préstamo de $10 millones para pagar deudas.