Cautela del Ejecutivo ante propuesta de crear Comité para preparar el Plan Fiscal

La medida, de la autoría de Soto Torres, propone que dicho Comité cuente con representación de la sociedad civil y de la Rama Legislativa

foto: Suministrada

EL CAPITOLIO – La Comisión de Hacienda, Presupuesto y de la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, “PROMESA”, presidida por el representante Antonio “Tony” Soto Torres, comenzó el miércoles, el estudio del Proyecto de la Cámara 2077, que propone incluir dos nuevos incisos a la “Ley de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico” (AAFAF), para establecer un Comité del Plan Fiscal a cargo de preparar el Plan Fiscal del Gobierno de Puerto Rico al amparo de la Ley PROMESA.

La medida, de la autoría de Soto Torres, propone que dicho Comité cuente con representación de la sociedad civil y de la Rama Legislativa.

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Según la propuesta legislativa, el Comité estaría presidido por el Director Ejecutivo de la AAFAF, además del Principal Oficial Financiero (CFO, por sus siglas en inglés), el Secretario del Departamento de Hacienda (DH), un miembro nombrado por la Cámara de Representantes y un miembro nombrado por el Senado de Puerto Rico. Además, en representación del interés público, se nombrarían a un planificador y un economista que serían elegidos por el Gobernador con el consentimiento de la Asamblea Legislativa.

El licenciado Mohammah Yassin, en representación de la AAFAF, mostró reservas en la aprobación de la medida propuesta por el representante Soto Torres. Informó en comunicación escrita que, “la responsabilidad y obligación de desarrollar el Plan Fiscal para el Gobierno de Puerto Rico corresponde y recae en el Poder Ejecutivo a través del Gobernador”.

De igual forma, sostuvo que la determinación está bajo la protección de la Cláusula Territorial de la Constitución de Estos Unidos y que el Congreso, deliberadamente, excluyó a otros funcionarios y Ramas del Gobierno territorial de este proceso. “Legislación estatal contraria a lo anterior sería inconsistente con los objetivos de PROMESA”, añadió.

Corrido, el Presidente de la Comisión cuestionó que se establezca el Comité por mandato de Ley versus el actual proceso que realiza la Rama Ejecutiva junto con AAFAF para crear el Plan Fiscal.

Además, acudió el licenciado Juan Carlos Ramírez Ortiz del Departamento de Justicia (DJ), quien disintió de la pieza legislativa, ya que “violenta el principio de separación de poderes que emana de nuestra Constitución, pues conferiría la facultad de nombrar funcionarios de una entidad ejecutiva a los presidentes legislativos, poder que está constitucionalmente reservado para el Gobernador”.

A su vez, el Funcionario planteó que, según redactada la legislación, esta “adolece de un defecto constitucional craso, pues invade poderes delegados expresamente sobre la Rama Ejecutiva”.

Mientras que en representación del DH asistió Iván Vega y señaló que la Ley PROMESA expresa que la creación del Plan Fiscal recae bajo la responsabilidad del Ejecutivo, al mismo tiempo, mencionó, “entendemos que incorporar al Comité miembros que no sean parte del Ejecutivo tendrá el efecto de que el Plan Fiscal finalmente prestado no se ajuste a la política pública del Gobernador, quien eventualmente será responsable del mismo ante la Junta”.

El representante Soto Torres insistió en la audiencia sobre la importancia de garantizar la transparencia de estos procesos, que trastocan los asuntos de política pública y presupuestaria afectando el día a día de los puertorriqueños. “Yo sé que hay un privilegio al Ejecutivo, pero no hay privilegio absoluto”, argumentó.

En la misma línea, los representantes Jesús Santa Rodríguez y Jesús Manuel Ortiz González, en sus respectivos turnos, apuntaron al impacto que tendrá el Plan Fiscal en la ciudadanía. “Uno sabe la situación fiscal que tiene el país. El Plan Fiscal tiene impacto en la calle”, dijo Ortiz González al indagar sobre los gastos en consultoría externa de la AAFAF.

Antes de finalizar, el representante y presidente de la Comisión, Soto Torres, solicitó a las tres instrumentalidades gubernamentales a entregar opiniones legales referente a presentarle una “terna” al Gobernador y que elija el miembro para que sea considerado como nombramiento ante la Asamblea Legislativa, las agencias medulares que deben pertenecer al Comité elaborador y las disposiciones necesarias para que el proceso sea uno transparente.