Debatirá la legitimidad de la Junta ante el Tribunal Supremo federal

El veterano abogado ponceño Rolando Emmanuelli Jiménez adelantó que será su socia, la abogada Jessica Méndez Colberg, quien presentará los argumentos ante el Tribunal Supremo federal, el próximo mes de octubre.

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Todo comenzó como un reclamo jurídico para cuestionar la legitimidad de la Ley PROMESA y su Junta de Control Fiscal (JCF).

Desde su despacho legal en la Perla del Sur, el veterano abogado ponceño Rolando Emmanuelli Jiménez y su socia, la abogada Jessica Méndez Colberg, idearon una estrategia para presentar argumentos con implicaciones profundas. El medular, que el nombramiento de los siete integrantes de la Junta se realizó de forma contraria a la Constitución de los Estados Unidos, convirtiéndola en nula.

Ahora, este reclamo validado por el Primer Circuito de Apelaciones federal en Boston el pasado 15 de febrero, será debatido ante el Tribunal Supremo federal, foro que deberá sopesar si se invalida la Junta y se revierten sus acciones.

“Esto es algo que no ocurre todos los días”, reconoció Emmanuelli Jiménez, quien al recibir la inusual notificación el pasado 20 de junio, laboraba en su oficina.

“No nos tomó por sorpresa, en la medida que reconocemos la importancia del caso y el asunto de que hay una ley federal declarada inconstitucional. Pero sí, es un excelente logro”, añadió.

Tras 22 meses de litigio en los tribunales federales de Distrito y Apelaciones, el caso ahora ha sido colocado en el calendario de los jueces del Supremo para la segunda semana de octubre.

La defensa del caso será presentada por Méndez Colberg, quien a sus 32 años de edad será una de las abogadas puertorriqueñas más jóvenes que litigue ante el máximo foro federal.

“Creo que es la mejor manera de hacerlo”, afirmó con aplomo Emmanuelli Jiménez. “Es una abogada joven, con una capacidad intelectual de primera. En un foro donde están acostumbrados a un tipo de abogado, que generalmente son varones y de edad avanzada, que la licenciada sea la que represente los intereses (del pueblo), me parece que es una gran decisión estratégica”.

Largo camino al Supremo

El Bufete Emmanuelli, en representación de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), radicó la demanda el 6 de agosto de 2017 en la Corte de Distrito federal, como parte de un pleito contra la Junta y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Según explicó Emmanuelli Jiménez, el cuestionamiento sobre la legitimidad de los nombramientos de la Junta surgió cuando el expresidente Barack Obama, siguiendo lo dispuesto en PROMESA, nombró a los integrantes de ese cuerpo utilizando una lista de candidatos sometida por el Congreso y sin someter los elegidos al consentimiento del Senado.

Este acto, insiste el abogado ponceño, violentó la Cláusula de Nombramientos de la Constitución federal, que requiere que los nombramientos del Presidente sean a su discreción y luego confirmados por la Cámara Alta.

“La Cláusula de Nombramientos establece que es el presidente quien nombra y el Senado (quien) confirma, pero aquí se hizo al revés”, planteó.

A pesar de esto, la jueza federal Laura Taylor Swain desestimó el pleito de la UTIER en agosto de 2018, acogiendo el argumento de la Junta: que el Congreso actuó acorde con sus poderes sobre el territorio.

“El planteamiento que hace la Junta es que la Cláusula (de Nombramientos) no les aplica, porque ellos son oficiales territoriales y no federales. En ese caso, ellos razonan que no hace falta cumplir con la Constitución, porque cuando se trata del gobierno de un territorio, el Congreso establece lo que le da la gana”, dijo Emmanuelli Jiménez.

“Pero en la medida que (la Junta) recurre a unos argumentos totalmente desprestigiados, demuestra que no encuentra de dónde agarrarse y están dispuestos a agarrar un clavo caliente para defender su postura de que no son oficiales federales”, continuó.

Victoria a medias

Tras este revés inicial, Emmanuelli Jiménez y Méndez Colberg acudieron al Circuito de Apelaciones en Boston, en septiembre de 2018, y el pasado 15 de febrero ese foro dio marcha atrás a la determinación de la Corte de Distrito y declaró inconstitucional los nombramientos en la Junta.

Sin embargo, aún cuando ratificó la ilegitimidad de los nombramientos por no cumplir con los requerimientos constitucionales, el apelativo optó por no revertir las decisiones tomadas por la Junta.

“Aún cuando nos da la razón, determinó validar las actuaciones de la Junta e, incluso, le permitió continuar operando al aplicar la Doctrina del Oficial De facto”, explicó Méndez Colberg.

“Esto es algo que se ha utilizado en otros casos cuando hay un nombramiento defectuoso. En consideración de que el oficial actuó de buena fe y el público confió en que ese funcionario tenía un nombramiento válido, (el tribunal) valida sus actuaciones”, continuó.

“Pero entendemos que el apelativo se equivocó. Este caso no cumple con la Doctrina del Oficial De facto, porque los miembros de la Junta sabían del problema con su nombramiento, desde el momento en que radicamos la demanda”, añadió.

En su determinación, el Tribunal Apelativo concedió 90 días para que el presidente Donald Trump someta los nombramientos de la Junta al Senado federal para confirmación, y así cumplir con la Cláusula de Nombramientos de la Constitución.

Al no lograrse en ese término, se concedió una extensión de 60 días adicionales, lo que extendió el periodo hasta el 15 de julio. Sin embargo, ante la alta probabilidad de que tampoco se cumpla con esa fecha, la Junta ya trabaja en una petición para que se conceda tiempo adicional.

Mientras tanto, la Junta ha seguido tomando decisiones, a más de cuatro meses de que el nombramiento de sus integrantes fuera declarado inconstitucional.

Oportunidad histórica

No conforme con las acciones del Apelativo, Emmanuelli Jiménez y Méndez Colberg sometieron una petición de certiorari ante el Supremo federal el pasado 5 de junio, pidiendo la anulación de las decisiones tomadas por la JCF.

El caso fue acogido por el Supremo 15 días después.

“El hecho de que el Supremo federal acoja el caso, eso de por sí solo es un logro”, dijo Méndez Colberg. “La mayoría de los casos que se presentan, el Supremo no los atiende. Cuando los atiende es porque se trata de un asunto novel o de gran importancia”.

“Ha sido un proceso interesante, porque aquí estamos Rolando y yo, mientras que la otra parte tiene toda la maquinaria del Gobierno de los Estados Unidos y la Junta de Control Fiscal, con sus bufetes y abogados asignados a buscar cuanto argumento legal pueden encontrar para tratar de sacarnos del medio”, sostuvo.

De no surgir impresistos, Emmanuelli Jiménez estimó que bajaría una decisión del Supremo antes de concluir el año en curso.

“La situación que está viviendo Puerto Rico es una sin precedente. En estos días se está discutiendo el presupuesto que la legislatura quiere aprobar, pero quien va a decidir finalmente cuál es el presupuesto es una Junta de siete personas. Ellos han sido impuestos por el Congreso y el presidente, sin que los puertorriqueños hallamos tenido participación alguna en los procesos de selección de esa Junta”, sentenció Emmanuelli Jiménez.

“A la Ley PROMESA hay que derogarla. Es inaceptable y no es cuestión de parchos. Nuestra posición y la de la UTIER es derogarla”, sentenció.