Bajo lupa las operaciones del Albergue de Animales de Ponce

ARPS administra el Albergue de Animales de Ponce desde febrero de 2012. Desde entonces, ha recibido 13 contratos y enmiendas que totalizan compromisos de pago por $2.1 millones.

Foto archivo

Ciudadanos y rescatistas de animales lo han advertido durante años: la mayoría de los perros y gatos “rescatados” de las calles o entregados por sus dueños al Albergue de Animales de Ponce son sacrificados a solo días de su arribo, aunque el animal no muestre problemas terminales de salud.

Las reiteradas denuncias, sin embargo, podrían extinguirse pronto, ante el anuncio de que la nueva administración municipal reevaluará

las operaciones del albergue y el contrato con la compañía Animal Rescue y Protection Services (ARPS).

El cuadro

Según reconoció a La Perla del Sur el presidente de ARPS, William Quiñones Vélez, semanalmente se sacrifican en este espacio entre 45 a 120 animales, por lo que el número de “eutanasias” que el Albergue de Ponce realiza al año podría rondar entre las 2,340 y 6,240.

“Ellos llevan muchos años ahí y hay demasiadas quejas con el lugar”, sentenció el Jefe de Gabinete de la Administración Municipal, Luis Báez Rodríguez.

El funcionario además tronó contra el número de animales que allí se sacrifican y cómo esa estrategia ha sido inefectiva para aminorar la población de manadas callejeras en la ciudad.

ARPS administra el Albergue de Animales de Ponce desde febrero de 2012, cuando fue contratada por la administración de la exalcaldesa María Meléndez Altieri.

Desde entonces, ha recibido 13 contratos y enmiendas que totalizan compromisos de pago por $2,114,950.

El contrato más reciente, firmado en noviembre de 2018 por la suma de $670 mil, le permite cobrar $10 mil mensuales por sus servicios hasta el 30 de junio de 2024.

Estos pagos no incluyen la tarifa que ARPS cobra a dueños y custodios de mascotas por servicios de esterilización y eutanasia.

Sin control ni prevención

A juicio del Jefe de Gabinete municipal, ARPS tampoco ha cumplido con varias de las tareas requeridas en su contrato, como el rescate diario de animales en las calles, el recogido prioritario de animales muertos en las vías de rodaje y la prestación de talleres educativos.

“Se supone que ellos (albergue) hagan orientaciones y campañas de prevención, pero en Ponce no hemos visto una campaña efectiva de orientación hace mucho tiempo, a menos que sea de PetSmart o de organizaciones como Colitas Sonrientes. Eso no lo hemos visto por ningún lado”, puntualizó el funcionario municipal.

“Ellos dicen que están brindando los servicios, pero la verdad es que no. No se ve”, añadió.

Dos semanas atrás, tanto Báez Rodríguez como el alcalde Luis Irizarry Pabón realizaron una visita sorpresa al albergue para indagar sobre sus operaciones y los servicios que brinda.

Según el Jefe de Gabinete, tras el encuentro el alcalde reiteró la necesidad de encaminar un nuevo plan para atender el problema de animales abandonados en la ciudad, tema que también abordó durante su campaña eleccionaria.

“El alcalde no cree en la eutanasia de los animales, a menos que sea por casos de rabia o alguna condición crónica o de peligrosidad. No para meramente reducir la población”, dijo Báez Rodríguez.

“Este contrato le cuesta demasiado dinero al municipio, $10 mil mensuales, más agua y luz, para que ellos administren la perrera”, continuó. “Es inaceptable que haya un contrato de esta magnitud amarrado a seis años”.

Responde el albergue

Por su parte, el presidente de ARPS rechazó en entrevista con La Perla del Sur las imputaciones de incumplimiento.

“El trabajo sí se hace”, insistió. “Nosotros tenemos un informe mensual que hay que entregarle al municipio y un informe anual. Te sorprendería la cantidad de animales realengos que nosotros sacamos de Ponce y del área sur”.

Sobre la alta tasa de eutanasias realizadas en el albergue, Quiñones Vélez dijo que se debe al poco espacio disponible para retener -a largo plazo- el volumen de perros y gatos que ingresan diariamente a la instalación.

Según se detalla en el contrato vigente entre ARPS y el Gobierno Municipal, en el albergue “se practicará eutanasia o muerte sin dolor solo cuando sea meritorio, o a los animales que por su ferocidad no puedan darse en adopción, o cuando sea necesario para hacer espacio para albergar a otros animales”.

Sobre el tema, Quiñones Vélez agregó que a diario llegan al albergue decenas de ciudadanos para dejarle mascotas que ya no quieren y puntualizó que muchos de ellos lo hacen por razones triviales.

“Esto muchas veces es el resultado de la irresponsabilidad de personas que decidieron tener una mascota y luego se dieron cuenta que no podían con ella”, dijo.

