Reclaman cancelación del contrato al operador del Albergue de Animales de Ponce

El exlegislador municipal Justiniano Díaz Maldonado también destacó cómo el cobro que hace ARPS a personas que acuden al albergue, muchas veces es contrario a lo establecido en el contrato.

Foto archivo

Al cierre de otra maratónica vista pública en la Legislatura Municipal de Ponce para atender la crisis de animales abandonados en las calles de la ciudad, Mildred García Torres agarró su bastón, caminó lentamente hasta el podio y tomó el micrófono.

Tras escuchar a los deponentes previos, la rescatista de animales de 72 años de edad comenzó a leer su ponencia y a denunciar sucesos de maltrato y negligencia en el Albergue de Animales de Ponce.

Su relato hizo eco a las denuncias de otros rescatistas de la ciudad, quienes por años han reclamado cambios drásticos en la forma en que se atienden a los animales abandonados en Ponce.

La segunda y última vista pública para atender la situación de animales realengos en la ciudad se celebró el pasado martes, 21 de septiembre, en la Legislatura Municipal de Ponce.

“Todo animal que entra ahí, si no lo matan en días, se enferma con parvovirus, distemper o coccidia, que nunca han podido erradicar de las jaulas”, dijo García Torres, quien ha auxiliado animales desamparados por casi cuatro décadas.

“Ningún animal joven o puppy sin vacunar, ni desparasitar puede aguantar estar sano y vivo al cabo de dos semanas en esas jaulas con el trato que reciben”, sentenció.

La veterana rescatista explicó que fue voluntaria en el Albergue justo cuando Animal Rescue & Protection Services (ARPS) asumió las riendas del lugar hace una década. A raíz de lo que observó ahí, a lo largo de una semana, decidió abandonar su rol.

“Estaban hacinados de 12 a 15 por jaula”, dijo sobre los perros que estaban para aquel entonces en el albergue. “Grandes con pequeños, enfermos con sanos, sin comida, alegando que no había comida y que tampoco tenía quién los eutanizara. Todavía al día de hoy, coloca demasiados en una misma jaula y apenas se pueden mover”.

“Los que dijeron aquí de lo limpio que estaba el lugar y que todo se ve bien, sepan que las apariencias engañan. No solo importa la limpieza, sino el buen trato y respeto a los animales. Limpieza que hacen a manguerazo con los perros adentro de las jaulas, ensopándolos y que se sequen al aire. Protocolo equivocado. Se supone que los metan antes a otra jaula limpia y seca. Le instruí a (William) Quiñones le enseñase a sus empleados cómo limpiar jaulas y no lo hizo”.

“Al día de hoy, sigue esta mala práctica y los perros cogen catarro, pulmonía y distemper. No reciben tratamiento y mueren así allí, sino antes por la eutanasia”, abundó.

“Recuerdo un perro que dieron en adopción, años más tarde, enfermo con coccidia”, relató. “El dueño, molesto, no quiso pagar el tratamiento y lo devolvió al albergue. Yo le compré el tratamiento y al otro día se lo llevé a la secretaria de la perrera, para que se lo dieran de inmediato. Al cabo de unos días, fui a ver cómo seguía y el perro se había muerto, pues nunca nadie le dio las pastillas”, añadió.

“Es un negocio redondo”

Durante su ponencia, García Torres cuestionó la suma que cobra el albergue a personas que dejan sus animales en las instalaciones.

“Es un negocio redondo, pues además de los contratos con los alcaldes, cobra a la gente cuando entregan animales, algo que no se hace en albergues en Estados Unidos. De $30 a $60 dicho por él (Quiñones) y los puppies a $10 cada uno, total, para matarlos”, continuó.

La rescatista, además, criticó la forma en que se han dispuesto los animales muertos del albergue.

“Por 20 años alimenté perros por toda la Avenida Baramaya, hasta el vertedero y dentro de la compañía Tallaboa Trucking, cuyos dueños me lo permitían, y supe ver todos los lunes, miércoles y viernes camiones llenos de bolsas de basura con perros muertos, ir hacia el vertedero”, dijo.

“¿A dónde disponen de los animales muertos? Se supone que se cremen o se entierren fuera de bolsas plásticas para que sus cuerpos se hagan en poco tiempo. En bolsas dura años su descomposición”, abundó.

Adopciones e intervenciones

García Torres también se unió a las críticas de otros deponentes, quienes plantearon que ARPS ha incumplido con su responsabilidad de promover consistentemente la adopción como primer remedio para el alto número de animales que llegan al albergue.

“(Quiñones) dijo que antes de la pandemia, hacia muchísimos eventos de adopción. Estos eventos eran una vez al año, cuando en Estados Unidos se hacen semanales”, dijo.

