Advierte el CIPP: Alcaldías de Ponce, Yauco y Salinas sacan “F” en el manejo de finanzas

Foto archivo

Por tercer año consecutivo, las alcaldías de Yauco y Ponce se han posicionado entre las peores en desempeño fiscal del país, según el más reciente Índice Municipal de Salud Fiscal de Puerto Rico, elaborado por el Centro de Investigación y Política Pública (CIPP).

A estos, ahora se suma el municipio de Salinas, que en solo un año bajó 35 posiciones para ubicarse como el séptimo ayuntamiento de peor rendimiento en el manejo de sus finanzas.

De esta manera, las administraciones de Abel Nazario Quiñones, María Meléndez Altieri y Karilyn Bonilla Colón recibieron la calificación de “F”, junto a los municipios de Loíza, Cabo Rojo, Ciales, Canóvanas, Patillas, Vega Baja y Toa Baja.

Ponce, clasificado ahora como el octavo municipio peor administrado de la isla, falló en 7 de 13 indicadores económicos, incluyendo deficiencia operacional del fondo general, balance de fondos versus gastos a largo plazo y comparación de gastos e ingresos actuales.

Desde el 2009, la administración de María Meléndez Altieri ha elevado de $223 millones a $324 millones la deuda a largo plazo del ayuntamiento, el periodo de endeudamiento más acelerado de su historia.

Igualmente, al cierre del año fiscal 2014-2015, el déficit operacional ya alcanzaba los $38.8 millones, el más alto del ayuntamiento en Puerto Rico.

Al considerarse los pasados tres años, Ponce muestra la peor puntuación en promedio de todos los municipios (74 de 78), tras recibir la calificación de “F” en cada uno de los pasados tres informes del CIPP.

“El Índice de Salud Fiscal debe ser una herramienta del ciudadano para evaluar las finanzas de su municipio y el desempeño de su alcalde”, explicó Arnaldo Cruz, cofundador y miembro de la Junta de Directores del CIPP y el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico.

“Estos municipios con finanzas precarias, los cuales consistentemente han manejado sus operaciones de manera extravagante, reflejan la necesidad de cambios, ya sean políticos o gubernamentales”, continuó.

En Yauco, el saliente alcalde y candidato al Senado, Abel Nazario Quiñones deja un ayuntamiento en precariedad fiscal, tras obtener una peor calificación durante cada uno de los pasados tres años, ubicándose en el índice en las posiciones 65, 66 y 74, respectivamente.

En este municipio, la deuda a largo plazo supera los $43.8 millones, un incremento de 79 por ciento desde el año 2008, mientras que el déficit operacional actual se calcula en $5.6 millones.

La caída estrepitosa en la calificación del Gobierno Municipal de Salinas, de 34 a 69, se debe en parte a que la administración convirtió un superávit de $2.5 millones (20 por ciento) en un déficit de $848 mil (7.1 por ciento), de un año para otro.

En total, 38 municipios evidencian gastos que exceden sus ingresos y el presupuesto operacional de 33 municipios depende en más de 40 por ciento de aportaciones del gobierno central, lo que conduce a casi la mitad de los municipios del país a un crónico y estructural problema de insolvencia.

“Todos estos municipios tienen posiciones financieras precarias, pero además continúan contribuyendo a su situación al conscientemente estar teniendo déficits en sus operaciones, disminuyendo balances y activos en su municipio”, plantea el documento del CIPP.

En contraste, los ayuntamientos de Fajardo, Isabela, Cayey, Rincón, Aibonito, Hatillo, Gurabo, Barranquitas, Humacao y Culebra recibieron las mejores puntuaciones. Casi todos, además, cerraron el año fiscal con superávit.

Los ayuntamientos de Peñuelas (13) y Guayama (18) fueron los únicos del sur que se posicionaron entre los primeros 20 de mejor desempeño, asegurando calificaciones de “B”.

Las administraciones sureñas de Coamo (27), Juana Díaz (36), Guayanilla (39) y Sabana Grande (43) obtuvieron “C”, mientras que Lajas (53), San Germán (60) y Guánica (65) recibieron “D”.

Al momento de la publicación del Índice, los municipios de Santa Isabel, Villalba y Ceiba aún no habían cumplido con la publicación de sus estados financieros, por lo que no pudieron ser incluidos.

“Los diez municipios con peor puntuación recibieron sobre $68 millones del gobierno estatal durante el 2015 para sufragar gastos recurrentes. Esperamos que nuestro Índice cree conciencia, tanto en los ciudadanos como en el gobierno estatal, y que en algún momento sirva como disuasivo para el mal manejo de las finanzas de un municipio”, concluyó Cruz.