Artimaña del DRNA exonera a desarrolladores de requisitos ambientales

El decreto firmado por el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Rafael Machargo Maldonado, se divulgó el 4 de noviembre sin que antes se le permitiera a la ciudadanía, a los sectores científicos y a los gremios ambientales evaluarlo.

foto archivo

Una nueva orden administrativa aprobada justo el día antes de las elecciones ha abierto la puerta para que el Gobierno de Puerto Rico no requiera documentos ni evaluaciones de impacto ambiental a los proponentes de múltiples proyectos públicos y privados, advirtió este viernes el abogado Pedro Saadé Lloréns.

El especialista en Derecho Ambiental denunció además que el decreto “firmado a espaldas del pueblo” por el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Rafael Machargo Maldonado, se divulgó el 4 de noviembre sin que antes se le permitiera a la ciudadanía, a los sectores científicos y a los gremios ambientales evaluarlo.

“Todo esto se hizo sin seguir el procedimiento de ley”, puntualizó.

Los detalles

Según establece la Orden Administrativa 2020-17 aprobada el pasado 2 de noviembre, el DRNA ya no requerirá una certificación ambiental a las labores de corte y poda de árboles, así como a la construcción de obras de infraestructura como “carreteras”, “sistemas de generación, transmisión o distribución de electricidad” e “instalación de tanques, líneas y tuberías”.

“Antes, la labores de corte y poda de árboles debían pasar por un escrutinio de análisis ambiental y de documento ambiental, dependiendo del proyecto. Pero con esto, ahora quedan exentas del requisito, algo sumamente preocupante”, comentó Saadé Lloréns.

“Y de lo demás, pues la exoneración podría cubrir a carretera por zonas del Carso, que destruyan zonas de Carso u otras zonas naturales; y a gasoductos o centrales para generar electricidad, como, por ejemplo, Palo Seco u otras, porque no hay límites. La orden está redactada de una forma ilimitada”, continuó.

Por otro lado, en lenguaje técnico e incomprensible para miles de ciudadanos, la orden también declara exentas de evaluación ambiental “las solicitudes de variación en uso, cambio de calificación y Consultas de Ubicación”: renglones en los que podrían encajar proyectos que han sido combatidos -durante años- por atentar contra la integridad de recursos naturales del país.

“Como las consultas de ubicación son el instrumento para tú permitir lo que bajo circunstancias normales no se permitiría, pues entonces una consulta de ubicación para alterar un uso permitido no tendría que estar sujeta a evaluación de un documento ambiental”, añadió el abogado. “Y aquí puede haber una infinidad de circunstancias en que eso ocurra”.

La orden firmada por Machargo Maldonado incluso declara exenta de evaluación ambiental la instalación de antenas y equipos de telecomunicaciones en torres o estructuras existentes, y las construcciones de estructuras cónsonas con la calificación del lugar donde ubicarán: un asunto que provocará desde asombro hasta litigios en comunidades cuya zonificación ha sido alterada de residencial a comercial por la Junta de Planificación.

Piden auxilio al tribunal

Estos cambios, argumentó Saadé Lloréns, no solo se impusieron sin que el DRNA cumpliera con su obligación de consultar al país, sino que deben declararse nulos al transgredir la Ley de Política Publica Ambiental de Puerto Rico.

Ambos reclamos fueron incluidos en un reclamo legal radicado este jueves ante el Tribunal de Apelaciones de San Juan, por parte de las organizaciones Sierra Club y Ciudadanos del Carso.

“Junto a la Clínica de Asistencia Legal presentemos un recurso para cuestionar la legalidad de la orden administrativa del Secretario de Recursos Naturales”, confirmó el abogado y profesor en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.

“Mientras tanto, los vecindarios, las comunidades, los grupos ambientales y la prensa tiene que estar alertas, porque es de esperarse que se utilice esto para eximir y acelerar obras que, de otra forma, serían perjudiciales”, agregó.

Llamado a Pierluisi

Saadé Lloréns además aprovechó la ocasión para solicitarle al gobernador entrante, Pedro Pierluisi Urrutia, que no retenga a Machargo Maldonado como secretario del DRNA.

“Esa persona no debe permanecer en el puesto”, sentenció. “El secretario no ha cumplido su deber ministerial de proteger los recursos naturales. Entregó sus facultades, tanto a compañías privadas como al Departamento de Recreación y Deportes en el tema del corte masivo de árboles,  y su dilación en la aprobación de un reglamento que proteja frente al problema de las cenizas de carbón demuestra que ha sido incapaz de cumplir con su misión, tanto constitucional como legal y reglamentaria”.

“Por el contrario, Pierluisi debe buscar el consenso y un candidato o candidata que realmente proteja los recursos naturales y no incurra en actuaciones como las que hemos señalado”, añadió.

Las expresiones de Saadé Lloréns fueron secundadas por el cofundador del grupo Diálogo Ambiental de Salinas, Víctor Alvarado Guzmán, quien sostuvo que “ante la claudicación del secretario a sus funciones ministeriales y el peligro al que expone nuestras reservas naturales, Machargo debe ser despedido de inmediato”.

“El DRNA se ha convertido en una agencia de protección de empresas privadas contaminantes y ahora funciona como un ‘dispensario’, donde se vacunan a los desarrolladores contra el cumplimiento ambiental y se le otorgan dispensas para maximizar sus ganancias, a expensas de la destrucción de nuestros recursos y de la salud de nuestra gente”.

Por su parte, el biólogo y director asociado de la organización Casa Pueblo, Arturo Massol Deyá, puntualizó que “estamos en un momento abusivo de gobernar con órdenes administrativas”.

“Estos estilos son nefastos, especialmente en tiempos de cambio climático, donde tenemos que ser más juiciosos en la toma de decisiones, no al revés. Quien facilite estas artimañas no debe estar al frente del DRNA”, concluyó.