Cámara Baja se prepara para votar una propuesta para financiar el muro

El congresista demócrata por el estado fronterizo de Arizona, Rubén Gallego, acusó hoy al liderazgo republicano del Congreso de hacer "el trabajo sucio" de Trump.

Fin del muro de lámina que separa al territorio mexicano (i) con el estadounidense (d), en el estado de Baja California (México), lugar donde a pocos metros se encuentra la propiedad de Porfirio Hernandez, la última casa antes de la frontera. Foto: EFE/ Alejandro Zepeda

Washington – La Cámara de Representantes se prepara para votar esta semana por un paquete presupuestario para el año fiscal 2018, que incluye los $1.6 millones que solicitó la Casa Blanca para empezar a construir un muro entre Estados Unidos (EUA) y México.

Los republicanos han incluido la propuesta del muro dentro del presupuesto para el Departamento de Defensa con el objetivo de obligar a los demócratas a votar a favor del muro, una de las propuestas estrella del presidente, Donald Trump, y que ha cosechado la oposición frontal del Partido Demócrata.

El congresista demócrata por el estado fronterizo de Arizona, Rubén Gallego, acusó hoy al liderazgo republicano del Congreso de hacer “el trabajo sucio” de Trump.

En una conferencia de prensa telefónica, Gallego reconoció que los demócratas se encuentran en una situación “difícil” porque si votan en contra de la propuesta para financiar el Departamento de Defensa dejarán a las tropas sin salarios, sin tanques y sin provisiones alimenticias o médicas.

“No debemos permitir que roben a nuestras tropas para satisfacer el frágil ego de Trump”, consideró Gallego, quien luchó en la guerra de Irak y quien, tras perder a su mejor amigo en combate, decidió iniciar su carrera política, primero a nivel local en Arizona y luego en 2014 en la Cámara de Representantes.

Durante la conferencia telefónica, también expresó su oposición a la propuesta para el muro Christian Ramírez, el director de la Coalición de las Comunidades del Sur, un grupo representa a 60 organizaciones de una punta a otra de la frontera, desde San Diego (California) a Brownsville (Texas).

“Urgimos al Congreso a que no vaya por el sendero de malgastar el dinero de los estadounidenses en la construcción de muros”, dijo Ramírez, quien consideró que los fondos deberían invertirse en mejorar, por ejemplo, los puertos de entrada, por los que miles de personas cada día cruzan la frontera entre México y EUA.

El dinero para el muro se incluye en una proyecto legislativo que incluye el presupuesto para 2018 (del 1 de octubre de 2017 al 30 de septiembre de 2018) de los Departamentos de Defensa, Veteranos, Energía y también para la rama legislativa.

No obstante, en esa propuesta no se incluye el presupuesto para el Departamento de Seguridad Nacional, encargado del muro y cuya financiación se considerará por separado en otra iniciativa.

A finales de mayo, la Casa Blanca, a través de su Oficina de Administración y Presupuesto, solicitó al Congreso $1.6 millones para construir 32 millas de muro en el sector del Valle del Río Grande (sur de Texas) y otras 28 millas de valla en esa misma zona.

También planteaba otras 14 millas de muro en el sector de San Diego (California), para sustituir la verja existente.

Estas son algunas de las zonas donde los agentes de la Patrulla Fronteriza efectúan un mayor número de detenciones.

Es posible que la propuesta coseche esta semana el apoyo de la Cámara de Representantes, donde los republicanos tienen una holgada mayoría con 240 escaños frente a los 194 de los demócratas, que se han opuesto en diferentes ocasiones a aprobar cualquier propuesta para financiar el muro.

Sin embargo, aunque la propuesta logre el apoyo de la Cámara Baja, es casi imposible que logre el respaldo del Senado.

Para ser aprobadas, las propuestas legislativas de gasto requieren el aval de 60 legisladores en el Senado, donde los republicanos solo tienen 52 votos y por tanto necesitarían el apoyo de ocho demócratas, algo que parece imposible.

El Congreso necesita aprobar un presupuesto para el año fiscal 2018 antes del final de septiembre y, si no lo logra, se produciría un cierre de la Administración, como ocurrió en 2013.