El gobernador Pedro Pierluisi emitió el martes, a través de la Orden Ejecutiva (OE) 2023-009, una Declaración de Emergencia por la situación de la erosión costera en la Isla.
Asimismo, ordenó al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) a ejecutar un plan de acción con el apoyo de agencias estatales y federales con el objetivo de implementar medidas adicionales para mitigar su impacto.
Además, anunció la asignación de $5 millones del Plan de Rescate Americano (ARPA, en inglés) y el Departamento de la Vivienda asignará $100 millones adicionales del Programa de Mitigación en la Infraestructura del Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario-Mitigación (CDBG-MIT).
Sin embargo, el DRNA hará todas las gestiones necesarias para recabar fondos estatales y federales adicionales para la implementación de las iniciativas contenidas en la OE.
“La orden establece como prioridad la investigación científica, la participación ciudadana y la asistencia a comunidades costeras para controlar la contaminación e implantar medidas urgentes que atiendan las vulnerabilidades de la costa y promuevan la resiliencia y sostenibilidad”, dijo Pierluisi en conferencia de prensa.
Recordó que en 2021 declaró una emergencia ecológica por la enfermedad de pérdida de tejido de coral duro y acogió múltiples cursos de acción solicitados al Comité de Expertos de Cambio Climático.
En la Orden, con la que busca implementar medidas concretas de prevención, mitigación, adaptación y resiliencia ante el aumento en el nivel del mar y la erosión costera, el gobernador declaró y ordenó que los permisos, endosos, consultas o certificaciones relacionados a las medidas autorizadas y ordenadas se tramitarán de conformidad con las disposiciones de la Ley de Procedimiento para situaciones o Eventos de Emergencia firmada en el año 2000.
También, según lo dispuesto en la OE-2023-003 se declaró la continuidad de la emergencia en la infraestructura por los daños causados por los huracanes Irma, María y Fiona así como por los terremotos de 2020.
Puerto Rico cuenta con cerca de 1,121 kilómetros de línea costera, lo cual incluye playas, acantilados y rocas, vegetación, costa aluvial y antropogénica. De esa franja costera, cerca del 37 por ciento son playas y recorre 44 municipios.
Además, una investigación realizada por el Instituto de Investigación y Planificación Costera de Puerto Rico (CoRePi-PR) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), reveló que aproximadamente 99 kilómetros de línea de costa (“shoreline”) migraron tierra adentro en los pasados años.
A través de la OE, se ordena al DRNA, en colaboración con los municipios, la Junta de Planificación (JP) y otras entidades públicas, privadas y sin fines de lucro, así como la academia, a realizar un inventario de las propiedades no habitadas y estructuras abandonadas o en ruinas en la zona costanera conforme a los recursos fiscales asignados y hasta donde estos sean suficientes.
También, el Departamento, mediante un Acuerdo de Entendimiento, deberá junto a la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) evaluar e implementar medidas de prevención, mitigación, adaptación y resiliencia para enfrentar la erosión costera y sus efectos.
A su vez, el DRNA tendrá que continuar con la reforestación masiva para reponer los árboles destruidos por los fenómenos atmosféricos que han afectado a Puerto Rico durante los pasados años. La reforestación masiva debe ir dirigida a reducir la sedimentación en los cuerpos de agua y evitar daños adicionales a los arrecifes de coral y cuencas hidrográficas, entre otros.
También, se creó Comité de Acción para la Adaptación y Resiliencia ante la Erosión Costera adscrito al DRNA y que será integrado por la secretaria del DRNA, un representante del Comité de Cambio Climático y un representante de La Fortaleza.
