Atropellada vista pública por Ordenanza para basura en Guayanilla

Aunque la medida del alcalde para el cobro de basura fue vedada, anoche los Guayanillenses manifestaron su malestar ante la Legislatura Municipal.

Captura Video, Coral Negrón

GUAYANILLA – El proceso se dio a la inversa y contrario a lo que estipula la Ley de Municipios Autónomos.

La ordenanza Número 69, serie 2016-2017, que crearía el Programa Activo de Manejo y Procesamiento de Material Reciclaje y Venta de Bolsas Plásticas Especializadas, se aprobó tanto por la Legislatura Municipal de Guayanilla como por el alcalde Nelson Torres Yordán sin la obligatoria celebración de vistas públicas.

Tras aprobada este 24 de mayo, el primer ejecutivo vetó la legislación el pasado jueves y convocó al proceso de vistas públicas para ayer miércoles, 14 de junio. Es decir, la ordenanza se aprobó con una semana de anticipación a la celebración de vistas públicas.

La Ley 81, del 1991 (de Municipios Autónomos) estipula que: “se publicará una notificación de las vistas públicas en dos (2) periódicos de circulación general diaria en Puerto Rico, con no menos de quince (15) días de antelación a la fecha señalada para las vistas. También se colocarán avisos en la Casa Alcaldía y en las Colecturías de Rentas Internas ubicadas en el municipio de que se trate. En tales avisos se informará al público la fecha, lugar y hora de las vistas públicas y se explicará la naturaleza y propósito de la contribución adicional especial a imponerse”.

Sin embargo, los constituyentes guayanillenses que asistieron anoche, a partir de las 7:00 pm, al Centro Cultural de Guayanilla, para formar parte de la primera vista pública sobre el próximo pago por el recogido y disposición de desperdicios sólidos en su pueblo, no estaban ajenos a la violación de la Ley.

Tanto Jackie Rivera Merlo, de La Playa de Guayanilla, como Luis Armando Pagán Quiñones, del barrio Magas, comunicaron a este medio que la convocatoria fue abrupta y manifestaron repudio a la ordenanza ya vedada.

Cabe mencionarse que ninguno de los dos pudo presentar sus puntos de vista ante la concurrida audiencia. Justo cuando a Rivera Merlo le tocó el turno, el presidente de la Legislatura Municipal, Walter Díaz, no le permitió participar. “Lo que usted tiene aquí son dos preguntas y esta Comisión no puede contestar por el Señor Nelson Torres Yordán…le vamos a dar seguimiento a esto, se la vamos a pasar personalmente al señor alcalde…es una ponencia no es un debate…está fuera de orden, por favor retírese”, dijo Díaz.

Por otra parte, a Pagán Quiñones, y a otro joven –Emmanuel Vázquez Torres-, se les indicó que tenían hasta el pasado martes, 13 de junio, para entregar la ponencia en la Casa Alcaldía, por lo que ya no tenían oportunidad de obtener un turno. Esto ocurrió antes de que iniciara la vista pública.

Tras el suceso, un puñado de guayanillenses se sublevó en la Plaza Pública del pueblo, sujetando un inmenso cartelón en rechazo a pagar por el servicio de recogido y disposición de recogidos sólidos.

Foto: Coral Negrón

Entre los manifestantes, se encontraba Jaqueline Rodríguez Pagán, de 71 años, quien sosteniéndose de un bastón se ubicó en el espacio para denunciar que vivía en la “República de Guayanilla; que el alcalde hace allí lo que quiere, lo que sus compinches le dicen”.

Mientras tanto, en el interior del Centro Cultural proseguía la vista pública con decenas de sillas vacías, que así quedaron tras la salida de Rivera Merlo, líder comunitaria en La Playa de Guayanilla.

