Año 2019: Entre cenizas, contratos y promesas incumplidas de reconstrucción

El activismo ambiental y la contundente oposición pública fueron puntales para que este año la legislatura formulara una efectiva prohibición de la cenizas de carbón.

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El año 2019 abrió y cerró con más señales de contracción en actividad económica del país, luchas de poder con la Junta de Control Fiscal (JCF), múltiples escándalos políticos y la aclamada renuncia del gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

Entretanto, en la región sur, la lucha comunitaria contra las cenizas de carbón y la carbonera en Guayama, el manejo irresponsable de las finanzas públicas en la Casa Alcaldía de Ponce, los insólitos retrasos en proyectos de carreteras y el estancamiento de la reconstrucción tras el paso del huracán María fueron solo algunos de los temas que ocuparon las primeras planas de este semanario.

Por ello, a continuación ofrecemos un resumen de los sucesos más trascendentales atendidos por La Perla del Sur durante los pasados 12 meses.

Cenizas: del reglamento a la prohibición

A lo largo del 2019 ocurrió algo impensable una década atrás: un giro de 180 grados en la disputa por el uso y depósito de los residuos de carbón en la isla.

El año comenzó con el controvertible reglamento presentado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) que permitiría el uso ilimitado de cenizas en proyectos de viviendas y carreteras, toda vez que permitía a cualquier desarrollador utilizar hasta 12,400 toneladas de este desperdicio tóxico, sin obligación de notificar a la ciudadanía.

Sobre este asunto, la exdirectora de la Región II de la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, en inglés), Judith Enck, advirtió en la edición del 16 de enero que tal concesión sería un “error imperdonable” y un “retroceso desastroso” en las protecciones a la ciudadanía.

Semanas después, se unieron al coro de críticas 13 catedráticos del Departamento de Química del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM). Debido a la presión y oposición pública generada, el reglamento fue dejado en remojo.

Sin embargo, en medio de esta discusión, La Perla del Sur y el Centro de Periodismo Investigativo confirmaron que el acuífero bajo la montaña de cenizas en la planta de AES en Guayama había sido dañado con tóxicos y cancerígenos del residuo. Entre otros, selenio, litio y molibdeno, los que rebasaron entre cuatro y 14 veces los máximos permitidos por la EPA.

En la misma edición del 20 de marzo, además se reveló que AES y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ya negociaban para asegurar la permanencia de la carbonera en Puerto Rico luego del año 2027, año en que vence su actual contrato de venta de energía con el gobierno.

A dos semanas de trascender estas negociaciones, incluso se denunció que al menos 12 investigaciones legislativas sobre el manejo de las cenizas de carbón en la isla, incluyendo estudios sobre su impacto en la salud y el requerimiento de un inventario de cenizas depositadas, permanecían engavetadas en la Legislatura, sin interés alguno en ser atendidas.

En medio de esto, entre los meses de abril y junio se documentó cómo la carbonera redirigió su exportación de cenizas -cosa que anteriormente había insistido no era factible- de un puerto en Jacksonville, Florida, a un veretedero de Osceola, en la Florida Central.

En julio, el tema pasó al plano federal cuando el administrador de la EPA, Andrew Wheeler, anunció que flexibilizará el reglamento estadounidense que protege a las comunidades de los peligros asociados al uso y disposición de los residuos de carbón.

Un mes después, esa misma agencia se negó a responder a preguntas de La Perla del Sur tras relucir los hallazgos de tres exámenes de suelo realizados en áreas de Salinas y Guayama, donde se confirmó la presencia de dañinas concentraciones de arsénico en lugares donde una década atrás se depositaron miles de toneladas de cenizas de carbón.

Sin embargo, la abrupta renuncia del gobernador Ricardo Rosselló Nevares significó un cambió de postura en el gobierno y su defensa institucional a la carbonera AES.

