Caras conocidas con nuevos contratos en la Casa Alcaldía de Ponce

“Hay que terminar algunos casos que están pendientes y por eso la contratación de Cancio Nadal”, respondió el alcalde Luis Irizarry Pabón al ser cuestionado sobre los nuevos acuerdos de pago con el bufete, ascendentes a $75 mil.

Foto archivo

El expresidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) e ingeniero Carlos Ignacio Pesquera Morales no es el único asesor de la pasada administración municipal que ha vuelto a toparse con tierra fértil para contratos de servicio en la Casa Alcaldía de Ponce.

Joseph Harrison Flores, uno de los consultores financieros contratados por la exalcaldesa María Meléndez Altieri a lo largo de una década, ha logrado el aval para que el nuevo alcalde Luis Irizarry Pabón le conceda un contrato de sobre $2 millones para brindar “consultoría financiera” al ayuntamiento.

Entre el 2010 y 2020, Harrison Flores recibió al menos 16 contratos y enmiendas a través de su firma Harrison Consulting Group, que totalizaron $351,784 en desembolsos autorizados por Meléndez Altieri.

El monto, sin embargo, apenas compara con los $2,154,545 que el alcalde Irizarry Pabón acordó con Harrison Flores para “consultoría y asistencia técnica” de proyectos gestionados con fondos federales.

El contrato tendrá vigencia hasta diciembre del 2026, por lo que excede en casi dos años el actual término del ejecutivo municipal.

Durante los pasados dos años, Harrison Flores ha logrado una bonanza en contratos de servicio con alcaldías, tanto del PNP como del Partido Popular Democrático, brindando asesoría en el manejo de proyectos y fondos federales.

Entre el 2019 y 2020 solamente, su firma recibió contratos de consultoría a estos fines en 24 municipios, que totalizan sobre $3 millones.

Sin embargo, el contrato concedido en Ponce el pasado mes de agosto es -por mucho- el más gravoso.

“Es un consultor que tiene que ver con los fondos ARPA (American Rescue Plan Act) y Vivienda, que tiene una experiencia y estamos trabajando con la distribución y manejo de los $84.6 millones, particularmente de fondos ARPA”, respondió Irizarry Pabón al ser abordado sobre el particular por La Perla del Sur.

“Él ha sido consultor de varios municipios, sin mirar partidos políticos. Municipios grandes como Caguas y Bayamón. Nosotros buscamos referencias, él nos hizo una presentación y, acorde sus conocimientos y preparación en el tema, entendemos era la mejor opción para trabajar con estos fondos”, agregó.

De rivales en los tribunales a contratistas

Un revisión al más actualizado Registro de Contratos de la Oficina del Contralor, empero, confirma que Pesquera Morales y Harrison Flores no son los únicos contratistas a quienes el alcalde ha decidido retener tras la salida de la exalcaldesa y ahora delegada congresional por la estadidad.

El bufete metropolitano Cancio, Nadal & Rivera LLC también logró el pasado 1 de julio un nuevo contrato de $75 mil para “servicios legales”, aún cuando su reiterada y costosa contratación durante la incumbencia de Meléndez Altieri fue insistentemente cuestionada por Irizarry Pabón cuando era legislador municipal de minoría.

Cancio, Nadal & Rivera LLC fue el bufete que la exalcaldesa empleó para defender el recorte de jornada a los empleados municipales y evitar pagar adeudos por excesos de licencia por enfermedad (enfermito).

También fue contratado por Meléndez Altieri para impedir la entrega de documentos públicos de la nómina municipal, algo que el propio Irizarry Pabón reclamó por años, antes de ser elegido alcalde.

El bufete además fue utilizado por la exalcaldesa para negociar con la fiscalía federal una penalidad de $100 mil en fondos públicos por irregularidades detectadas durante su administración.

Durante la pasada década, solo Cancio, Nadal & Rivera LLC recibió de la Casa Alcaldía de Ponce contratos que totalizan $2.2 millones.

“Hay que terminar algunos casos que están pendientes y por eso la contratación de Cancio Nadal”, respondió Irizarry Pabón al ser cuestionado.

“No nos podemos desprender, de la noche a la mañana, en cuanto a casos que ya llevan tiempo litigándose en el municipio, ya sea por la exposición, ya sea por el conocimiento y ya sea también porque el cambiar de un abogado a otro conllevaría una preparación que pudiera costarle más al municipio de Ponce”, insistió.

Otros más

Por otro lado, este semanario detectó que otra conocida contratista de la pasada administración obtuvo otro acuerdo con la alcaldía de Ponce de hasta $60 mil para, entre otras cosas, “facturación por servicios de ambulancia”.

Se trata de Sheila Otero Rivera y su firma MaxBilling, la que además obtuvo el pasado 13 de abril un contrato adicional por $30 mil.

Durante los pasados dos cuatrienios, Otero Rivera logró un docena de contratos que le permitieron cobrar hasta $367 mil por servicios de facturación.

Otro de los nombres conocidos en el registro es el del abogado Rafael Torres Torres, quien por más de una década fue cercano colaborador de la exalcaldesa y facturó al ayuntamiento cerca de $802 mil por servicios de consultoría.

Desde el pasado mes de febrero, Torres Torres aparece con otros cuatro contratos y enmiendas que suman $14 mil bajo el renglón de “servicios legales”.

Servicios legales

Por otra parte, el pasado 20 de julio la administración municipal otorgó dos contratos de $60 mil al bufete del abogado Rolando Emmanuelli Jiménez, para un total de $120 mil.

Esto, para brindar servicios de asesoramiento, representación y tramitación de gestiones relacionadas al Puerto de Ponce, el Aeropuerto Mercedita, la Ley PROMESA y la Junta de Supervisión Fiscal.

El pasado 23 de marzo, el Bufete Emmanuelli CSP había recibido otros dos contratos por $12,500 para “servicios legales”.

Emmanuelli Jiménez fue una de las principales figuras del Comité de Transición de Irizarry Pabón, tras prevalecer en las elecciones de noviembre de 2020.

Por otra parte, el abogado Pedro Ortiz Álvarez recibió el pasado 28 de junio un contrato de $75 mil para brindar “servicios legales” en la Alcaldía de Ponce. Entre los meses de marzo y mayo, había logrado otros tres contratos, que elevan su total a $154,580 en lo que va de año.

Al ser cuestionado sobre las razones para contratar bufetes y abogados externos cuando el ayuntamiento cuenta con una División Legal propia, Irizarry Pabón respondió que las contrataciones ocurren debido a la complejidad de algunos litigios.

“Le estamos dando taller a los abogados que tiene el municipio, pero hay ciertas especialidades y por la experiencia, que necesitamos buscar a estas personas que ya están preparadas”, declaró.

“Tenemos tres abogados en la División Legal y estamos por contratar a otro, más los bufetes externos para los casos que son de especialidad laboral y otros temas”, agregó.