Advierte experto en PROMESA: Con los días contados la recién aprobada Ley de Retiro Digno

De eliminarse la Ley de Retiro Digno, la Junta de Supervisión Fiscal buscará un recorte adicional de 8.5 por ciento a las pensiones de más de $1,500 mensuales. “Muchos de los pensionados ya tienen pensiones de hambre, que no atienden las necesidades básicas de los retirados. Esto es un golpe adicional”, recalcó el abogado y experto en la Ley PROMESA, Rolando Emmanuelli Jiménez.

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Aunque fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras legislativas, firmada por el gobernador el pasado mes de junio y celebrada con fanfarria por líderes políticos, la ley con la que se pretende salvaguardar las pensiones de los retirados del Gobierno de Puerto Rico se aproxima a un abrupto final.

Según explicó el abogado y experto en la Ley PROMESA, Rolando Emmanuelli Jiménez, la tenaz oposición de la Junta de Supervisión Fiscal a la Ley de Retiro Digno, su insistencia para invalidarla y la incapacidad gubernamental para defenderla atentan contra la permanencia de la nueva norma, al tiempo que allanan el camino para que se impongan recortes adicionales a los pensionados.

Tras la aprobación de la Ley 7 del 2021, también conocida como Ley de Retiro Digno, la Junta de Supervisión demandó a la Cámara de Representantes, al Senado y al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, alegando que el estatuto es incompatible con su Plan de Ajuste de Deudas.

Aunque previo a su aprobación se anticipaba que la ley sería impugnada por la Junta, Emmanuelli Jiménez advierte ahora que la tímida defensa del gobierno acelera el ritmo para su eventual derogación.

“En vez de presentar una moción de desestimación, alegando que la Ley Promesa es inconstitucional y tiene múltiples defectos, la legislatura meramente planteó asuntos de interpretación de la ley que no van a la raíz del problema”, puntualizó Emmanuelli Jiménez en entrevista con La Perla del Sur.

“No hay sustancia en las alegaciones de la Cámara de Representantes y el Senado en defensa de la Ley 7”, añadió. “Con esa contestación a la demanda de la Junta, la legislatura traicionó los intereses de los pensionados y traicionó todo lo que significaba establecer una política pública en cuanto al Plan de Ajuste de Deuda”.

Caída de naipes

Por consiguiente, la Junta ya maniobra para que la jueza Laura Taylor Swain invalide la ley, en o antes del mes de noviembre, aseguró Emmanuelli Jiménez.

“Esto motivó a que la Junta determinara radicar una moción de Sentencia Sumaria, que es un trámite en el cual la jueza puede anular la ley sin un juicio. Eso se va a iniciar este 15 de agosto”, dijo el abogado.

“Es altamente probable que la derogue, porque no hay oposición en los planteamientos que hace la legislatura. Se limitaron a hacer unos argumentos sin detalles, prácticamente unos pocos párrafos. Las probabilidades de que la jueza anule la ley son prácticamente 100 por ciento”, vislumbró.

“Entregaron a los pensionados”

Esta secuencia de hechos, a juicio de Emmanuelli Jiménez, evidencia además que nunca hubo intensión genuina del gobierno para defender a los pensionados del plan de recortes de la Junta.

En Puerto Rico, se estima en cerca de 300 mil el número de beneficiarios del Plan de Retiro del gobierno.

“Esto fue una artimaña política”, sentenció. “Ellos (legislatura y el gobernador) nunca tuvieron la voluntad de defender esta ley o a los retirados”, agregó.

“Esto no es porque no sabían qué hacer. La información la tuvieron y este servidor la compartió con los abogados de la Cámara y el Senado. Ellos simplemente escogieron no hacerlo. Fue una determinación a conciencia, de no impugnar o cuestionar”, abundó.

“Aquí alzaron las manos y eso es un error estratégico, porque le dejan a la Junta mano libre para aprobar el Plan de Ajuste de Deuda que les de la gana”, puntualizó.

Los pronósticos

De eliminarse la Ley de Retiro Digno, el experto en la Ley PROMESA adelantó que Junta buscará un recorte adicional de 8.5 por ciento a las pensiones de más de $1,500 mensuales.

“Esto hay que verlo en el contexto de todos los recortes que los pensionados ya han recibido. No han recibido aumentos por el costo de vida, les han eliminado beneficios médicos y este sería el tercer o cuarto recorte en la pasada década”, explicó.

“Muchos de los pensionados ya tienen pensiones de hambre, que no atienden las necesidades básicas de los retirados. Esto es un golpe adicional”, continuó.

“Cualquier procedimiento posterior de ajuste de deuda va a incluir recortes mayores a las pensiones y esto sería un precedente nefasto”, añadió.

En manos de la legislatura

Aunque declinó adelantarse a la potencial determinación de la jueza Taylor Swain en la demanda, la abogada y portavoz del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda, Eva Prados Rodríguez, insistió en la urgencia de las propuestas contenidas en la Ley de Retiro Digno.

“Si la jueza Taylor Swain decide invalidar la ley, no será por los méritos de lo que contiene”, dijo.

“La jueza no va a entrar en los méritos de las propuestas incluidas en la Ley de Retiro Digno. Tampoco va a pasar ojo sobre si es necesario o no el recorte de las pensiones, si invalida la Ley de Retiro Digno. Solamente va a evaluar los poderes que le da la Ley Promesa a la Junta”.

Prados Rodríguez además afirmó que de anularse la Ley 7 recaerá en la legislatura mantenerse firme en su oposición al Plan de Ajuste de la Deuda.

“Ellos (Junta) finalmente van a necesitar a la legislatura para implementar lo que ellos están proponiendo. En la historia reciente, nunca se han emitido nuevos bonos sin el aval de la legislatura. Es la legislatura quien se encarga de eso. Así que, si la Junta quiere que su plan de ajuste verdaderamente se pueda implementar, necesita del aval de la asamblea legislativa”, argumentó.

“Que se busque invalidar la ley es un acto caprichoso y arbitrario de la Junta, pero eso no evita o cambia el escenario de que la legislatura sigue teniendo el poder de insistir que ese Plan de Ajuste de la Deuda, según propuesto, no debe ser aprobado. Tiene que mantener su pie firme”, continuó.

“La legislatura tiene que asumir su rol histórico y aprovechar esos pequeños huecos que la Ley PROMESA nos da, que reconoce que la legislatura tiene un rol en este Plan de Ajuste de la Deuda y eso no desaparece si invalidan la Ley de Retiro Digno”, insistió.