Tras la aprobación en mayo del Proyecto del Senado 1221 y su endoso en la Cámara de Representantes, la nueva gobernadora Wanda Vázquez Garced aseguró a activistas ambientales de Peñuelas y Guayama que firmaría la pieza legislativa cuando llegara a su despacho.

Al cierre de esta edición, el proyecto de ley aún aguardaba por la firma de la ejecutiva.

Contratos, querellas y referidos en Ponce

Por otra parte, el defalque de las arcas públicas en la Alcaldía de Ponce volvió a ocupar primeras planas de La Perla del Sur  durante el 2019.

Al reiterado descuido del presupuesto y a la deuda pública, se sumó nuevamente el gasto millonario en contratos para relaciones públicas, propaganda y servicios profesionales, beneficiando a un selecto grupo de aliados políticos y contratistas favorecidos por la alcaldesa María Meléndez Altieri.

El más reciente ciclo fue documentado en las ediciones del 9 de enero, el 19 de junio, el 7 de agosto y el 23 de octubre.

Entre quienes volvieron a facturar a manos llenas resaltan el expresidente del PNP, Carlos Pesquera Morales, y la ex vicealcaldesa de Guaynabo, Aurializ Lozada Centeno, quienes a partir de la emergencia del huracán María han cobrado sobre $2.6 millones en contratos, para timonear un proceso de reconstrucción estancado. Simultáneamente, durante el 2019 trascendieron más denuncias, querellas y referidos a entidades estatales, federales y judiciales por irregularidades en la Casa Alcaldía.

En mayo, la JCF refirió a Meléndez Altieri al Departamento de Justicia -federal y estatal- por retener ilegalmente las aportaciones de empleados municipales a la Administración de Sistemas de Retiro, de los años fiscales 2018 y 2019.

En su edición del 5 de junio, La Perla del Sur además reportó cómo la administración municipal incumplió durante seis años consecutivos con sus obligaciones legales con RETIRO, sin consecuencia alguna.

A esto se suma que en los meses de mayo y noviembre la firma independiente de fiscalización gubernamental Abre Puerto Rico otorgó la calificación de “F” a la administración de Meléndez Altieri por el manejo que dio a las finanzas públicas entre los años 2017 y 2018.

Ponce es el único municipio que ha recibido “F” por sus ejecutorias fiscales en seis años consecutivos.

Por su parte, la Oficina del Contralor de Puerto Rico presentó en marzo un informe detallando que -entre el 1ro de julio de 2014 y el 30 de junio de 2017- la alcaldesa de Ponce violó leyes y reglamentos al incumplir con su responsabilidad de pagos a varias agencias, creando una deuda combinada de $32.6 millones.

En diciembre, la Contralora volvió a señalar a la administración de Meléndez Altieri por incurrir en pagos indebidos y contrataciones ilegales, por lo que le ordenó devolver sobre $174 mil en salarios a miembros de su gabinete.

En noviembre, la Asociación de Empleados Municipales afiliada a la United Steel Workers presentó una querella ante el panel del Fiscal Especial Independiente (FEI), luego de que Meléndez Altieri y su secretaria municipal Jessica Nieves Soto cobraran sobre $38 mil por liquidación de vacaciones.

Esto, en abierta violación a una ordenanza aprobada por la alcaldesa, que le niega tal beneficio a los empleados del ayuntamiento.

A todo esto se sumó más de un revés judicial. Por ejemplo, en mayo el Tribunal Supremo emitió una orden “final y firme” para que la alcaldesa de Ponce divulgue finalmente los nombres de los empleados contratados en violación a una ordenanza que le impedía hacerlo, luego de casi dos años de infructuosas apelaciones, utilizando bufetes privados de la capital.

¿Recuperación o ventajería política?

Por otra parte, el 2019 fue otro año perdido para la ansiada reconstrucción del país tras el paso del huracán María.

Denuncias de discrimen en la asignación de recursos, retrasos en el desembolso de fondos e inacción general en los trabajos de limpieza fueron la orden del día, con un resultado casi nulo para la recuperación de la zona sur.

