Agencias se cantan ajenas ante plan para transbordo de gas en la Bahía de Ponce

“Esta noticia se publicó el 20 de enero. ¿En tres meses nos les dio tiempo de hacer, aunque sea una búsqueda? Esto verdaderamente deja mucho que decir de nuestras agencias gubernamentales”, criticó el representante Domingo Torres García.

Foto: Jason Rodríguez Grafal

A pesar que los permisos llevan ya un año de trámite a nivel federal, funcionarios de agencias reguladoras en la isla alegaron total desconocimiento del plan de New Fortress Energy para transferir gas natural entre barcazas, a solo tres millas náuticas de la costa de Ponce.

La vergonzosa admisión se produjo durante una vista pública que celebró el pasado viernes la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Reciclaje de la Cámara de Representantes, en el salón Leopoldo Bonilla de la Legislatura Municipal ponceña.

La comisión legislativa investiga el proyecto de New Fortress Energy, a la luz de denuncias sobre trámites a escondidas de la ciudadanía y en violación al ordenamiento jurídico.

Los últimos en la fila

Durante el interrogatorio, portavoces de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE) reconocieron que supieron del controvertible proyecto mediante reportaje publicado por La Perla del Sur el pasado mes de enero.

Desde entonces, sin embargo, tampoco han realizado esfuerzo alguno por indagar sobre la propuesta o salvaguardar los intereses de la ciudadanía. En su lugar, se limitaron a indicar que no han recibido una solicitud formal de endoso o permiso por parte de New Fortress Energy.

“Esto se esta trabajando a espaldas y a oscuras”, sentenció el copresidente de la comisión, Ángel “Tito” Fourquet Cordero. “Me frustra leer las ponencias y ver que aquí nadie sabe nada”.

“¿Qué tipo de operación se está dando en este marco, donde nuestras agencias, las llamadas a proteger el ambiente, las comunidades y a nuestros ciudadanos, no tienen conocimiento o no lo comparten, de tener alguno”, abundó.

“Yo espero que estemos a tiempo para insertarnos en estos procesos y tener una evaluación responsable de esta propuesta”, agregó.

Como revelara en enero pasado este semanario, New Fortress Energy solicitó el aval de la Guardia Costanera para establecer un perímetro de seguridad que impediría que otras embarcaciones se aproximen a 100 yardas de sus actividades en la bahía de Ponce, mientras ocurra el intercambio de gas entre los barcos tanque.

La zona ubica a tres millas náuticas del sector Cabullones y de la comunidad residencial de lujo Villas de Costa Caribe. Asimismo, a cinco millas náuticas de La Playa de Ponce y a siete del barrio Pastillo en Juana Díaz, dos áreas densamente pobladas.

El proyecto ha sido criticado al unísono por ecologistas y salubristas por conllevar un grave riesgo de seguridad para miles de residentes en comunidades costeras cercanas y para la vida marina del lugar.

“Aquí no hubo, ni tan siquiera iniciativa del Departamento de Recursos Naturales de al menos investigar, conocer o indagar sobre este proyecto. ¿Y ustedes son los custodios de nuestras costas y nuestros Recursos Naturales?”, cuestionó por su parte el representante Domingo Torres García, autor de la medida que solicitó la investigación legislativa.

“Esto es a tres millas náuticas de nuestra costa. Eso está ahí al lado… Esta noticia se publicó el 20 de enero. ¿En tres meses nos les dio tiempo de hacer, aunque sea una búsqueda? Esto verdaderamente deja mucho que decir de nuestras agencias gubernamentales”, continuó.

“Lamentablemente, de aquí vamos a salir con más dudas de las que entramos, pero yo confío que esta comisión no va a dejar esto aquí”, añadió.

Sin dar cara

A pesar de las crecientes interrogantes sobre el proyecto, Fourquet Cordero denunció que ha sido imposible para la comisión establecer contacto directo con la gerencia de New Fortress Energy.

Por tal razón, el copresidente de la Comisión adelantó que espera coordinar una segunda vista pública en el Capitolio. Además, una reunión ejecutiva con la Guardia Costera de los Estados Unidos en Puerto Rico para indagar sobre el estatus del proceso de permisos.

“Vamos a insistir y de manera procesal cumplir con todos los mecanismos que tengamos a nuestro haber como comisión de la Cámara de Representantes para hacerlos comparecer a estos procesos, de una manera u otra”, aseguró Fourquet Cordero.

Rechazo de Ponce y Juana Díaz

Por otra parte, tanto el alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón, como su homólogo en Juana Díaz, Ramón Hernández Torres, comunicaron por escrito su repudio al proyecto.

En su ponencia, Irizarry Pabón confirmó que el ayuntamiento no ha recibido notificación alguna -tanto de New Fortress Energy, como de la Guardia Costera o las agencias reguladoras a nivel local- sobre el trasbordo de gas que se propone realizar a solo tres millas de su costa.

“Nos resulta altamente preocupante que una operación tan compleja como esta se realice a espaldas de la ciudadanía”, dijo el alcalde.

Irizarry Pabón apuntó además al largo historial de incumplimiento de New Fortress Energy y su renuencia a divulgar datos puntuales sobre su proyecto al sur de Ponce como factores que agudizan la desconfianza que tiene de su plan.

“¿Qué nos garantiza que serán responsables en los procesos de transferencia? Son riesgos que pueden ser catastróficos a nivel ambiental que se deben auscultar mucho más a fondo, pero por falta de información es imposible realizar”, dijo.

“Es cuestionable la forma y manera que se lleva a cabo el proceso de evaluación de dicha operación. No olvidemos cómo se pretendía construir hace unos años un tubo de gas natural a través se la ciudad, bajo los mismos preceptos de estar a espaldas de la ciudadanía”, añadió.

“Nos oponemos tenazmente a dicha actividad en las costas ponceñas”, reiteró.

Por su parte, el alcalde juanadino reclamó la paralización inmediata del proyecto, ante lo que describió como un irregular manejo de la permisología y consulta a la ciudadanía.

A juicio de Hernández Torres, la operación de transbordo de gas entre buques ocurriría dentro de las aguas jurisdiccionales de Puerto Rico, al ubicarse a menos de nueve millas de la costa, por lo cual está sujeto a las leyes ambientales locales.

“La entidad gubernamental que actúe como proponente del proyecto de New Fortress Energy tiene la obligación de cumplir con el mandato constitucional y la política pública ambiental de manera rigurosa, de manera que se cumpla con la intensión legislativa de proteger el medio ambiente”, dijo el alcalde.

“Es la entidad proponente la que tiene la obligación de considerar a fondo las consecuencias ambientales de la acción propuesta y a realizar un esfuerzo serio y escrupuloso por identificar y discutir todas las consecuencias ambientales de importancia del proyecto, so pena de nulidad”, abundó.

“De no ver acción proactiva, el recurso que tienen los ciudadanos de Juana Díaz y este servidor como alcalde es el de recurrir a la rama judicial para hacer valer sus derechos”, sentenció.

El alcalde Ramón Hernández Torres reclamó la paralización inmediata del plan, ante lo que describió como un irregular manejo de la permisología.