Arrastran los pies para cumplir con orden del Tribunal Supremo

Luis Irizarri Pabón denunció que el ayuntamiento de Ponce se ha limitado a entregar una lista de contratos, sin revelar los nombres de las personas a quienes se adjudicaron.

Foto archivo

A cuatro semanas de que el Tribunal Supremo de Puerto Rico emitiera una orden “final y firme” para que la alcaldesa de Ponce, María Meléndez Altieri, entregara datos públicos sobre su nómina, el ayuntamiento aún no cumple.

Según denunció el portavoz de la minoría del Partido Popular Democrático (PPD) en la Legislatura Municipal, Luis Irizarry Pabón, la administración municipal continúa “arrastrando los pies” para divulgar los nombres de los empleados contratados desde el 2012, en pleno recorte de jornada y en violación a una ordenanza aprobada por la misma alcaldesa.

En su lugar, el ayuntamiento se ha limitado a entregar la lista de los contratos -sin los nombres de las personas a quienes se adjudicaron-, con la expectativa de entregarlos posteriormente.

Esta estrategia, a juicio de Irizarry Pabón, constituye un intento más para obstruir su investigación, al impedir el pareo entre nombres y contratos.

De acuerdo a sus cálculos, más de 300 empleados fueron contratados por la alcaldesa en años recientes, muchos sin reunir los requisitos básicos y otros por consideraciones políticas.

Esta denuncia ya figura en un informe que fue sometido al Departamento de Justicia y la Oficina del Contralor de Puerto Rico.

“El Municipio no puede escoger, selectivamente, con qué información cumple y con qué información no”, dijo Irizarry Pabón en entrevista con La Perla del Sur.

“Lo que he escuchado es que ella (alcaldesa) va a entregar una lista de todos los empleados, pero eso no es lo que se pide, ni es de la manera correcta. Tiene que existir el pareo de los nombres con los números de contrato de todos los empleados regulares, irregulares y transitorios”, continuó.

“Es el patrón de arrastrar que lleva desde antes de las elecciones y ahora quiere cumplir a su manera, y no como dicta el tribunal”, añadió.

El pasado 17 de febrero, el Tribunal Supremo de Puerto Rico declaró no ha lugar al recurso que la Administración Municipal radicó para evitar la entrega de documentos públicos, reclamados desde hace más de dos años por Irizarry Pabón.

Tras agotar todos los recursos de apelación disponibles, el pasado 25 de mayo el Tribunal Supremo dictó por tercera y última ocasión a la ejecutiva municipal que el ayuntamiento tiene que entregar la información solicitada, convirtiendo en “final y firme” la orden.

“Desde un principio, no han querido cooperar y han alargado innecesariamente el proceso. Eso, lamentablemente, conlleva costos adicionales para este servidor y para el municipio, que ya ha gastado mucho dinero en un caso que desde lejos se sabía que es información pública y tenían que entregarlo”, dijo Irizarry Pabón.

Para su defensa, la alcaldesa aprobó la contratación del Bufete Cancio Nadal, agrupación que ha recibido más de $250 mil en contratos desde que inició el pleito.

Piedra en el camino

Tras la renuencia del Gobierno Municipal, la representación legal del Legislador Municipal radicó el pasado 1ro. de junio una Moción de Desacato ante el Tribunal de Primera Instancia de Ponce. El pasado 14 de junio, este foro judicial concedió 10 días a la alcaldía para responder por su incumplimiento.

“Esto lo que nos dice es que la Alcaldesa está escondiendo algo”, sentenció Irizarry Pabón. “Cuando no quiere dar los nombres, es porque ha hecho contrataciones de aliados políticos y no le conviene divulgarlos, lo cual ha sido la sospecha desde el principio”.

En el limbo la confirmación de directores

Por otra parte, y a cinco meses de haber juramentado a un tercer término frente a la Casa Alcaldía, Meléndez Altieri aún no ha sometido para confirmación de la Legislatura Municipal su plantilla de directores municipales.

A juicio de Irizarry Pabón, el retraso -que ya supera el periodo establecido de 90 días- constituye una violación de ley y podría poner en duda la legitimidad de las acciones y decisiones que tomen los funcionarios, al considerarse sus nombramientos “nulos”.

El Artículo 3.010 de la Ley 81 del 30 de agosto de 1991, conocida como la Ley de Municipios Autónomos, dispone que la alcaldesa tiene la obligación de someter a la confirmación de la Legislatura Municipal el nombramiento de los funcionarios designados como directores de unidades administrativas, dentro del término que la propia ley provee.

“No se trata de vetarle los nombramientos, es cumplir con el protocolo y los reglamentos establecidos. Las cosas se tienen que hacer bien para que no surjan problemas o cuestionamientos después, y en este caso, la alcaldesa no ha cumplido”, continuó el Legislador Municipal.

En días recientes, Irizarry Pabón solicitó mediante carta a Meléndez Altieri que remita -en un periodo no mayor de cinco días laborables- una lista con los nombres, puestos, sueldos, oficina administrativa y fecha de efectividad del nombramiento de todos los funcionarios designados en el ayuntamiento, a partir del 1ro de enero de 2017.

De no cumplirse con el requerimiento de información, el legislador municipal adelantó que podría iniciar una acción legal contra el ayuntamiento.