Cámara de Representantes endosa prohibición a las cenizas de carbón

Foto: Leandro Fabrizi / CPI

En el último día para la aprobación de medidas, la Cámara de Representantes ordenó que enmiende la polémica Ley 40 de 2017 para que se prohíba “de manera clara y expresa” el depósito y disposición de cenizas de carbón en todas las vías, terrenos y vertederos de Puerto Rico.

La veda incluye además cualquier mezcla de estos residuos, por lo que a partir del momento en que la gobernadora firme la pieza y se convierta en ley, la carbonera AES no podrá distribuir en la isla su denominado Agremax, una combinación de cenizas que la empresa ha intentado comercializar sin éxito.

Tampoco podrá disponerlo en sistemas de relleno sanitario como el de ECWaste en Peñuelas, vertedero al que AES envió sobre 15 mil toneladas tras la falsa prohibición de cenizas que la administración de Ricardo Rosselló Nevares firmó en julio de 2017.

La medida aprobada hoy, el Proyecto del Senado 1221, solo permite que AES almacene por un término no mayor de un año los residuos que se destinen para la manufactura de cemento, hormigón, concreto u otro uso encapsulado. Este material deberá permanecer en tanques o silos, y nunca a la intemperie.

El material que no se destine a la manufactura, no podrá permanecer en la isla por más de 180 días, añade la pieza legislativa, por lo que AES vendrá obligada por ley a eliminar la colosal montaña de cenizas ubicada en su solar industrial de Guayama. En dicho depósito hay descargas que datan del año 2015, según documentos oficiales de la compañía.

En declaraciones ofrecidas previamente a la Cámara, el nuevo director de AES Puerto Rico, Jesús Bolinaga, estipuló que hasta el pasado mes de septiembre la empresa almacenaba 421 mil toneladas de residuos de la combustión de carbón en su predio industrial, una cifra que equivale a 842 millones de libras. Al año, la carbonera produce cerca de 300 mil toneladas de cenizas.

La pieza -avalada con 45 votos a favor, uno en contra y otro abstenido- fue aprobada con enmiendas mínimas que no alteran su objetivo, por lo que ahora pasa a Comité de Conferencia con el Senado y la posterior firma de los presidentes legislativos.

En reunión efectuada en La Fortaleza con líderes de agrupaciones ambientales y civiles de Peñuelas, Salinas y Guayama, la gobernadora Wanda Vázquez Garced comunicó el pasado 30 de septiembre que firmaría el proyecto que le enviara la legislatura para convertir en ley la prohibición.

A partir de ese momento, el Departamento de Recursos y Ambientales tendrá 90 días para crear el reglamento que regirá la ley.

Agenda pendiente

Consumado este proceso, resta que ejecutivos de AES Puerto Rico informen al país cómo remediarán la contaminación que su monumental depósito de cenizas provocó en el subsuelo y acuífero del solar industrial de Guayama. Según estudios pagados por la propia compañía, la montaña gris ha envenenado la zona con concentraciones de selenio, litio y molibdeno en exceso de lo permitido por estándares federales.

Solo el selenio es considerado un peligroso neurotóxico.

De igual forma, falta que el gobierno local determine qué medidas tomará para examinar el grado de contaminación en los lugares donde AES y contratistas privados descargaron sobre dos millones de toneladas de cenizas, entre los año 2004 y 2011.

De acuerdo con registros oficiales de la empresa, esas cenizas se utilizaron como relleno de construcción para urbanizaciones y carreteras en Caguas, San Juan, Dorado, Vega Alta, Juncos, Mayagüez, Ponce, Coamo, Santa Isabel, Salinas, Guayama y Arroyo.

También se descartaron sobre 700 mil toneladas de cenizas de AES en el vertedero ECWaste de Humacao, entre los años 2014 y 2015.