CAAPR reclama exención de la abogacía en el ofrecimiento de servicios de emergencia

El reclamo del licenciado Román Espada se sustenta en la exención de algunas actividades relacionadas con la profesión legal, contenida en la Orden Ejecutiva 2020-033. Esta es la segunda comunicación por escrito que el letrado envía a La Fortaleza para estos fines.

foto: Suministrada

SAN JUAN – El presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), Edgardo Manuel Román Espada, solicitó el lunes a la gobernadora Wanda Vázquez Garced, mediante carta, que se enmiende de forma inmediata la nueva orden ejecutiva para que los profesionales del derecho, sean representantes legales o notarios, sean considerados exentos para el ofrecimiento de servicios de emergencia.

El reclamo del licenciado Román Espada se sustenta en la exención de algunas actividades relacionadas con la profesión legal, contenida en la Orden Ejecutiva 2020-033. Esta es la segunda comunicación por escrito que el letrado envía a La Fortaleza para estos fines.

“De esta manera se viabiliza el ofrecimiento de un servicio esencial de emergencia reconocido por la Rama Judicial. Con ello se atiende la evidente contradicción surgida por disposiciones entre estas dos ramas de gobierno, mientras se favorece el acceso a la justicia a la ciudadanía que requiera de servicios esenciales de emergencia”, señaló Román Espada en la misiva.

“Los tribunales se mantienen abiertos limitadamente para atender situaciones de emergencia, incluyendo los buzones del Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Se ha informado que las vistas para adjudicar solicitudes de órdenes de arresto, solicitudes de traslados de menores, las referentes a órdenes al amparo de la Ley de Salud Mental, órdenes de protección, y recursos extraordinarios serán atendidas por el tribunal. Estos asuntos se atenderán ‘mediante video conferencias y de forma presencial tomando las medidas de salubridad recomendadas’”, añadió.

La Rama Judicial, además, identifica una serie de servicios esenciales provistos por el notariado durante la emergencia, entre los cuales se encuentran la autorización de instrumentos públicos, tales como poderes, poderes duraderos, testamentos y declaraciones juradas, entre otros.

“La OE 2020-033 contrasta con las expresiones de la Rama Judicial. En su sección décima, inciso 15, la orden dispone que se considerará excluida del toque de queda la representación legal ‘de ciudadanos imputados de delitos, con citación ante los tribunales, rebajas de fianzas y habeas corpus’. Dicha excepción, en extremo limitante, no incluye los servicios esenciales provistos por profesionales del Derecho y del Notariado para atender situaciones de emergencia identificadas por el Tribunal Supremo. Por tanto, quien atienda asuntos que la propia poder judicial ha determinado como esenciales durante esta emergencia, enfrenta la posibilidad de una intervención, citación o incluso un arresto al amparo de la Orden Ejecutiva vigente”, subrayó.

De otro lado, Román Espada reiteró el compromiso del Colegio con la promoción del grupo consultor para asuntos relacionados con la población en situaciones de vulnerabilidad, y puso a la disposición del gobierno recursos y propuestas que puedan surgir para incluir en la política pública adoptada para el manejo de la emergencia a las personas sin hogar, adultos mayores, menores de edad, mujeres en situaciones de violencia y maltrato y personas privadas de su libertad, entre otros.