“Saca a unos 15 perros bonitos, pequeños y peludos usualmente. Muchos de ellos ya salen enfermos y terminan en el veterinario o muertos o devueltos al albergue por los adoptantes, pues no se investiga si cualifican o tienen los recursos económicos para sufragar gastos de veterinario o no les importa si mueren”, explicó.

“Al final del evento, toma vídeos enseñando todas las jaulas vacías, diciendo que se dieron todos en adopción. ¡Un éxito! Pero no dice que ya había eutanizado todos los que no se presentaron al público”, puntualizó.

García Torres, además, acusó a ARPS de utilizar a la Policía para amedrentar a rescatistas y ciudadanos que alimentan animales desamparados en las calles.

“Dice que no se puede alimentar a realengos para que se mueran y no se procreen. Tiene a muchos policías adiestrados a decirnos que está prohibido alimentarlos o eres responsable de ellos, de lo que hagan y te los tienes que llevar a tu casa. ¿Y si alimento a un deambulante, también me lo tengo que llevar a mi casa?”, preguntó.

Ante esto, García Torres urgió al alcalde Luis Irizarry Pabón a revocarle el contrato a ARPS.

“La solución a todo esto es quitarle el edificio (a ARPS) a ver a dónde van a seguir con este negocio privado y cancelarle el contrato”, dijo. “No se puede seguir arrastrando los pies con el problema de tanto maltrato y abandono”.

“Incumplimiento de contrato”

Por su parte, el exlegislador municipal del Partido Independentista Puertorriqueño, Justiniano Díaz Maldonado, enumeró múltiples violaciones al contrato entre el ayuntamiento y ARPS, los cuales citó como razón suficiente para la cancelación inmediata del contrato entre las partes.

Desde febrero de 2012, ARPS ha firmado 13 contratos y enmiendas con el Gobierno Municipal de Ponce, que totalizan compromisos de pago por $2,114,950.

El contrato más reciente, firmado en noviembre de 2018 por la suma de $670 mil, le permite cobrar $10 mil mensuales por sus servicios hasta el 30 de junio de 2024.

Entre las violaciones señaladas por Díaz Maldonado figura el incumplimiento con el horario establecido en el contrato, y la negativa de realizar las tareas de patrullaje y recogido de animales.

“No nos llamemos a engaño. Yo quisiera preguntar a los presentes y a la ciudadanía ponceña cuántos patrullajes y recogidos de animales han visto en Ponce en los últimos años. Si es llamando al albergue y no acuden al llamado, mucho menos han realizado patrullaje”, sentenció.

“Es preciso ver la cantidad de animales que mueren en nuestras calles, atropellados por los vehículos de motor y allí mismo se descomponen, porque nadie los recoge”, continuó.

“Y los animales eutanizados en el albergue eran dejados en el área de depósito de material vegetativo para que fuera el municipio quien dispusiera de esos cadáveres”, añadió.

El exlegislador municipal también destacó como el cobro que hace ARPS a personas que acuden al albergue, muchas veces es contrario a lo establecido en el contrato.

“En (el) inciso 6 hay una parte titulada: Política de funcionamiento. En el número 1 se estipuló que para cubrir los gastos de vacunas, albergue, eutanasia se solicitará una aportación a la persona que entregue el animal al albergue, de acuerdo a la condición de salud que se encuentre el mismo. El albergue se compromete en aceptar el animal, aun cuando la persona no realice aportación alguna”, explicó.

“Esto último no se está cumpliendo. El mínimo que le cobran, porque no es una solicitud, son $30 por animal. Si usted no lo paga, se tiene que llevar el animal de regreso. Eso, además de ser una violación a este contrato, fomenta que los ciudadanos particulares que rescatan animales realengos, prefieran dejarlos a su suerte en lugar de rescatarlos”, continuó.

“Se acordó que Animal Rescue mantendrá un programa educativo en el trato de los animales creando proyectos y talleres educativos para las escuelas y diferentes entidades, así como un centro de información referente para el público que los visite. Le pregunto a este honorable cuerpo, ¿han visto alguna promoción a estos efectos? La respuesta en no. Ahí tienen otra violación al este contrato”, añadió.

“Nuestra humilde recomendación a esta Legislatura Municipal y al alcalde es que cancelen este contrato de inmediato por incumplimiento”, concluyó.

“Ningún animal joven o puppy sin vacunar, ni desparasitar puede aguantar estar sano y vivo al cabo de dos semanas en esas jaulas con el trato que reciben”, sentenció en vista pública la veterana rescatista Mildred García Torres.