Entretanto, Luis Ángel Rosado Cortés, colector de rentas internas para el Departamento de Hacienda en Ponce sostuvo que era preciso el “establecimiento de un sistema agresivo de reciclaje ” y que debe efectuarse otra audiencia pública que se anuncie con 15 días de anticipación en el tablón de edictos de la Colecturía, ubicada en el Centro Gubernamental, Oficina 102, calle Muñoz Rivera.

Por su parte, la maestra de ciencias con certificación en educación secundaria y química, Hazel Vega Rivera, presentó alternativas al cobro de $2.00 por bolsas de basura o etiquetas a $6.00 que imponía la vetada legislación municipal. Esta destacó que el proceso de enseñanza de reciclaje debe ser uno agresivo y se debe “llevar una estadística de la reducción de las toneladas de basura”.

En su turno, Áurea Echevarría, del barrio Jagua Tuna, recalcó que la población de edad avanzada crece en ese pueblo y cualquier plan debe tomar en consideración a estos ciudadanos.

La profesora Saimé Figueroa Rodríguez, cuestionó si “estamos preocupados por el medio ambiente o por aumentar los recaudos”. Sostuvo ante la Asamblea Municipal que el porciento de reciclaje no es de 18 por ciento, como dijo al inicio de la vista pública el Coordinador de Reciclaje municipal, Rubén Carrero Sánchez, sino que la cifra ronda en 2.29 por ciento, según sus estimados basados en trabajos de campo.

Jorge Soto Rodríguez, residente del barrio Magas Arriba y egresado de la Escuela de Administración Pública en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, señaló que “constitucionalmente existe una diferencia entre un derecho y un privilegio…el recogido de la basura es un derecho de la ciudadanía que es responsabilidad del estado, se deriva de un derecho constitucional, el derecho a la salud”.

“Los constituyentes somos las víctimas directas y próximas, los que siempre sufren el daño colateral de las decisiones”, manifestó, al tiempo que señaló que en Puerto Rico los materiales reciclados no se transforman en otro instrumento útil, sino que llegan a un centro de acopio y lo que sucede posteriormente se desconoce.

“Considero que sean los comercios quienes deben aportar en su totalidad a la solución de este problema”, martilló.

Soto Rodríguez mencionó como alternativa al cobro por bolsa de basura “que se adose una especie de marbete a los zafacones pagando un arbitrio anual, que sean los confinados quienes recojan la basura, que se venda la basura a las naciones que la usan para producir energía eléctrica, que se saque de la basura material para hacer otros instrumentos”.

Opuesto a estas propuestas y en favor a la vedada legislación se expresó en declaraciones escritas Roberto Carlos Mejil, quien trabaja como coordinador de servicios intergubernamentales en la Oficina de Asuntos Gubernamentales del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz. Opinó que la medida era “justa y equitativa”. El tiempo del gobierno dar ya pasó, es momento de reciprocar lo que nos dan, puntualizó.

Alcalde recalca la situación financiera del pueblo

Al inicio de la jornada, el alcalde denunció que los $27,000 que se supone reciba el gobierno municipal por el pago del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) no “llegan”.

Torres Yordán alegó que el presupuesto presentado el pasado lunes, 12 de junio, expone que el municipio enfrenta una mayor aportación -de $851,000- al CRIM, una reducción de $1.5 millones en el presupuesto, un aumento de $200,000 a la aportación a los Sistemas de Retiro, la reducción a la aportación a la Sala de Emergencia local y un aumento a la contribución municipal al plan de salud del Gobierno. Asimismo, $400,000 menos en ayudas federales de Estados Unidos y una reducción del cinco por ciento a su salario y al de su personal de confianza.

“Hemos tenido que tomar decisiones difíciles que a ningún político les gustaría tomar. Pueden parecer antipáticas, pero son necesarias… hemos tenido que recortar media hora de la jornada laboral para no afectar servicios. Hemos reducido los contratos desde que comenzamos”, sostuvo el funcionario, quien en varias ocasiones salió del salón y se mantuvo atento a su teléfono celular.

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