Tala del DTOP afectará a 6 mil árboles en el sur y centro de la isla

Los árboles han sido marcados con clavos y cintas color naranja.

Foto archivo

El plan que impulsa el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) para despejar servidumbres de paso en las carreteras de Puerto Rico tendrá como efecto el corte, poda o remoción de al menos 6,259 árboles en el sur y centro del país.

Según trasciende de documentos obtenidos por La Perla del Sur, en ambas zonas ubican la mayoría de los 10,410 ejemplares nativos, exóticos y naturalizados que el DTOP eliminará o podará durante los próximos meses, mediante astronómicos contratos con empresas privadas.

Según el plan, la agencia intervendrá con más de 50 especies de árboles en toda la isla, incluyendo 1,447 ejemplares de tulipán africano, una variedad exótica que puede alcanzar los 70 pies de altura y desarrollar troncos de 48 pulgadas de diámetro.

Asimismo, otros 885 árboles de flamboyán serán cortados, podados o removidos, de acuerdo al inventario del DTOP. El informe también incluye árboles de maderas nobles, como 730 de roble, 335 de caoba, 333 de moca y 116 de cedro.

Entre las especies frutales amenazadas resaltan 635 árboles de mangó, 174 de quenepa y 41 de aguacate.

“Esto causará una deforestación masiva en Puerto Rico. Conocemos que la primera línea de defensa contra los huracanes son los árboles y aun así todavía no somos conscientes de la necesidad de preservarlos”, denunció el abogado y portavoz del Comité Amigo de los Árboles (COAMAR), Martín González Vázquez.

Sobre 650 en Ponce y Juana Díaz

Solo en Ponce, el DTOP ha identificado 358 de estos ejemplares, incluyendo árboles de quenepa, tamarindo, guamá, samán, cedro, anacahuita, ficus, capá prieto, moca, espino rubial, mangó, aguacate, almácigo, yagrumo, maga y flamboyán.

Los mismos ubican en 21 carreteras estatales, entre las que figuran la PR-1 y la PR-14.

En Juana Díaz, otros 316 están bajo amenaza de corte, incluyendo ejemplares de ceiba, úcar, tulipán africano y caoba, informó el arbolista Carlos Montalvo Mont.

En total, 2,515 árboles serán alterados en municipios del sur, mientras que otras 3,744 especies figuran en la lista del DTOP para la zona central, incluyendo los municipios de Adjuntas, Utuado, Aguas Buenas, Aibonito, Barranquitas, Ciales, Comerío, Corozal, Jayuya y Lares. También Las Marías, Maricao, Morovis, Naranjito y Orocovis.

Mano libre

La intervención cuenta con el aval de Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), ya que su dirección autorizó en mayo de 2018 que el DTOP corte árboles en servidumbre de carreteras estatales sin obtener un permiso de esta agencia.

El acuerdo entre las partes fue renovado en noviembre del pasado año y autoriza además que se remuevan hasta 500 metros cúbicos de tierra por proyecto.

Corren los millones

Para identificar y marcar los ejemplares que serán intervenidos, el DTOP pagará hasta $57 millones a las empresas Thompson Consulting Services ($26 millones) y Debris Tech ($31 millones), entidades que presuntamente realizan tareas de inspección e inventario desde noviembre de 2017.

Entretanto, para la poda, corte y remoción de árboles la agencia ha contratado a cuatro compañías de origen estadounidense que tras el paso del huracán María han obtenido $171 millones en contratos y enmiendas para la remoción de escombros, entre otras obligaciones.

Estas cuatro firmas son Looks Great Services, DRC Emergency Services, T.F.R. Enterprises y CERES Environmental Services.

Según el Registro de Contratos de la Oficina del Contralor, durante los pasados 16 meses Looks Great Services ha logrado contratos y enmiendas por $39 millones, y desde noviembre de 2017 DRC Emergency Services ha conseguido acuerdos similares por un monto de $53 millones.

Entretanto, T.F.R. Enterprises ha sido beneficiada con $36 millones en contratos que se extienden a este año para el recogido de escombros, y CERES Environmental Services otros $43 millones para el mismo propósito.

Los pagos, de acuerdo a documentos oficiales, serán pagados con asignaciones de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés).

Un acto injustificado

No obstante, a juicio del activista ambiental Montalvo Mont, todo esto constituye un ejercicio caprichoso que menosprecia del ambiente por consideraciones económicas.

A su favor, expuso que ya ha identificado 700 árboles que han sido marcados con cintas para intervención, a pesar de que no evidencian daño o constituyen un peligro que justifique su poda o remoción.

“Lo que hay es prisa para talar. Todo lo resuelven con cortar, cuando muchos con un mantenimiento básico pueden ser preservados. Pero el interés de ellos es cortar y sacarle provecho económico a la madera”, expuso Montalvo Mont.

“Esto mismo pasó después del huracán”, destacó por su parte el portavoz de COAMAR. “Supimos de muchos árboles que se cortaron sin que estos presentaran una amenaza para las personas. Decían que estaban en malas condiciones cuando no era cierto”.

“Desde el huracán María para acá, han hecho fiesta con los fondos que supuestamente ha enviado el Gobierno de los Estados Unidos para la reconstrucción de Puerto Rico”, añadió González Vázquez.

Freno en la legislatura

Las banderas rojas levantadas por las propuestas del DTOP y el DRNA, sin embargo, no han sido suficientes para que la legislatura de Puerto Rico intervenga o profundice en una investigación sobre este asunto.

Prueba ejemplar es una propuesta que fue engavetada en el Senado el pasado 6 de noviembre: la Resolución Conjunta 326, del senador independentista Juan Dalmau Ramírez.

Entre otros objetivos, el proyecto intenta frenar la tala del DTOP y obligar al DRNA a requerir los permisos establecidos por ley, ya que la propuesta gubernamental constituye una “deforestación oficial” que podría ser más seria que la “de los huracanes Irma y María”, detalla en la exposición de motivos el director del Instituto Internacional de Dasonomía Tropical del Servicio Forestal Federal, Ariel Lugo.

A pesar de que el proyecto fue referido a dos comisiones senatoriales, ninguna ha abordado el tema públicamente.

Estas son presididas por Carlos Rodríguez Mateo y Miguel Laureano Correa.