Esto, sin embargo, no impidió que la administración municipal de Ponce celebrara conferencias de prensa, intentando dar la impresión de una recuperación robusta y justificar los contratos de varios aliados políticos para dirigir la “reconstrucción de la ciudad”.

En reportajes publicados en los meses de febrero, julio y septiembre y octubre, se destacó cómo las prioridades de las comunidades más pobres de Ponce no fueron incluidas en la lista de proyectos de reconstrucción que impulsa la administración municipal.

Entre la infraestructura desatendida resaltaban caminos, carreteras y puentes municipales en mal estado, y trabajos de limpieza y desyerbo en áreas recreativas y comunitarias. También las sobre 1,300 familias en la ruralía de Ponce, que a dos años del huracán aún viven bajo toldos azules en espera de ayuda.

A esto se sumó la dejadez para atender necesidades apremiantes en instalaciones públicas, con la intención de facturar estas mejoras a la agencias federales que han consignado fondos para la reconstrucción.

Pisan y no arrancan las carreteras

El 2019 también fue un año tortuoso para el avance de obras viales en la región, con alegaciones de discrimen político en el manejo del programa Abriendo Caminos, el retraso se varios proyectos de envergadura y tapones descomunales por obras en proceso.

Por ejemplo, el pasado mes de febrero se realizó una segunda ceremonia oficial de colocación de primera piedra en el proyecto de mejoras en la Autopista Luis A. Ferré (PR-52) en Ponce, aún cuando el proyecto permanecía paralizado y arrastraba meses de atrasos.

La disparidad en las asignaciones de fondos para municipios rojos y azules también se hizo evidente en el programa Abriendo Caminos, el cual fue manejado desde La Fortaleza, utilizando recursos federales.

En la edición del 13 de noviembre, La Perla del Sur además reveló que los trabajos de construcción en el segundo y tercer tramo del Anillo de Circunvalación Norte (PR-9) en Ponce enfrentaban más atrasos que extenderían el accidentado proyecto vial hasta diciembre de 2021, como temprano.

A esto se sumaron los dolores de cabezas en la autopista PR-2 en el área de la antigua refinería CORCO y en la PR-52 en Coto Laurel, donde se crearían embudos de tránsito y kilométricos tapones a consecuencia de lentos proyectos de mejoras.

En otras noticias…

El año comenzó con un incendio accidental de gran envergadura en la construcción del nuevo hotel Ponce Aloft.

A causa del siniestro, el proyecto hotelero de sobre $13 millones bajo la bandera de Marriot International se retrasó hasta el primer trimestre del 2020.

El 22 de mayo, La Perla del Sur además reportó cómo la tardía designación de Superfondo en el desastre ambiental en el antiguo vertedero de PROTECO en Peñuelas, ignoró dos décadas de negligencia y complicidad de las autoridades locales y federales, sin consecuencia alguna.

Ese mismo mes, se reseñó también el acelerado retroceso en los niveles del Acuífero del Sur, tras su momentánea recuperación a raíz de las lluvias del huracán María en septiembre de 2017.

En su edición del 11 de septiembre, este semanario también destapó cómo desde el estado de la Florida se mercadeaba un multimillonario proyecto turístico para un predio de 900 cuerdas en Ponce.

El proyecto, denominado Ponce Paradise, no fue presentado a la ciudadanía y fue condenado por el pasado vicepresidente de la Junta de Planificación, Pedro Cardona Roig, quien destacó los riesgos de ubicar una obra de tal envergadura en terrenos ecológicamente sensitivos.

Aun así, los proponentes buscan un proceso “Fast Track” para gestionar los permisos y atraer inversionistas del extranjero.

Por último, en la antesala al décimo aniversario de la llegada de las grúas Post-Panamax al Puerto de Ponce, La Perla del Sur reseñó en noviembre cómo la burocracia, la negligencia y el sabotaje conspiraron para descarrilar el Puerto de Las Américas, tras un gasto de $300 millones de fondos públicos y sin consecuencia alguna para los responsables.