Una medida que requeriría que todo confinado, al amparo de la Ley 25-1992, tenga que cumplir su pase extendido con un dispositivo de supervisión electrónica con un GPS, fue avalada este martes por el Senado de Puerto Rico.
El Proyecto del Senado 1467 propone enmendar la ley para el egreso de pacientes de SIDA y otras enfermedades en su etapa terminal en instituciones penales.
Luego del reciente feminicidio a manos del convicto Hérmes Ávila Vázquez, a quien se le imputan otros asesinatos de féminas y fue dejado en libertad por el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) por motivos de una supuesta enfermedad terminal, la senadora Migdalia González Arroyo presentó esta medida legislativa.
“[Este] caso ha causado consternación en el país y ha mostrado ciertas grietas en el sistema correccional, específicamente en el proceso de evaluación de candidatos para ser egresados bajo la Ley 25”, reza la medida.
En su exposición de motivos, la pieza legislativa sostiene que se impone la obligación de que el egresado, cuya sentencia sea por violación a la Ley 54 de 15 de agosto de 1989, o por asesinato, agresión sexual, pornografía infantil o maltrato de menores, tenga que utilizar durante el tiempo que reste su sentencia, aunque la esté cumpliendo mediante el pase extendido, un dispositivo de vigilancia electrónica conocidos como GPS.
Esta medida, además de prever situaciones delictuales, sirve como un disuasivo a aquellas personas que están disfrutando del privilegio que establece la Ley 25.
La medida fue presentada el pasado 6 de mayo en una Sesión Ordinaria, pero se envió a asuntos pendientes, a petición del senador José Vargas Vidot, para fortalecer la legislación y realizar vistas públicas.
