Advierte extitular de la EPA: “Es un error gigantesco. Este reglamento debe ser retirado”

La exdirectora de la Región II de la EPA, Judith Enck, advirtió que aprobar el reglamento propuesto para las cenizas de carbón significará “un retroceso desastroso” que expondrá a miles de ciudadanos a nuevos riesgos.

Foto: sierraclubny.org

Aprobar el reglamento propuesto por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para el “uso beneficioso” de cenizas de carbón en la isla sería no solo un “error imperdonable”.

También significará “un retroceso desastroso” que expondrá a miles de ciudadanos a más riesgos, advirtió la exdirectora de la Región II de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, en inglés), Judith Enck.

Las expresiones de quien fuera hasta el 2016 la máxima figura de la agencia federal en la isla trascendieron a solo horas de que venciera el periodo para comentarios públicos sobre el reglamento propuesto: un borrador que propone la permanencia a perpetuidad de los residuos tóxicos de carbón en Puerto Rico, a pesar del tajante rechazo de salubristas, gremios de protección ambiental y líderes comunitarios.

El nuevo ordenamiento del DRNA permitiría el uso ilimitado de cenizas de carbón en proyectos de viviendas y carreteras, sin barreras de control ni monitoreo de sus efectos. También autoriza que cualquier desarrollador pueda emplear hasta 12,400 toneladas, sin obligación de notificar a la ciudadanía.

Para transportar esa suma, sería necesario contratar camiones para al menos 600 descargas.

“Esto es terrible”, sentenció Enck en entrevista con La Perla del Sur. “No hay razones válidas para permitir esto. Esto tendrá implicaciones ambientales y para la salud, y tiene que ser detenido”, urgió.

“Esto es un error enorme que tendrá implicaciones por mucho tiempo. El gobernador (Ricardo Rosselló) tiene que intervenir personalmente y detener esto”, reiteró.

Durante su incumbencia como principal oficial de la EPA en Puerto Rico, Enck frenó el desparramamiento de cenizas de carbón en proyectos de infraestructura: práctica que se implementó durante las administraciones de los exgobernadores Aníbal Acevedo Vilá y Luis Fortuño Burset.

“Cuando la Junta de Calidad Ambiental bajo la administración Luis Fortuño aprobó el uso masivo de cenizas en construcciones, yo estaba indignada porque conozco lo tóxico que son las cenizas de carbón y no era ambientalmente responsable regar ese material por toda la isla”, expuso.

“Tomó años, pero convencimos al Gobierno de Puerto Rico que tenía que detener esta práctica por temor a la contaminación de aguas subterráneas”, continuó. “Esto es volver a hace una década. Todo el trabajo de la EPA para detener esta práctica se tiraría por la borda”.

Como reveló una investigación de La Perla del Sur y el Centro de Periodismo Investigativo, entre los años 2004 y 2011 la central AES en Guayama se liberó de sobre dos millones de toneladas de cenizas, las que terminaron bajo urbanizaciones, centros comerciales y carreteras del sur, este, norte y oeste del país, sin barreras que impidan que sus contaminantes se transfieran a suelos y cuerpos de agua potable.

“Desparramar cenizas en proyectos de construcción es un error gigantesco… Este reglamento debe ser retirado y el gobernador tiene que enfatizar la necesidad proteger la salud de la ciudadanía y el ambiente”, insistió Enck. “Este reglamento hace lo contrario”.

“Estoy segura que los científicos en la EPA estarían opuestos a esto, pero ahora tenemos la EPA de Donald Trump”, sostuvo. “Si la EPA está de acuerdo con esto, sería un cambio de postura dramático”.

¿Puertas a la importación?

Por otra parte, una evaluación realizada por abogados especializados en Derecho Aambiental – Pedro Saadé Lloréns y Omar Saadé Yordán – concluyó que el reglamento propuesto tampoco impide ni prohíbe que se importen cenizas de carbón desde cualquier puerto de Estados Unidos, el hemisferio o el planeta: un hecho por el cual Enck levantó banderas de alerta.

“Si se corre la voz de que puedes descartar cenizas en Puerto Rico y no hay una prohibición específica a la importación de cenizas, Puerto Rico corre ese riesgo, que otras empresas en los estados envíen cenizas a la isla”, planteó.

“Esto haría muy vulnerable a Puerto Rico; (podría) convertirse en un vertedero nacional para cenizas”, añadió.

Desde marzo del año pasado, decenas de comunidades en Carolina del Norte, Indiana, Oklahoma, Alabama e Illinois han comenzado a reclamar que se remuevan de sus localidades millones de toneladas de cenizas de carbón almacenadas por centrales eléctricas, al descubrir que sus componentes han contaminado acuíferos y pozos de agua potable con tóxicos y carcinógenos. Entre ellos, arsénico, selenio, boro, cobalto y cromo.

En Puerto Rico, estos cinco elementos han sido identificados en el subsuelo y acuífero bajo la colosal montaña de cenizas de AES en Guayama. De ellos, el selenio muy por encima del límite máximo permitido.

“Toallazo”

Entretanto, una experta abogada de la organización internacional EarthJustice hizo un llamado enfático a que Puerto Rico no apruebe el reglamento propuesto por el DRNA, debido a serias deficiencias e inconsistencias.

En una carta enviada a la secretaria de esa agencia, Tania Vázquez Rivera, Lisa Evans además calificó la propuesta gubernamental como maniobra para que AES descarte enormes cantidades de cenizas en la isla.

“El reglamento propuesto de uso beneficioso se traduce a un ‘toallazo’ para AES, que continua y temerariamente ha depositado cenizas de carbón en terrenos, sin consideración a la salud y el ambiente”, sentencia en su misiva la también especialista en litigios ambientales.

“A la luz de la evidencia de impacto adverso por el mal uso y depósito de residuos de carbón en Puerto Rico, el DRNA debe cesar la consideración de reglamentos que permitan ‘usos beneficiosos’, hasta tanto se complete una investigación de las áreas donde se han depositado cenizas”, abundó.

Entre las omisiones más relevantes, Evans de igual modo advirtió que el reglamento no limita el tiempo durante el cual se pueden almacenar las miles de toneladas de cenizas que se emplearán para construcciones, ni requiere la instalación de protección impermeable que evite o retrase la transferencia de sus contaminantes a suelos y agua.

Tampoco ordena el monitoreo de aguas subterráneas cuando las cenizas se utilicen como relleno de construcción.

Esta práctica, enfatizó, ha sido señalada en el pasado por la EPA, ya que en Puerto Rico las cenizas se han empleado en exceso a lo necesario según estándares de ingeniería, lo que constituye un uso no autorizado por la agencia federal y una disposición ilegal del residuo.

“Hay abundante evidencia de que el llamado ‘uso beneficioso’ de los residuos de carbón resultan en meros vertederos sin protección, que representan una amenaza aún mayor al depósito en vertederos, porque los impactos no son monitoreados o controlados por regulación”, concluyó Evans.