“El 25 por ciento de los animales entregados al mes son para ponerlos a dormir, y el dueño paga por eso. Eso no es decisión del albergue”, continuó.

“Todo el mundo critica por las redes sociales, pero nadie va al albergue a ayudar”, agregó. “Nosotros siempre quedamos como los malos de la película”.

Asimismo, planteó que el albergue no cuenta con recursos para rehabilitar a los animales que son rescatados de las calles.

“El perro, cuando llega de jauría, es bien difícil volver a domesticarlo”, expresó. “Cuando se convierte en una jauría, técnicamente el 70 por ciento de esos perros no son aptos para ser una mascota y necesitarían más tiempo, más trato. Es más cuesta arriba”.

“Para nosotros, como albergue, teniendo una población diaria de 270 animales, es muy difícil rehabilitar. Rehabilitar la gran mayoría de los perros que yo recibo al mes, es imposible”, abundó.

Papa caliente

A pesar de eso, Quiñones Vélez criticó a los rescatistas que alimentan animales desamparados en las calles y los acusó de fomentar la proliferación de perros realengos y manadas.

“Cuando hay jaurías, hay fuente de alimento y agua. Ese es el verdadero problema que tú vas a ver en Ponce, en todo Puerto Rico y el mundo. Estamos hablando de los supuestos rescatistas o ‘pet lovers’ que tienen de hábito alimentar a animales realengos en las esquinas, centros comerciales o terrenos baldíos”, argumentó. “Esa no es la solución. Es muy lamentable, pero es así”.

De otros pueblos también

Aunque Quiñones Vélez admitió la limitación de espacio en el lugar y la continua operación del albergue a máxima capacidad, su empresa ha suscrito contratos con otros municipios para recibir más animales, con el resultado predecible: muchos más serán sacrificados.

Tan reciente como el pasado 12 de febrero, ARPS acordó un contrato de $10 mil con el Municipio de Juana Díaz para recibir animales realengos.

El 25 de enero firmó otro de $1,500 con la Alcaldía de Barranquitas y el 1ro de enero comenzó otro por $12 mil con el Gobierno Municipal de Guayama, que se sumó a uno anterior de $8 mil firmado en septiembre del año pasado.

De hecho, solo durante el 2020, Quiñones Vélez firmó contratos con los municipios de Coamo, Guayama, Jayuya, Barranquitas y San Germán para acoger animales callejeros en Albergue de Ponce.

Estos contratos le permiten a ARPS cobrar entre $25 a $40 por cada animal acogido, hasta un máximo de 10 animales diarios, como el caso del contrato con el Municipio de San Germán (2021-000108). En otros, hasta un número tope acorde con la cantidad del contrato.

Desde que ARPS asumió la administración del Albergue de Animales de Ponce en febrero de 2012, la empresa ha firmado cerca de 170 contratos para recibir animales realengos de 14 municipios, según consta en el Registro de Contratos de la Oficina del Contralor de Puerto Rico.

El monto de ellos suma $357,065, adicionales a los $2.1 millones acordados con el Municipio de Ponce para operar el albergue.

Cancelación sobre la mesa

Sobre este asunto, el Jefe de Gabinete en la Alcaldía ponceña no descartó la reevaluación del acuerdo e, incluso, la cancelación del contrato.

“Estamos evaluando el contrato para una pronta terminación”, confirmó Báez Rodríguez.

“Tenemos un montón de personas que están dispuestas a seguir con los servicios a los perros sin eutanasia y el alcalde entró en conversaciones con ellos”, añadió en alusión a una reunión reciente entre Irizarry Pabón y miembros de organizaciones pro rescate animal en la ciudad.

Otra de las alternativas sobre la mesa, expuso, es que el propio ayuntamiento asuma el control del albergue y contrate directamente a los veterinarios y el personal necesario para ofrecer servicios.

De acuerdo al contrato, el Gobierno Municipal tiene la potestad de cancelar el acuerdo con 30 días de notificación previa, por una de varias razones, incluyendo incumplimiento de contrato o recortes por el estado fiscal del ayuntamiento.

Según datos provistos por Báez Rodríguez, la administración de la exalcaldesa María Meléndez Altieri acumuló una deuda de $120 mil con ARPS, equivalente a los pagos de un año.

Sobre esto, el funcionario municipal no descartó la tramitación de un plan de pago, asunto que, según opinó, no impediría que también se considere la cancelación del contrato vigente.

“Estamos evaluando todas las posibilidades, pero yo creo que la que menos posibilidades tiene es que ellos se queden. Eso prácticamente tiene casi ningún por ciento de posibilidad”, sentenció.

En entrevista con La Perla del Sur, el presidente de ARPS, William Quiñones Vélez, criticó a los rescatistas que alimentan animales desamparados en las calles y los acusó de fomentar la proliferación de perros y manadas.