Balde de agua fría para los municipios determinación federal sobre Ley 29

Foto: Suministrada

SAN JUAN – El presidente de la Junta de Directores del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), Javier Carrasquillo reaccionó el jueves a la determinación de la jueza federal, Laura Taylor Swain, de revocar la Ley 29 mejor conocida como Ley para la Reducción de las Cargas Administrativas de los Municipios.

“Yo creo que la determinación anunciada ayer (miércoles) por el Tribunal Federal, resulta ser un balde de agua fría en medio de toda esta emergencia que estamos atravesando (COVID-19)”, dijo Carrasquillo en entrevista radial (NotiUno).

“Sobre 40 municipios van a sufrir una reducción significativa de los ingresos y pone en riesgo la operación de esos municipios, sobretodo la prestación de servicios esenciales a la ciudadanía”, agregó.

La directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko respaldó la decisión de la jueza Laura Taylor Swain, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. Según Jaresko, la jueza Swain concedió a la JCF su petición de un procedimiento sumario, declaró que la Ley 29 es inaplicable y prohibió contundentemente al gobierno de Puerto Rico implementar o hacer cumplir esta ley. Además, el tribunal concluyó que, a menos que lo certifique la Junta, las Resoluciones Conjuntas para reasignaciones con fondos del año anterior, se hicieron en violación a la Ley PROMESA.

“Estábamos esperanzados también de que la juez reconociera el impacto que su decisión pudiera tener en las finanzas de los municipios, pero no fue así. Nos trae una nueva realidad y es que en medio de las situaciones más difíciles que hemos tenido que enfrentar, ahora resulta que el remedio que habíamos logrado, para resolver la situación del Fondo de Equiparación, no es la solución y tendremos que buscar la manera de cumplir con esas obligaciones”, dijo el también alcalde de Cidra.

Indicó que tuvieron una reunión con representantes de la JCF en la que se expusieron algunas opciones entre las que está que los municipios no tengan que pagar el 86 por ciento de las aportaciones al sistema de salud y liberarse de la obligación del pago de las pensiones y que se utilice un dinero recolectado por los municipios por contribución a la propiedad y que está destinado al Fondo de Redención estatal que cubre el pago de la deuda del estado.

Ante la baja en los ingresos por el coronavirus, Carrasquillo dijo que otra de las solicitudes que hicieron es que se detenga por tres años la reducción a las aportaciones que hacía el estado.

Mientras, la alcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez Altieri, dijo en una comunicación escrita que “sin duda (la decisión) alguna afecta de mala manera la operación de gran parte de nuestros municipios y  nos obliga a decidir entre cumplir con el pago de Pay Go u ofrecer los servicios básicos en medio de la secuela de cuatro crisis sin precedentes”.

“En este momento crucial que enfrentamos, esa determinación (de la jueza Taylor Swain) obliga al gobierno estatal y la Junta a establecer mecanismos financieros urgentes que permitan la continua operación de nuestros municipios, siendo nosotros los que estamos en la primera línea del manejo de estas emergencias”, agregó.