Claman por cambios en el manejo de los animales abandonados

“Esterilizaciones masivas, vacunaciones y educación. Estas son las tres claves para atender este problema y son las que han funcionado en otras partes del mundo”, declaró Jorge Mercado Ruiz, presidente del Movimiento Social por Bienestar Animal.

Foto archivo

El establecimiento de eventos masivos de esterilización y adopción, la creación de una oficina municipal de protección animal y reclamos para que termine la masacre indiscriminada de animales en el Albergue de Ponce encabezaron los reclamos de la primera vista pública sobre la crisis de animales abandonados en la ciudad.

La sesión efectuada el pasado viernes en el salón sede de la Legislatura Municipal de Ponce, contó con la participación del alcalde Luis Irizarry Pabón y se centró en las operaciones del Albergue de Animales local, administrado desde el año 2012 por la empresa Animal Rescue and Protection Services (ARPS).

El contrato de operación con ARPS es reevaluado por la nueva administración municipal, ante reiteradas críticas de rescatistas y ciudadanos sobre los procedimientos en el Albergue y el alto número de animales que continuamente son sacrificados en esa instalación.

Desde que la exalcaldesa María Meléndez Altieri los contrató en febrero de 2012, ARPS ha recibido 13 contratos y enmiendas del ayuntamiento ponceño, que suman $2,114,950.

El acuerdo más reciente, firmado en noviembre de 2018 por la suma de $670 mil, le permite cobrar $10 mil mensuales por operar el Albergue hasta el 30 de junio de 2024. Asimismo, le garantiza el pago de utilidades y transportación, los que son sufragados con fondos públicos.

Sin prioridad la adopción

Durante la vista, el presidente de ARPS, William Quiñones Vélez, justificó el alto número de eutanasias que realiza el Albergue, afirmando que se trata de animales “no deseados” que han sido -en su mayoría- entregados por sus dueños y que, a su juicio, tienen pocas probabilidades de adopción.

Sin embargo, a preguntas de los legisladores municipales, Quiñones Vélez confirmó que en años recientes los esfuerzos de su empresa por promover adopciones han sido mínimos.

Incluso, reconoció que ARPS no ha realizado una feria de adopción en más de dos años. La empresa tampoco promueve los servicios que brinda ni los animales disponibles para adopción en su página web o las redes sociales.

Datos provistos por la compañía indican además que en el pasado mes de enero se sacrificaron al menos 118 animales, mientras que se adoptaron solo 21.

Durante el pasado mes de febrero -mes en que La Perla del Sur reportó la alta tasa de animales sacrificados en el lugar- ARPS reportó 240 adopciones, contra 113 eutanasias.

La tendencia, sin embargo, regresó al patrón denunciado a partir del mes de marzo con 273 eutanasias y solo 39 adopciones.

Durante la vista no se proveyeron datos posteriores al primer trimestre del 2021 y tampoco se explicó si los números provistos están sujetos a alguna auditoria independiente que garanticen su confiabilidad.

¿Negocio en instalación pública?

En la cita también se cuestionaron las contrataciones hechas entre Animal Rescue and Protection Services y otros municipios para disponer de sus animales realengos, aun cuando el Albergue en Ponce no cuenta con espacio disponible para recibirlos.

A preguntas de los legisladores, Quíñones Vélez precisó que actualmente mantiene contratos con otras siete alcaldías vecinas.

Sin embargo -según consta en registros de la Oficina del Contralor -durante los pasados tres años ARPS ha firmado al menos 46 contratos para recibir animales de 14 municipios, incluyendo Juana Díaz, Sabana Grande, Peñuelas, Coamo, Guayanilla. Guayama, Barranquitas, Jayuya, San Germán, Arroyo Guánica, Orocovis y Utuado.

Estos acuerdos totalizan $209,315: cantidad que se suma al contrato de $670 mil anuales firmado entre ARPS y el Municipio de Ponce en noviembre de 2018.

Por otro lado, también ha firmado 170 contratos para disponer de animales sin hogar desde febrero de 2012, por un monto que supera los $365 mil. Esto, sin contar los $2.1 millones acordados con el Municipio de Ponce desde entonces para operar el albergue.

ARPS también cobra a la ciudadanía por sus servicios de esterilización, cirugía, vacunas y por aceptar animales entregados por sus dueños.

