Buscan prohibir que quienes defrauden al Gobierno durante una emergencia puedan volver a licitar

Foto: Suministrada

EL CAPITOLIO – El representante José Enrique “Quiquito” Meléndez anunció el domingo que ha presentado un paquete de medidas legislativas relacionadas a la crisis mundial que se vive a causa del virus COVID-19 (Coronavirus) y que ha afectado al pueblo de Puerto Rico,  y el manejo de la emergencia por parte del Gobierno Central y sus municipios.

Dentro de la medidas legislativas presentadas el legislador radicó un proyecto de ley para enmendar el “Código Penal de Puerto Rico”, el “Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico”, y la “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico” con el objetivo de inhabilitar permanentemente de contratar o licitar con el Gobierno de Puerto Rico a cualquier persona o compañía registrada que cometa un delito contra el ejercicio del cargo público y contra los fondos públicos del Gobierno, durante una declaración de estado de emergencia o desastre, debidamente decretado por el Gobernador de Puerto Rico o por el Presidente de los Estados Unidos de América.

Para el Lcdo. Meléndez el Gobierno de Puerto Rico ha establecido un sin número de medidas con la intención de atender la situación de emergencia que se experimenta a causa del Coronavirus. Sin embargo, entiende que para salvaguardar que los procesos durante una emergencia se realicen de manera clara y libre de actos de corrupción es imperativo desarrollar legislación que proteja el sistema público de acciones que laceran la credibilidad del Gobierno de Puerto Rico.

Según la exposición de motivos de la medida, “esta Ley se aprueba en consideración a la política pública que impera en Puerto Rico, y que establece que: (1) la corrupción es un mal que afecta todos los niveles de nuestra sociedad; (2) la corrupción en el ejercicio de la función pública es uno de los mayores impedimentos que enfrenta el Gobierno de Puerto Rico para asegurar mejores y más eficientes servicios a la ciudadanía; (3) a los fines de erradicar la corrupción, se deben aunar los esfuerzos de todos los componentes del Gobierno para prevenir, investigar y procesar los actos de corrupción; y (4) debemos fortalecer las protecciones a las personas denunciantes y asegurar que los infractores respondan por sus actos y les caiga todo el peso de la ley a los que defraudan la confianza depositada en ellos por el Pueblo de Puerto Rico.”

 

Ley proveerá asistencia a Hijos de Fallecidos por COVID-19

Otra de las medidas presentadas por el representante Meléndez busca crear una ley a fines de otorgar beneficios a los hijos del honroso grupo de ciudadanos que, en el descargo de sus funciones, expusieron sus vidas a favor de la vida, salud y seguridad de sus conciudadanos durante la crisis de la pandemia del COVID-19.

De acuerdo a los medios noticiosos, ya han sido varias, las víctimas fatales que, de una manera u otra, se infectaron a causa de la profesión que ejercían. Específicamente, se ha reportado la muerte de dos enfermeras y un policía. Asimismo, entre los casos de personas confirmadas con el COVID-19, se han reportado médicos, paramédicos, policías, entre otro personal activo, tanto del sector público y privado, que realizan labores de manejo u otro tipo de intervención en la crisis.

La Ley presentada dispone que la Universidad de Puerto Rico y todas sus unidades académicas, así como cualquier institución de educación postsecundaria del Estado o sus municipios, brindarán prioridad en la admisión de estudiantes a los hijos de personas fallecidas en el cumplimiento del deber durante la pandemia del COVID-19. Establecerá además un fondo especial para otorgar una beca a estos hijos y así puedan obtener una fuente de ingreso adicional.

La pieza legislativa establece que se enmendará la “Ley de la Lotería Adicional”, a los fines de destinar un punto cinco por ciento (.5%) de los recaudos por concepto de los diferentes juegos aquí establecidos para dirigirlo a ese “Fondo Especial para Becas de Hijos de Personas Fallecidas en el Cumplimiento del Deber durante la Pandemia del Coronavirus 2019 (COVID-19)”.

“Tomando en cuenta el valeroso servicio que nos han brindado una significativa cantidad de ciudadanos que, por motivo de sus profesiones, trabajan en el manejo del Coronavirus, nos parece imperativo, como muestra de agradecimiento crear la presente Ley. Estas personas exponen sus vidas todos los días a favor de la vida, salud y seguridad de sus conciudadanos. Algunos, lamentablemente han fallecido, y otros, posiblemente, pudieran fallecer en el cumplimiento de su deber, dejando atrás a sus hijos y familias. Por ello, se hace necesario brindarles a estos buenos ciudadanos, quienes exponen su vida por nosotros y el pueblo, la tranquilidad de que si algún día ellos faltaran sus hijos contarán con un apoyo que les permitirá alcanzar sus anhelos educativos, expresó Meléndez.

 

Ley establecerá Procedimientos de Contratación previo a una Emergencia

Por último, el legislador Quiquito Meléndez indicó que ha impulsado un proyecto de ley por petición ciudadana, que crearía la “Ley Para la Preparación Efectiva y Procedimientos de Contratación Previo a Una Emergencia y Desastre Natural” con la intención de que se desarrolle un proceso anticipado y proactivo a nivel estatal y municipal, en cuanto a la contratación de servicios de emergencia, para desastres naturales o emergencias.

La exposición de motivos de la medida expresa que la misma busca impulsar un método de preparación tal y como lo establece la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA), la cual describe el concepto de “preparación para desastres” como “un ciclo continuo de planificación, organización, capacitación, equipamiento, ejercicio, evaluación y toma de medidas correctivas en un esfuerzo por asegurar una coordinación efectiva durante la respuesta a incidentes. Dentro del Sistema Nacional de Gestión de Incidentes (ICS, por sus siglas en ingles), la preparación se centra en los siguientes elementos: planificación, procedimientos y protocolos, capacitación y ejercicios, calificación y certificación de personal, y certificación de equipos”.

Durante los pasados años Puerto Rico ha sido foco de varias emergencias naturales mayores. Durante el proceso del manejo de estas, la ejecución y administración de las entidades públicas ha sido crítica para atender las mismas. Tanto así que la vida, propiedad, seguridad y el bienestar general de los ciudadanos ha estado en riesgo.  Y esto se debe en parte a que los recursos públicos de las entidades de gobierno y las entidades municipales no alcanzan para atender la magnitud de los esfuerzos necesarios para responder inmediatamente a una emergencia.  Adicional, el proceso burocrático para adquirir bienes y servicios durante una emergencia y poder enfrentar las misma hace la situación peor aún. Esto sin contar los problemas de selección de suplidores a la carrera no cualificados para ofrecer los servicios, la inflación de precios por parte de suplidores, entre otros asuntos.

Meléndez  indicó que “la ley ayudaría a establecer mecanismos en todas las instrumentalidades del Gobierno, tanto a nivel central y como municipal. Procedimientos especiales con suplidores con contratos ya vigentes que tengan la capacidad de atender casos de emergencias. Esto ayudaría a agilizar la respuesta del gobierno y representaría una buena práctica de preparación antes de una emergencia. Adicional  crearía un sistema que vaya acorde con los principios de una buena planificación del concepto de “preparación de desastre” como: eliminar situaciones que afecten la respuesta y coordinación de emergencia de las entidades gubernamentales, reducción de gastos innecesarios de fondos públicos locales o federales, un portal de transparencia proactivo donde el ciudadano tenga conocimiento de que suplidores serán responsables de las tareas durante la emergencia, liberalizar a las entidades gubernamentales y municipales de las alzas de precios en el mercado durante la emergencia, y asegurar la compra de bienes y servicios de suplidores cualificados.”