Asegura AES: temporal la exportación de cenizas

La información afloró durante la primera vista pública de la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales del Senado que investiga la contaminación y exportación de cenizas de carbón de la empresa.

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Con más preguntas que respuestas. Así concluyó el pasado lunes la primera vista pública de la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales del Senado que investiga la contaminación y exportación de cenizas de carbón de la empresa AES en Guayama.

Tras cinco meses de espera y con escasa participación senatorial, la cita en la sala Luis Negrón López del Capitolio concluyó a 75 minutos de haber iniciado, tiempo durante el cual solo una de las tres entidades citadas pudo responder preguntas.

La vista fue convocada en seguimiento a la Resolución del Senado 727 que ordena investigar el traslado de cenizas de AES Puerto Rico al estado de la Florida y los resultados de su primer Informe Anual de Monitoreo de Aguas Subterráneas.

El encuentro, además, fue convocado luego de que el pasado mes La Perla del Sur denunció cómo una decena de resoluciones e investigaciones legislativas sobre las cenizas de carbón permanecen en el limbo de Cámara y el Senado, desde hace meses.

Entre los deponentes ausentes resaltó el presidente de AES Puerto Rico, Manuel Mata Merino, quien a última hora se “excusó” de la vista mediante correo electrónico, indicó personal adscrito al Senado. En su lugar, sometió una ponencia por escrito y evadió responder a preguntas de la comisión.

A la vista tampoco se presentó la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Tania Vázquez Rivera, quien en su lugar envió una ponencia escrita. El documento de 12 páginas fue leído y defendido por tres representantes de esa agencia.

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), también sometió una escueta ponencia firmada por su presidente ejecutivo, Elí Díaz Atienza, sin designar un funcionario que respondiera a preguntas.

DRNA cierra filas con AES

Durante su presentación, representantes del DRNA aseguraron que esa agencia analizó los resultados del estudio de agua elaborado por la compañía DNA Environment LLC y dijeron estar a favor de las interpretaciones que AES Puerto Rico ha dado al mismo.

Aunque el examen de agua subterránea detectó la presencia de cancerígenos como arsénico, plomo, cromo, molibdeno y cobalto en los pozos de muestreo cercanos a la montaña de cenizas de AES en Guayama, el DRNA aseguró que sus concentraciones estaban por debajo de los límites aceptados por reguladores locales y federales.

Ninguno de los emisarios del DRNA, empero, disertó sobre sus efectos en la calidad del agua, ni el impacto acumulativo en seres vivos en contacto con ella.

En su lugar, aseguraron que los elementos detectados en las aguas subterráneas de la planta de AES en Guayama no atentan contra la salud de los residentes cercanos. Incluso, declinaron vincular esos tóxicos a las operaciones de la carbonera.

“Cualquier persona que utilice o se sirva agua de un pozo de agua que se encuentre en cumplimiento con la ley y reglamento aplicable no se expone a riesgo alguno de consumir agua contaminada”, afirma la ponencia firmada por Tania Vázquez Rivera.

No obstante, el DRNA optó por señalar al Departamento de Salud como la autoridad a la que compete velar por la calidad de agua para consumo. Esta agencia no fue incluida en la lista de deponentes para la vista pública del pasado lunes.

Por su parte, la AAA certificó en ponencia escrita que en los tres pozos que opera cerca de la carbonera de AES no detectó metales o compuestos orgánicos. No obstante, aclaró que por ubicar “aguas arriba” de la planta, es poco probable que se afecten por las operaciones de la empresa.

Viable, pero inconveniente la exportación

Mientras, en ponencia escrita el presidente de AES Puerto Rico reiteró que los contaminantes identificados en Guayama son atribuibles a otras fuentes ajenas a la carbonera, incluyendo la antigua planta de refinamiento y almacenaje de petróleo colindante a la propiedad.

No obstante, ninguno de los tres senadores que asistió a la vista advirtió ni cuestionó la disparidad e incompatibilidad entre los químicos que han manejado empresas vecinas de AES y los elementos que DNA Environmental detectó en el agua subterránea de la carbonera.

Tanto el arsénico, como el plomo, cromo y molibdeno son tóxicos omnipresentes en las cenizas de carbón. Incluso, han sido identificados en concentraciones -aún más altas que las de Guayama- en pozos de monitoreo de AES en los estados de Indiana y Oklahoma.

