Ante indiferencia del DRNA: Letra muerta ley que protege la Reserva Natural Planadas-Yeyesa

A más de una década de ser reconocida como patrimonio natural del país, la reserva aún está bajo la constante amenaza de desarrolladores y sujeta a acciones ilegales de deforestación, remoción de corteza terrestre y recurrente paso de vehículos de todo terreno. Se estima que durante casi 800 años el área fue habitada por grupos indígenas. En el lugar se han encontrado un centenar de terrazas de piedra y dos plazas ceremoniales.

Fotos: Puerto Rico al Sur

Durante los pasados 14 años, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) ha obviado disposiciones de ley y abandonado su obligación ministerial de proteger una de las reservas naturales y arqueológicas más grandes e importantes de Puerto Rico.

La Reserva Natural Planadas-Yeyesa, una zona forestal de sobre 2,500 cuerdas de terreno entre los municipios de Cayey y Salinas, recibió la designación de “área natural protegida” mediante la Ley 192 del 13 de diciembre de 2007.

Sin embargo, a más de una década de ser reconocida como patrimonio natural del país, la reserva aún está bajo la constante amenaza de desarrolladores y sujeta a acciones ilegales de deforestación, remoción de corteza terrestre y utilización recurrente de vehículos de todo terreno, con la aparente indulgencia de la agencia a cargo de su protección.

“Lo que hemos visto es la indiferencia total del DRNA. Decir que hay dejadez se queda muy corto”, sentenció Janis Joan Díaz Martínez, portavoz de la organización Puerto Rico al Sur.

La Reserva comprende el Cerro Las Planadas y zonas adyacentes que se extienden junto a la cuenca hidrográfica del Río Lapa, localizadas en los barrios Lapa, Pasto Viejo y Cercadillo de Cayey, y el sector Yeyesa de Salinas.

Su flora incluye cerca de 200 especies de árboles, arbustos y enredaderas. Cuenta además con al menos 33 especies de aves, incluyendo 11 endémicas. Entre ellas, el Jilguero de Puerto Rico y la Calandria.

Asimismo, se estima que durante casi 800 años el área fue habitada por grupos indígenas y se han encontrado un centenar de terrazas de piedra, dos lugares ceremoniales y un conchero utilizado por los indígenas para sus actividades comerciales.

Pese a ello, los ecologistas en la zona aseguran que los esfuerzos del DRNA para salvaguardar este recurso natural han sido mínimos, si alguno.

Incumplimiento temerario

Aunque la zona fue designada como reserva protegida en el 2007, no fue hasta junio de 2016 que el DRNA delimitó oficialmente la reserva.

Aun así, durante los pasados 14 años se ha incumplido con la mayoría de las disposiciones contenidas en la Ley 192.

Entre ellas la requerida designación de un oficial de manejo y la creación de un comité interagencial para implementar un plan de manejo.

Tampoco se han realizado mesuras o estudios topográficos ambientales, toda vez que se ha incumplido con el requisito de realizar censos formales de flora y fauna e instalar la rotulación necesaria para alertar sobre las protecciones a la zona.

“Es una agencia en completo desorden. No sabemos de qué otra forma pedirles que activen sus recursos y cumplan con la ley”, dijo Díaz Martínez, en referencia al DRNA.

“Ha sido sumamente cuesta arriba lograr contacto con Recursos Naturales y el que se ha tenido hasta ahora no ha sido por interés o iniciativa de ellos. Hemos tenido que ir y básicamente obligarlos y aun así, la mayoría de las comunicaciones las ignoran”, continuó.

“No entiendo por qué hay tanta apatía con este recurso”, añadió.

¿Complicidad?

Por su parte, Pablo Martínez Rodríguez, portavoz de la organización Ciudadanos en Defensa del Cerro Planadas y Áreas Adyacentes denunció que existe complicidad entre las agencias y los desarrolladores que pretenden impulsar proyectos dentro de la zona protegida por ley.

En septiembre de 2020, un desarrollador utilizó equipo pesado para deforestar y remover corteza terrestre en el área conocida como Yeyesa, cerca de la comunidad Parcelas Vázquez de Salinas. A raíz de esta intervención, el Cuerpo de Vigilantes del DRNA ordenó la paralización de las obras.

Sin embargo, un mes después la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) emitió una Certificación de Cumplimiento Ambiental, utilizando el mecanismo de Exclusión Categórica.

A juicio de Martínez Rodríguez, se trata de una maniobra administrativa que utiliza la agencia para favorecer a desarrolladores y dueños privados de los terrenos y evadir requerimientos de permisos formales.

“Se están concediendo permisos mediante Exclusión Categórica sin ser evaluados en su fondo”, puntualizó Martínez Rodríguez. “Cuando se otorgan permisos de esta forma, hay muy poca información. No sabemos las especies o recursos arqueológicos que se están impactando”.

“Ellos han convertido la otorgación de permisos a través de Exclusión Categórica en el ‘modus operandi’ regular en vez de ser la excepción”, continuó.

“Uno no quisiera decirlo, pero es un montaje corrupto”, dijo por su parte Díaz Martínez sobre la indulgencia del DRNA. “Se violenta abiertamente lo que debería ser la filosofía de protección y conservación de la agencia”.

Bajo investigación legislativa

A raíz de la inacción del DRNA y la concesión de permisos para proyectos en la reserva por parte de la OGPe, el pasado 30 de junio se aprobó la Resolución de la Cámara 427.

La medida, de la autoría de los representantes Luis R. Ortiz Lugo y Estrella Martínez Soto, ordena a la Comisión para el Desarrollo y la Fiscalización de Fondos Públicos de la Región Sur y a la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Reciclaje de la Cámara a investigar el evidente incumplimiento con la Ley 192 del 2007.

“A pesar del texto claro de la ley, la Oficina de Gerencia de Permisos y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales no han sido categóricos en la prohibición de permisos y protección del área, incumpliendo sus responsabilidades estatutarias y poniendo en riesgo los recursos arqueológicos y ambientales de esta zona”, detalla la resolución legislativa.

Al cierre de esta edición, aún no se han celebrado vistas públicas vinculadas a la investigación. Las comisiones tienen hasta el 30 de diciembre para emitir su informe final de hallazgos.