Aunque Quiñones Vélez afirmó en la vista que los contratos solo le permiten recibir hasta 10 animales al mes, en realidad el volumen de animales que permite de otros municipios es mucho mayor.

Una revisión a varios de los acuerdo publicados en el Registro de Contratos del Contralor revela que ARPS puede acoger hasta 10 animales “diarios” -por contrato-, aún cuando las 144 jaulas del Albergue están llenas.

Como resultado, son sacrificados al poco tiempo de llegar al albergue, al no existir una política de rehabilitación de animales a mediano o largo plazo.

Cuestionan la “eutanasia”

Ante estas admisiones y revelaciones, rescatistas que participaron en la vista criticaron cómo la eutanasia se ha convertido en la “primera opción” de tratamiento a los animales que llegan al Albergue de Ponce.

“La eutanasia es realmente una palabra técnica que encubre lo que es realmente un acto de crueldad: el asesinato masivo de animales inocentes que tienen el potencial de ser mascotas”, sentenció Alejandra Zapata, profesora universitaria y directora de la organización We Love Satos.

“La eutanasia que tanto se usa en Puerto Rico como primera opción para tratar de controlar la proliferación de animales realengos, no ha resultado ser una estrategia muy eficiente para controlar la proliferación de animales realengos. No hay más que caminar por las calles de Ponce o de cualquier otro pueblo para darse cuenta”, puntualizó.

“Hay varias opciones mucho más humanas a esa táctica cruel y abominable, como la adopción responsable y la esterilización masiva”, añadió.

Plantean alternativas

En su lugar, rescatistas y organizaciones de protección de animales recomendaron alternativas que puede adoptar el ayuntamiento para atender el problema.

A juicio Jorge Mercado Ruiz, presidente del Movimiento Social Por Bienestar Animal (MOSPBA), entre los primeros pasos se debe crear una Oficina Municipal de Bienestar y Protección Animal, con el propósito de facilitar la coordinación con agencias, organizaciones y rescatistas.

El presidente de MOSPBA también recalcó la importancia de crear un Registro de Mascotas. “Los animales no están en la calle porque les da la gana. Están en la calle porque hay personas sin escrúpulos que los están tirando a la calle”, dijo.

Mercado Ruiz además enfatizó la necesidad de que el Gobierno Municipal sea proactivo al asignar fondos recurrentes para campañas de educación a la ciudadanía sobre el maltrato animal y para impulsar clínicas de vacunación y esterilización a bajo costo.

“Esterilizaciones masivas, vacunaciones y educación. Estas son las tres claves para atender este problema y son las que han funcionado en otras partes del mundo”, declaró.

“Hay animales callejeros que se tienen que ‘eutanasiar’, es una realidad. ¿Pero sabes qué? La mayoría sí se pueden salvar y deben ser salvados”, añadió al cuerpo legislativo.

Por su parte, Zapata destacó la necesidad de establecer una mejor colaboración con el Albergue de Animales, de manera que no se obstaculice la labor de los rescatistas.

“El Albergue de Ponce, la dependencia encargada de bregar con estos animales, debe hacer lo posible para hacerle más fácil -no más difícil- el trabajo que las organizaciones rescatistas que, de forma voluntaria y con mucho esfuerzo y dedicación, trabajan para tratar de salvar a estas criaturas”, comentó.

“Si al Albergue llega un animal que requiere atención médica urgente, sus oficiales deben permitir que las organizaciones rescatistas puedan difundir sin problemas ni obstáculo esa información en las redes sociales, con el propósito de aumentar la posibilidad de conseguir ayuda para la criatura, lo más rápido posible”, abundó Zapata.

Por último, tanto Zapata como otros rescatistas sugirieron la implementación de un programa de TNR (trap-neuter-release) para esterilizar animales callejeros y controlar la población.

Mediante esta estrategia, empleada por décadas en Europa y Estados Unidos, se atrapan gatos y perros, se vacunan y se esterilizan. Luego de un periodo de observación, son devueltos a su hábitat. Esto, con el propósito de frenar su reproducción y minimizar el riesgo para la salud pública.

“Sabemos que no es fácil, es un proceso. Pero es una forma de empezar a esterilizar e impactar a algunos de estos animales que ya están en la calle”, dijo Zapata.

“El TNR es algo con lo que vamos a tener que aprender a vivir”, insistió de otra parte Mercado Ruiz.