En el mensaje de cinco páginas, Mata Merino planteó además que la exportación de cenizas a los Estados Unidos es una gestión “provisional” y descartó que se trate de una solución a mediano o largo plazo a la acumulación diaria de cientos de toneladas en la isla, por “no ser económicamente viable”.

Tanto los hallazgos del estudio de agua como el transporte de cenizas al estado de la Florida fueron revelados en primicia entre marzo y abril de este año por La Perla del Sur y el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

Entretanto, las nuevas declaraciones de Mata Merino confirman que la negativa de la compañía a cumplir con las garantías que AES dio al gobierno en la década de 1990 -mientras solicitaba permiso para operar en la isla- responden a la protección de sus intereses económicos.

AES Puerto Rico vende la totalidad de su producción eléctrica a la Autoridad de Energía Eléctrica (alrededor de 454 megavatios) a cambio de una factura diaria que ronda los $900 mil.

¿Por encima de la Ley 40?

Durante la vista, el abogado y representante del DRNA, Ricardo Palléns, indicó que a requerimientos de información de esa agencia, AES les aseguró que la Ley 40 no le aplica a la carbonera, lo que de inmediato provocó enojo del senador y autor de esa medida, Larry Seilhamer Rodríguez.

“Me alegra saber que ellos entienden que la Ley 40 no les aplica, lo que quiere decir que el Estado de derecho anterior es el que le aplica. Entonces sí que tienen problemas”, sentenció el también vicepresidente del Senado.

“Si ellos entienden que la Ley 40 no les aplica, aun con mayor fuerza tienen que sacar esas cenizas dentro de un periodo de 180 días”, continuó, en referencia a las 400 mil toneladas de cenizas que AES mantiene apiladas a la intemperie y de forma ilegal en su solar industrial de Guayama.

Entregan reglamento

Asimismo, trascendió que con un año de retraso la Junta de Calidad Ambiental (JCA) finalmente produjo y publicó en su página electrónica el reglamento para la implementación de la Ley 40 en Puerto Rico.

La ley que regula el depósito de cenizas de carbón en la isla fue aprobada el 4 de julio de 2017 y su reglamento debió presentarse 90 días después.

“Satisfecho”

Al concluir la vista, el presidente de la comisión senatorial Carlos Rodríguez Mateo dijo a La Perla del Sur estar satisfecho con la información presentada y minimizó la ausencia del presidente de AES Puerto Rico.

“Creo que la ponencia del DRNA fue bastante amplia y respondió al requerimiento que hizo la Comisión. De igual manera respondió Acueductos y Alcantarillados y AES también envió su ponencia”, sostuvo Rodríguez Mateo.

“Ellos (AES) se excusaron de la vista, pero la realidad es que la información que queríamos, la queríamos del DRNA que es quien estaba validando el muestreo que hizo AES”, continuó.

“Esto no cierra la oportunidad de una nueva vista pública… Yo creo que la vista pública es una oportunidad para nutrir información o clarificar dudas que puedan tener los senadores. En ese sentido, pues sí vamos a continuar el proceso de las vistas públicas”, añadió.

Apatía legislativa

Aun así, la cita hizo evidente el desinterés de la mayoría de los senadores -que integran la Comisión de Salud Ambiental- a la convocatoria.

Solo el miembro exoficio y autor de la Resolución 727, Larry Seilhamer Rodríguez, así como el presidente de la comisión, Carlos Rodríguez Mateo, participaron activamente en la vista pública.

El senador Cirilo Tirado Rivera llegó 45 minutos tarde y permaneció en sala por espacio de 10 minutos. Durante ese tiempo, realizó una pregunta a los representantes del DRNA, pero se marchó sin escuchar el final de la respuesta.

Pertenecen a la Comisión de Salud Ambiental los senadores Luis Berdiel Rivera, Nelson Cruz Santiago, Juan Dalmau Ramírez, José Vargas Vidot, Itzamar Peña Ramírez, Henry Neumann Zayas y Evelyn Vázquez Nieves.

Así también los miembros exoficios Thomas Rivera Schatz, Carmelo Ríos Santiago, Eduardo Bathia Gautier, Juan Martínez Santiago y José Dalmau Santiago.

Todos votaron a favor de que se realizara esta investigación legislativa cuando fue aprobada en el Senado de forma unánime, el pasado 16 de mayo.